El Congreso de Estados Unidos aprobó el esperado acuerdo de financiamiento que pone fin al mayor cierre gubernamental de la historia del país, lo que abre paso a una recuperación paulatina de servicios públicos, pagos y operaciones administrativas.
Horas más tarde, el presidente Donald Trump, firmó la ley aprobada por el Congreso y afirmó: “Es un honor firmar este increíble proyecto de ley y lograr que nuestro país vuelva a funcionar”.
“Si elimináramos la obstrucción parlamentaria, esto nunca volvería a suceder”, dijo, en alusión a las reglas del Senado que exigen una mayoría calificada para aprobar determinadas iniciativas.
La legislación, ya aprobada en ambas cámaras y promulgada por el mandatario, autoriza la financiación integral del gobierno y garantiza la transferencia retroactiva de salarios a unos 800.000 empleados federales que no recibieron paga regular desde el inicio de la crisis presupuestaria. Para cientos de miles de trabajadores y sus familias, la reactivación supondrá el alivio de cuentas acumuladas y compromisos económicos postergados.
Sin embargo, el retorno a la normalidad se anticipa como un proceso gradual. La actualización de sistemas informáticos y nóminas, la reincorporación de empleados forzados a licencia y la eliminación del atraso en la gestión de trámites demorados consumirán días o incluso semanas, según reconocen funcionarios y expertos.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que los controladores aéreos —uno de los gremios más afectados— recibirán el 70% de sus salarios pendientes dentro de las primeras 48 horas, mientras que el resto se completará hacia el final de la semana. Experiencias previas, como el cierre de 2019, muestran que el proceso completo puede experimentar demoras mayores.
Diversas agencias afirman contar con planes de reincorporación rápida y mayor flexibilidad que en otros cierres, incluso con provisión de teletrabajo para agilizar trámites. Cada departamento debe lidiar con pilas de correspondencia no resuelta, expedientes acumulados y solicitudes de permisos, licencias y subvenciones pospuestas durante seis semanas.
En el área social, la reactivación del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) requerirá hasta una semana para normalizar la entrega de beneficios alimentarios, debido al tiempo que implica actualizar sistemas estatales y a la saturación de los proveedores encargados de las transferencias electrónicas.
Millones de familias podrían enfrentar nuevos retrasos hasta que la infraestructura técnica recupere su capacidad plena.
Durante el cierre, actividades consideradas no esenciales se mantuvieron paralizadas. La Agencia de Parques Nacionales mantuvo abiertas muchas áreas icónicas sin limpieza ni servicios, afectando la principal industria turística de Estados Unidos. La emisión de regulaciones por parte de la Agencia de Protección Ambiental y la Comisión de Bolsa y Valores se interrumpió, ocasionando retrasos en la implementación de normas claves de mercado y ambiente.
El impacto económico del shutdown ha sido considerable. Diversos análisis sitúan la pérdida directa e indirecta de cada semana entre 10.000 y 15.000 millones de dólares, incluyendo caídas en el consumo, perjuicios en ventas de comercios y bajas en la recaudación fiscal. Aunque los salarios y contratos federales reactivarán parcialmente el flujo económico, muchas pérdidas —como los ingresos turísticos o las oportunidades de inversión aplazadas— no podrán recuperarse totalmente.
En el plano internacional, la pausa federal dejó sin datos económicos precisos a los mercados y gobiernos extranjeros, y complicó los trámites aduaneros y certificaciones sanitarias requeridas por socios comerciales de América Latina, Europa y Asia. Consultores y empresas exportadoras reportaron demoras en la obtención de autorizaciones y coordinación con organismos estadounidenses, mostrando el alcance global de una parálisis administrativa en la principal economía del mundo.
Finalmente, la gestión posterior implicará costos adicionales: los empleados públicos acumularon días de licencia o enfermedad no utilizados, y las agencias deberán abonar intereses por retrasos en pagos a proveedores y ajustes contractuales por la inactividad. Estos gastos extras aumentarán la presión fiscal en el primer semestre posterior a la reapertura.
El episodio deja evidencia de la vulnerabilidad institucional de un sistema donde los bloqueos legislativos pueden suspender el aparato estatal y generar efectos de alcance global. Si bien el acuerdo representa un alivio inmediato, la reconstrucción de la normalidad federal y la reputación institucional estadounidense requerirá coordinación y control sostenidos durante los próximos meses.
(Con información de Bloomberg)
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