La Corte Suprema rechazó la apelación de Alex Jones: deberá pagar USD 1.400 millones por difamación sobre Sandy Hook

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este martes la apelación presentada por Alex Jones, quien buscaba revertir la sentencia de casi USD 1.400 millones dictada en su contra por difamación a raíz de sus afirmaciones falsas sobre el tiroteo ocurrido en 2012 en la escuela Sandy Hook. El fallo emitido por el máximo tribunal estadounidense se tomó sin solicitud de respuesta a los familiares de las víctimas y sin incluir comentarios adicionales por parte de los jueces sobre la decisión.

El caso involucra a los deudos de 20 niños y seis educadores asesinados en Newtown, Connecticut, hechos que Jones describió en repetidas ocasiones como “un montaje” y una actuación de “actores de crisis”, lo que derivó en un prolongado proceso legal en su contra, tanto en ese estado como en Texas. Según documentos presentados por sus abogados ante la Corte Suprema, Jones alegó que el proceso judicial en su contra se llevó a cabo sin permitirle un juicio sobre el fondo de las acusaciones

Jones argumentó que debía recibir las mismas protecciones a la libertad de expresión que amparan a los periodistas bajo la Primera Enmienda. Afirmó que la negativa de un juicio con jurado fue injustificada y que la magnitud del fallo representaba una “muerte financiera impuesta por decreto” a su empresa mediática, Infowars, la cual, sostuvo, contaba con “30 millones de oyentes diarios”.

Diversos tribunales ya habían condenado a Jones en 2022 por difamación e inflicción de daño emocional hacia los familiares de las víctimas tras insistir, durante años y en múltiples transmisiones, que el tiroteo fue una “farsa”. Hasta el momento, Jones y su empresa no han pagado ninguna cuantía del total impuesto por los tribunales. Posterior a la condena en Connecticut, Jones se declaró en bancarrota y la justicia ordenó la liquidación de activos tanto personales como corporativos para cubrir la indemnización.

La demanda original contra Alex Jones y su compañía, Free Speech Systems, empresa matriz de Infowars y con sede en Austin, Texas, fue resuelta en 2022, cuando un jurado dictó una indemnización de USD 964 millones a favor de las familias afectadas por la masacre en Connecticut. El tribunal sumó posteriormente otros USD 473 millones por daños punitivos, elevando el valor total por encima de los USD 1.400 millones. Paralelamente, en Texas se le impuso un pago independiente de USD49 millones por un caso similar.

La sentencia en Connecticut se tomó de forma extraordinaria mediante un fallo por defecto, ya que la magistrada a cargo determinó que Jones incumplió reiteradamente las órdenes judiciales y se negó a proporcionar la documentación exigida en el proceso. Como consecuencia, no tuvo acceso a la defensa plena en el juicio civil. La venta de los activos de Infowars fue ordenada para cubrir los pagos, proceso que también incluye la comercialización de bienes particulares de Jones.

Tras la desestimación de la corte, Christopher Mattei, abogado que representa a las familias de Sandy Hook, indicó a los medios que la Corte Suprema “rechazó apropiadamente el último intento desesperado de Jones por evitar su responsabilidad”, y reiteró la intención de hacer cumplir el histórico fallo del jurado. Jones, por su parte, afirmó en su programa diario que esperaba esta decisión y que consideraba el proceso motivado por “política”, mientras aseguraba que la estimación de riqueza atribuida para el pago es inexacta y que sus equipos de transmisión suman apenas “USD 304.000”.

El proceso de venta de los activos de Infowars ha estado marcado por intentos fallidos de subasta, como el caso del portal satírico The Onion, que fue declarado inicialmente como ganador en la puja pero cuya compra fue desestimada por la jueza de bancarrotas por defectos en el proceso. Actualmente, la liquidación de la plataforma y otros activos se encuentra bajo supervisión judicial en un tribunal estatal de Texas, mientras que Jones ha apelado la designación de un síndico encargado de gestionar y vender dichas propiedades.

Jones había asegurado en audiencias previas que el tiroteo fue “100% real”, aunque en años anteriores, en múltiples transmisiones, promovió la teoría de que el incidente fue “orquestado” como parte de un plan gubernamental para regular y confiscar armas de fuego en Estados Unidos, alegando que “nadie murió” en Sandy Hook. La presión legal sobre Jones continúa y, además del proceso federal, enfrenta apelaciones adicionales y el riesgo de perder la totalidad de su plataforma mediática.