California revoca 17.000 licencias de conducir comerciales otorgadas a inmigrantes tras auditoría federal

La revocación de 17.000 licencias comerciales de conducir otorgadas a inmigrantes en California ha sido confirmada tras una revisión de las autoridades estatales. La medida afecta a conductores cuyos permisos superaban el plazo autorizado para permanecer en Estados Unidos, según comunicaron funcionarios del estado. El caso adquiere relevancia nacional por su impacto sobre el sector de transporte y por involucrar el estatus migratorio de un gran número de trabajadores.

De acuerdo con información de la Agencia Federal de Seguridad de Autotransporte (FMCSA, por sus siglas en inglés) y declaraciones de la Secretaría de Transporte de EE.UU., la acción fue desencadenada por una auditoría federal que identificó discrepancias en la vigencia de los permisos. Fuentes de la Administración Federal de Seguridad en el Transporte detallan que el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California reportó la situación tras recibir críticas directas de la administración nacional.

El contexto de esta decisión está marcado por controversias recientes ligadas a accidentes viales en los que participaron conductores no autorizados. La discusión sobre la emisión de licencias a inmigrantes ha ocupado un lugar central en el debate entre las autoridades federales y estatales en los últimos meses. The Associated Press informó que la presión federal sobre los estados que permiten licencias a no ciudadanos ha ido en aumento luego de incidentes trágicos en varios estados del sur del país.

La raíz de la decisión, según la Secretaría de Transporte de EE.UU., se ubica en una revisión de cumplimiento de normas federales sobre la expedición de licencias. En el proceso, la FMCSA observó que 17.000 licencias comerciales, conocidas como CDL, habían sido extendidas más allá de la fecha autorizada de estadía legal de sus titulares, contradiciendo la ley estatal que exige ajustar la vigencia del documento al estatus migratorio vigente. The Associated Press citó a Sean P. Duffy, secretario de Transporte, quien acusó al gobierno estatal de actuar “impropia y deliberadamente”.

Se atribuye la alerta inicial a un fatal accidente ocurrido en agosto en Florida, involucrando al conductor de un tráiler que no contaba con autorización de residencia, según lo publicado por The Associated Press. Ante la presión federal, el DMV de California admitió la existencia de inconsistencias en la entrega de dichos permisos.

Según fuentes de la administración estatal citadas por The Associated Press, todos los titulares de licencias afectadas habían obtenido autorización de empleo federal válida al momento de ser expedidos los permisos. Sin embargo, cada uno de estos conductores recibirá una notificación formal de que su licencia expirará en 60 días desde la fecha de anuncio de la revocación.

La nueva regulación federal, anunciada en septiembre por la Secretaría de Transporte, restringe el acceso a licencias comerciales a personas portadoras de tres tipos específicos de visa: H-2A (trabajadores agrícolas temporales), H-2B (trabajadores temporales no agrícolas) y E-2 (inversionistas). Estados como California deben verificar el estatus migratorio en una base de datos federal antes de emitir nuevas licencias.

Según cifras de la FMCSA, actualmente existen 200.000 no ciudadanos con licencias comerciales válidas en diferentes estados. Con la implementación de los nuevos criterios, solo unos 10.000 cumplirán con los requisitos y podrán renovar o solicitar nuevos permisos. Los demás mantendrán sus actuales licencias solo hasta su vencimiento, pues la disposición federal no tiene efecto retroactivo.

El estado de California, encabezado por el gobernador Gavin Newsom, defendió que actuó siguiendo la orientación del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) en materia de licencias para no ciudadanos. El vocero del gobernador, Brandon Richards, declaró en respuesta a los señalamientos federales: “Una vez más, el secretario de Transporte distorsiona los hechos, difundiendo falsedades fácilmente refutables”. Las declaraciones fueron recogidas por The Associated Press.

Por parte del gobierno federal, el secretario Sean P. Duffy insistió en que este proceso “es solo el inicio” de una revisión más amplia. “Mi equipo continuará exigiendo que California y los demás estados afecten las licencias de todos los conductores en situación migratoria irregular”, sostuvo Duffy según la información difundida por la Secretaría de Transporte de EE.UU.

La Secretaría de Transporte confirmó que ha bloqueado la transferencia de 40 millones de dólares al estado de California porque no cumplió con los requisitos federales, principalmente los vinculados al nivel de inglés de los operadores de vehículos comerciales. The Associated Press indicó que el monto podría ascender a 160 millones de dólares si la revisión no se completa o si se detectan otros permisos emitidos en condiciones similares.

Además de la cuestión migratoria, la auditoría federal encontró que aproximadamente una cuarta parte de las licencias revisadas en California no cumplía los estándares establecidos. Entre las irregularidades se incluyen situaciones donde el permiso seguía vigente años después de la expiración del permiso laboral de los titulares, de acuerdo con la auditoría citada por la Secretaría de Transporte de EE.UU.

El endurecimiento del control sobre la emisión de licencias comerciales a inmigrantes lleva meses en la agenda federal y estatal. Desde mayo de 2025, la Secretaría de Transporte instauró directrices más estrictas sobre el dominio del idioma inglés para conductores comerciales. La California Highway Patrol declaró que no modificaría sus prácticas, según la Secretaría de Transporte.

En septiembre, los resultados preliminares de la auditoría determinaron que una fracción considerable de los permisos revisados no debería haberse emitido. El proceso de verificación en otros cinco estados permanece en curso, pues las auditorías enfrentan demoras debido a recientes cierres del gobierno federal, reportó The Associated Press.

La revocación de 17.000 CDLs en un estado donde miles de inmigrantes trabajan en el sector del transporte plantea desafíos operativos para empresas y transportistas. Diversos actores del sector han iniciado procesos para revisar la elegibilidad de su personal y buscar alternativas legales. El Departamento de Transporte indicó que las nuevas normas buscan un mayor control sobre la circulación de conductores en condición migratoria temporal, así como el cumplimiento estricto de los requisitos de idioma y autorización de trabajo.

De aquí en adelante, los titulares de licencias afectadas enfrentarán el vencimiento de sus permisos en menos de dos meses y deberán regularizar su situación, abandonar su puesto laboral o buscar otras alternativas dentro del marco normativo. Empresas y asociaciones de transporte han solicitado mayor claridad normativa y asistencia para realizar las comprobaciones exigidas por los nuevos lineamientos federales.