El número de ejecuciones realizadas en Estados Unidos en 2025 ya supera el total anual de 2024, con 35 personas condenadas a muerte fallecidas por orden judicial en lo que va de año, según cifras recopiladas y reportadas por la agencia Associated Press. El fenómeno, con impacto directo en las personas condenadas, sus familias y el sistema penitenciario, ha cobrado especial notoriedad a lo largo de los últimos meses, donde las nuevas ejecuciones concentran la atención nacional por su volumen y ritmo.
De acuerdo con el Death Penalty Information Center (DPIC), los datos marcan un antes y un después en la estadística reciente, ya que la cifra registrada hasta el 26 de noviembre pone a 2025 como el año con más ejecuciones desde 2012, cuando se registraron 43 casos, y posiciona al país frente a una tendencia ascendente tras décadas de disminución. Según NBC Miami, el repunte está impulsado casi exclusivamente por Florida, Texas, Alabama y Carolina del Sur, responsables del 76% de las ejecuciones en el presente año.
El contexto actual, descrito por Associated Press y NBC Miami, recoge decisiones políticas, cambios legislativos locales y directrices emanadas del gobierno federal como causas principales del fenómeno. La agencia detalla que en 2025, la práctica de la pena de muerte depende en gran medida de las políticas aplicadas por los gobernadores estatales y de la interacción con los tribunales federales, lo que explica el carácter focalizado del aumento.
¿Cuántas ejecuciones hubo en Estados Unidos en 2025 y cómo se compara con los años anteriores?
La cantidad de ejecuciones en Estados Unidos en 2025 representa un salto respecto a los dos años previos. Associated Press informa que 35 personas fueron ejecutadas entre enero y noviembre de 2025, 10 más que el total de 2024. El último recuento similar figura en 2012 con 43 casos. El récord moderno permanece en 1999, cuando se llevaron a cabo 98 ejecuciones en todo el país, según datos históricos recopilados por el DPIC.
El mismo análisis señala que el promedio anual venía en descenso desde el cambio de siglo, resultado de moratorias, anulaciones judiciales y una menor aplicación sostenida de la pena capital en varios estados. NBC Miami confirma que este año marca una excepción, dado que la tendencia volvió a subir.
Distribución de ejecuciones por estado hasta noviembre de 2025:
- Florida: 13 (con dos más fijadas antes de fin de año)
- Texas: Múltiples casos, aunque menores a los niveles del año 2000
- Alabama, Carolina del Sur: Cifras también superiores a ejercicios anteriores
Este incremento es atribuido por el DPIC y Associated Press a la intervención directa de los gobiernos estatales, en especial en territorios controlados por el Partido Republicano.
¿Qué estados lideran las ejecuciones en 2025 y por qué?
La actividad de Florida destaca por encima del resto del país. Según NBC Miami y el informe de Associated Press, el estado registró 13 ejecuciones, récord absoluto local desde el restablecimiento nacional de la pena capital en 1976. El gobernador Ron DeSantis es el principal impulsor, ya que ninguna gobernación anterior agendó tal cantidad de casos en un solo ejercicio.
Texas, Alabama y Carolina del Sur también presentan incrementos porcentuales dentro de sus respectivas jurisdicciones. Siete ejecuciones adicionales están programadas hasta fin de año: Florida mantiene dos fechas pendientes y Missouri, Misisipi, Alabama y Tennessee suman casos singulares que podrían elevar el registro total.
De acuerdo con declaraciones recogidas por Associated Press, Robin Maher, directora ejecutiva del DPIC, afirmó: “Esto no representa un aumento nacional, sino una tendencia focalizada en unos pocos estados”. El análisis institucional considera que la mayor parte del repunte puede atribuirse a la orientación política y estrategia penal de cada administración local.
¿Cuáles son los casos más relevantes de pena de muerte este año?
La cobertura de NBC Miami y Associated Press destaca varias ejecuciones programadas o efectuadas en 2025 que ejemplifican la complejidad de los procesos judiciales en curso:
- Samuel Lee Smithers (Florida): condenado por dos asesinatos cometidos en 1996.
- Norman Mearle Grim Jr. (Florida): declarado culpable de violación y homicidio en 1998.
- Charles Ray Crawford (Misisipi): sentenciado por secuestro y asesinato de una estudiante universitaria en 1993.
- Lance C. Shockley (Misuri): condenado por el homicidio de un agente policial en 2005.
- Roy Lee Ward (Indiana): ejecutado luego de agotar sus recursos de apelación.
- Robert Roberson (Texas): suspensión del proceso ante nuevos análisis médicos, acusado por la muerte de su hija tras diagnóstico judicial de “shaken baby syndrome”.
Alabama aplicará próximamente el método de gas nitrógeno. De acuerdo con Associated Press, el caso de Anthony Todd Boyd marca una excepción metodológica en el contexto actual.
¿Qué métodos de ejecución se usan actualmente en Estados Unidos?
Hasta 2025, la inyección letal permanece como el principal método de ejecución aplicado en los estados que mantienen vigente la pena capital, según NBC Miami y confirmaciones de Associated Press. Sin embargo, la legislación estatal permite otras alternativas cuando los tribunales o el reo así lo deciden.
Alabama autorizó recientemente el gas nitrógeno. La ley local contempla esta alternativa ante agotamiento de las opciones farmacológicas o impugnaciones legales. Otros métodos vigentes en distintas regiones del país incluyen la silla eléctrica y el fusilamiento, aunque su uso es menos frecuente. La variación responde a contexto regulatorio, avances legislativos y cambios en los suministros médicos.
¿Cuál es el fundamento legal y cómo cambia la aplicación de la pena de muerte en 2025?
El marco legal que habilita la pena capital corresponde a la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos en 1976, que facultó a los estados a legislar la materia bajo ciertas garantías constitucionales. Desde entonces, la implementación varía de acuerdo a cada jurisdicción.
Según Associated Press, el poder de programar ejecuciones depende del gobernador y de resoluciones judiciales concurrentes. El gobernador Ron DeSantis en Florida ejerce actualmente esas atribuciones con autonomía, sin que la oficina de prensa haya detallado las razones del aumento del ritmo ni la eventual influencia de directrices federales.
En 2025, los estados pueden acelerar o postergar ejecuciones por medio de decretos, decisiones de los tribunales o reconsideraciones ante nuevas pruebas, informa NBC Miami. El caso de Robert Roberson en Texas evidencia el funcionamiento de los mecanismos de revisión.
¿Qué dicen las autoridades y grupos de derechos humanos sobre el aumento de ejecuciones?
De acuerdo con Associated Press, el Death Penalty Information Center y otros organismos han advertido sobre una “falta de transparencia” en la manera en la que se programan y anuncian las ejecuciones. La directora ejecutiva del centro sostuvo que “el gobernador DeSantis está programando todas estas ejecuciones con completa autonomía y total secretismo”.
El despacho del gobernador no respondió a solicitudes de clarificación enviadas por Associated Press y NBC Miami respecto al porqué del cambio de tendencia y el número récord en Florida. No se han anunciado reformas adicionales ni moratorias por parte de las autoridades estatales.
Organizaciones en defensa de los derechos humanos mantienen la vigilancia sobre la evolución de los casos, recalcan la importancia de la revisión y contrastan las cifras frente a estándares internacionales de derechos fundamentales.
¿Cuáles son las consecuencias y qué se puede esperar a partir de ahora?
La aceleración de las ejecuciones influye tanto en el procesamiento de personas sentenciadas como en el debate público sobre la proporcionalidad y el rol preventivo de la pena de muerte. Los estados involucrados ajustan políticas penales conforme avanza el calendario.
Según NBC Miami y Associated Press, la sociedad estadounidense, los organismos internacionales y las organizaciones locales se mantienen atentos a cualquier novedad legislativa o judicial que altere los márgenes actuales. Las familias de víctimas y condenados esperan noticias sobre los procesos pendientes, cuyas resoluciones podrían modificar el balance del año antes del cierre de 2025.
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