La Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) anunció que busca imponer una multa de 3,1 millones de dólares a Boeing por violaciones de seguridad, luego de varios incidentes ocurridos entre septiembre de 2023 y febrero de 2024.

Esta medida incluye irregularidades vinculadas al desprendimiento en pleno vuelo de un panel de la estructura de un avión Alaska Airlines en enero pasado de 2024, registrado poco después del despegue desde el aeropuerto de Portland, Oregón.

Según reportó The Associated Press, el periodo investigado comprendió el accidente de un Boeing 737 Max 9 operado por Alaska Airlines, el cual experimentó la pérdida de un “door plug” o tapón de puerta de emergencia mientras se encontraba a varios miles de metros de altitud.

En ese vuelo viajaban 171 pasajeros y seis miembros de tripulación, quienes no resultaron con lesiones graves, ya que los pilotos lograron retornar la aeronave de manera segura al punto de partida.

De acuerdo con información difundida por la FAA, durante ese lapso se identificaron centenares de fallas en los sistemas de calidad en las instalaciones de fabricación ubicadas en Renton, Washington, además de la planta del subcontratista Spirit AeroSystems en Wichita, Kansas.

El regulador federal detectó prácticas como la presión ejercida por un empleado de Boeing a un miembro de la Unidad de Autorización de la Organización Designada (ODA) de la compañía, con el objetivo de aprobar la entrega de un avión pese a que no cumplía con las normativas requeridas.

Según documentó la FAA, “el empleado de Boeing buscó que el miembro del ODA firmara la certificación únicamente para que la empresa cumpliera con su calendario de entregas”.

La FAA subrayó la gravedad de estos hallazgos al señalar que “se encontraron violaciones sustanciales en el control de calidad tanto en Boeing como en Spirit AeroSystems”, hecho que amplificó la preocupación sobre el control interno de la aeronáutica estadounidense. Como parte del proceso administrativo, Boeing dispone ahora de 30 días para responder a la notificación oficial de la sanción.

En una declaración a la prensa recogida por Reuters, Boeing afirmó que “está revisando la propuesta de sanción administrativa” y enfatizó la implementación desde el año pasado de un plan de seguridad y calidad bajo la supervisión de la FAA.

La empresa, con sede en Arlington, Virginia, manifestó además: “lamentamos el incidente del tapón de puerta en enero de 2024 y seguimos trabajando para fortalecer nuestra cultura de seguridad y mejorar la calidad y la rendición de cuentas en toda nuestra operación”.

Durante junio pasado, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) concluyó tras una investigación de 17 meses que la combinación de “deficiencias en el proceso de fabricación y supervisora en Boeing, junto con auditorías e inspecciones ineficientes de la propia FAA, antecedieron al desprendimiento del panel en el avión de Alaska Airlines”.

Las dificultades asociadas con la familia 737 Max comenzaron a tener alto perfil desde los accidentes ocurridos entre 2018 y 2019 en Indonesia y Etiopía, donde dos aviones se estrellaron causando la muerte de unas 346 personas. Ambos hechos derivaron en la suspensión del modelo por casi dos años y pusieron en entredicho la supervisión de la empresa por parte del gobierno estadounidense.

Medios como Reuters y AP recordaron también que el Departamento de Justicia de Estados Unidos cerró en mayo pasado un acuerdo con Boeing para evitar procesos penales por presunta falta de transparencia ante los reguladores federales antes de los siniestros. El acuerdo excluyó cargos criminales, a diferencia de los procesos civiles y administrativos que ahora enfrenta la compañía.

Por otra parte, Boeing volvió a ser noticia recientemente tras el accidente de un 787 operado por Air India, aunque las investigaciones iniciales de la NTSB aún no hallaron defectos en ese modelo, que históricamente presenta un historial sólido de seguridad.

La atención sobre Boeing y la vigilancia en su cadena de producción siguen en aumento tras los diversos incidentes y hallazgos. La respuesta de la compañía al proceso de sanción y la evolución de las medidas regulatorias permanecerán bajo observación de la industria y entes gubernamentales.