El Tribunal Supremo de Estados Unidos fijó para el 5 de noviembre una audiencia crucial en la que evaluará la legalidad de los aranceles globales dispuestos por el presidente Donald Trump en ejercicio de sus atribuciones ejecutivas.
La convocatoria responde a una demanda urgente de la administración, que busca confirmar si el mandatario cuenta con el respaldo jurídico necesario para imponer la mayoría de los gravámenes aplicados a productos provenientes de distintos países
La controversia se originó tras la decisión de Trump de utilizar la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia (IEEPA, por sus siglas en inglés), para justificar un amplio paquete de aranceles.
Los aranceles fijados por Trump oscilan entre el 10% para ciertos productos básicos y hasta el 34% para mercancías chinas. Además, determinadas importaciones de Canadá, China y México recibieron un tributo especial del 25% vinculado a la lucha contra el tráfico de drogas prohibidas, especialmente el fentanilo.
Estas medidas originaron demandas judiciales impulsadas por pequeños empresarios y por doce estados con gobiernos en su mayoría demócratas: Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Vermont.
Los denunciantes sostienen que el presidente no tiene las atribuciones necesarias para disponer de estos aranceles y que actuó fuera del espíritu y la letra de la IEEPA.
En agosto, la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de Washington falló a favor de los demandantes y determinó que Trump no debía recurrir a esa ley para abordar supuestas contingencias comerciales o de narcotráfico, dado que la legislación permite sancionar, pero no crear impuestos externos sin intervención del Congreso de Estados Unidos, según relató The Guardian.
En paralelo a este litigio general, la Corte Suprema tratará un caso puntual: la empresa Learning Resources, fabricante familiar de juguetes, cuestionó la constitucionalidad de los aranceles y planteó ante los jueces federales el impacto negativo en su actividad comercial.
Las acciones arancelarias de la administración Trump constituyen uno de los ejes principales de su agenda exterior y económica, como lo describe Bloomberg.
Los aranceles han sido empleados para renegociar tratados internacionales, exigir concesiones a gobiernos extranjeros y utilizar la recaudación fiscal como instrumento para reforzar decisiones presupuestarias nacionales.
Si la Corte Suprema emite una sentencia adversa, los cimientos de la reforma quedarían comprometidos y se podría restituir decenas de miles de millones de dólares mensuales a los países que pagaron esos aranceles.
La audiencia del 5 de noviembre será decisiva para determinar si la Corte Suprema respalda o rechaza la legitimidad de los aranceles y zanjará uno de los debates más importantes en torno a los límites del poder ejecutivo estadounidense en décadas recientes.
(Con información de EFE y Reuters)
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