La Corte Suprema de Estados Unidos ha decidido revisar de manera acelerada la legalidad de los amplios aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, situando en el centro de la agenda judicial una de las políticas más defendidas por el mandatario republicano. La audiencia, programada para la primera semana de noviembre, se celebrará con un calendario inusualmente rápido para los estándares del máximo tribunal, que normalmente reserva periodos mucho más prolongados antes de tratar casos de tal envergadura. La decisión mantiene en vigor los aranceles mientras los magistrados analizan el caso, cuyas consecuencias podrían alterar el comercio mundial y la estabilidad económica estadounidense.

El conflicto legal surge a raíz de la apelación presentada por el Departamento de Justicia tras varios fallos desfavorables en instancias judiciales inferiores. Dos tribunales concluyeron que Trump sobrepasó su autoridad al implementar la mayoría de los aranceles amparándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), aprobada en 1977. No obstante, y pese a los fallos, un tribunal de apelaciones permitió que los impuestos se mantuvieran hasta la decisión final.

Los demandantes, un grupo de pequeñas empresas y estados, argumentan que los aranceles —que afectan productos de casi todos los países— han amenazado su viabilidad al incrementar los costes operativos. “El Congreso, no el Presidente solo, tiene el poder de imponer aranceles”, afirmó el abogado Jeffrey Schwab del Liberty Justice Center, según recogió la agencia Reuters. Asimismo, sostienen que la IEEPA fue concebida para reaccionar ante amenazas inusuales y extraordinarias en situaciones de emergencia nacional, tradicionalmente para sancionar naciones hostiles o congelar activos, no para imponer aranceles a países aliados según el criterio del Ejecutivo.

El gobierno defiende su proceder alegando que la ley le otorga al presidente la facultad de regular importaciones durante emergencias sin requerir el aval explícito del Congreso. El procurador general D. John Sauer expresó ante la Corte que revertir los aranceles podría situar a Estados Unidos “al borde de la catástrofe económica”, y advirtió que ya existen efectos negativos en las negociaciones comerciales. Además, la Administración señaló que una anulación de los gravámenes obligaría a la devolución de decenas de miles de millones de dólares recaudados en impuestos de importación, lo que pondría en entredicho la viabilidad del plan fiscal aprobado en julio.

Desde su retorno a la presidencia en enero, Trump ha utilizado los aranceles como arma principal para renegociar acuerdos comerciales, presionar en la lucha contra el contrabando de fentanilo y aumentar la recaudación fiscal. En abril, decretó nuevos aranceles invocando la IEEPA sobre bienes de países como Canadá, China y México, alegando insuficientes esfuerzos de esas naciones para frenar la entrada de drogas ilícitas en EEUU. El caso actualmente bajo revisión del Supremo no contempla los aranceles sobre acero, aluminio, automóviles ni aquellos impuestos a China durante la primera presidencia de Trump, que fueron ratificados por la Administración de Joe Biden.

El diario The Wall Street Journal informó que los ingresos por estos aranceles ascendieron a 159.000 millones de dólares a finales de agosto, más del doble que en el mismo periodo del año anterior. Esta recaudación se ha mostrado clave para el ambicioso programa de reducción fiscal impulsado por Trump y aprobado por el Congreso el pasado verano.

La Corte Suprema, compuesta por una mayoría conservadora de seis a tres —incluidos tres magistrados designados por Trump—, debatirá si la amplitud de poderes presidenciales que han sostenido en ocasiones anteriores basta para respaldar los aranceles sin el respaldo explícito de la Cámara de Representantes, a la que la Constitución de Estados Unidos confiere tradicionalmente la potestad de gravar impuestos y aranceles.

Entre las querellas anexas que se sumarán al proceso oral en noviembre se encuentra la de Learning Resources, una empresa familiar de juguetes, lo que revela la notable amplitud de sectores afectados. De acuerdo con el fallo del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, Trump carecía de base legal para imponer aranceles “recíprocos” que llegan hasta el 34 % para China y un 25 % para productos de Canadá, México y otros países, decisión que ratificó la postura de los tribunales internacionales que exigían la existencia de una emergencia nacional como condición para aplicar la IEEPA.

El desenlace de esta causa judicial podría repercutir tanto en la capacidad presidencial para negociar y presionar en materia comercial, como en la salud presupuestaria del país, dependiendo de si el tribunal avala la interpretación expansiva de los poderes ejecutivos invocada por la administración Trump.

(Con información de AP, EFE y Reuters)