El presidente Donald Trump evocó el jueves la posibilidad de la pena de muerte para seis legisladores demócratas que instaron a los militares a desobedecer “órdenes ilegales” del gobierno, escalando su retórica contra la oposición con acusaciones de traición.
“Esto es realmente malo y peligroso para nuestro país. Sus palabras no pueden permitirse. ¡¡¡COMPORTAMIENTO SEDICIOSO DE TRAIDORES!!! ¿ENCERRARLOS???”, exclamó Trump en su red Truth Social.
En una publicación posterior añadió: “¡COMPORTAMIENTO SEDICIOSO, condenable con la MUERTE!”.
Los comentarios del mandatario republicano llegaron después de que republicara un artículo sobre un video difundido el martes por seis legisladores demócratas que sirvieron en las fuerzas armadas o en la comunidad de inteligencia. En el mensaje, los congresistas recordaban a los miembros del ejército su deber de rechazar órdenes ilegales.
Los legisladores incluyen a las senadoras Elissa Slotkin, ex analista de la CIA y veterana de la guerra de Irak, y Mark Kelly, ex astronauta y veterano de la Marina, además de los representantes Jason Crow, Maggie Goodlander, Chris Deluzio y Chrissy Houlahan.
Las declaraciones de Trump sobre la pena de muerte para opositores políticos representan una nueva escalada en su retórica contra los demócratas, aunque no especificó qué acciones legales podría tomar contra los legisladores.
El presidente restableció la pena de muerte federal mediante una orden ejecutiva el primer día de su administración en enero. La orden describe el castigo capital como “una herramienta esencial para disuadir y castigar a quienes cometerían los crímenes más atroces y actos de violencia letal contra ciudadanos estadounidenses”.
Bajo su predecesor, Joe Biden, el Departamento de Justicia había emitido una moratoria sobre el uso federal de la pena de muerte. Biden también conmutó el 23 de diciembre de 2024 las sentencias de 37 de los 40 reos en el corredor de la muerte federal, una decisión que Trump criticó duramente en su orden ejecutiva.
La orden firmada en enero instruye al fiscal general a “perseguir la pena de muerte para todos los crímenes de una severidad que demande su uso” y a buscar jurisdicción federal para aplicar el castigo capital en casos que involucren el asesinato de oficiales de la ley o crímenes cometidos por inmigrantes ilegales.
La Constitución de los Estados Unidos no menciona explícitamente la sedición, pero define la traición, que incluye declarar la guerra contra los Estados Unidos y prestar ayuda o apoyo a sus enemigos, y el Congreso tiene la facultad de declarar su castigo, incluida la pena de muerte. La sedición en sí misma es un delito federal, y la pena por conspiración sediciosa es una condena de prisión de hasta 20 años, pero no la pena de muerte. Sin embargo, el intento de motín o sedición, que se rige por el derecho militar, puede ser castigado con la pena de muerte.
Históricamente, menos de 30 personas han sido acusadas de traición bajo estas leyes, y desde que entró en vigor la Constitución en 1789, las sentencias de muerte por traición se han ejecutado solo en 16 ocasiones: 15 insurgentes de la Revuelta de Taos en 1847 y William Bruce Mumford durante la Guerra Civil en 1862. La última condena federal por traición confirmada completamente fue la del simpatizante nazi Herbert John Burgman en 1949.
Trump supervisó 13 ejecuciones federales en los últimos meses de su primer mandato a finales de 2020 y enero de 2021, convirtiéndose en el ejecutor más prolífico del país en más de un siglo. La última ejecución se llevó a cabo apenas cinco días antes de que dejara el cargo en enero de 2021.
Más recientemente, en agosto de 2025, Trump anunció planes para buscar la pena de muerte para casos de asesinato en Washington D.C., describiéndola como una medida “preventiva”, a pesar de que la ciudad abolió el castigo capital en 1981 y sus residentes votaron abrumadoramente contra él en un referéndum de 2002.
La mayoría de las ejecuciones en Estados Unidos se llevan a cabo a nivel estatal, con 27 estados, el ejército y el gobierno federal que aún tienen el castigo capital como una opción legalmente disponible.
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