Padres deben asistir a entrevistas presenciales y enfrentan posibles arrestos en proceso de reunificación familiar

Según Associated Press (AP), la administración del gobierno federal adoptó a partir del 9 de julio una nueva política que obliga a los padres que buscan reunirse con sus hijos que ingresaron solos a Estados Unidos a presentarse personalmente para realizar una entrevista de verificación de identidad. En este proceso, los oficiales de inmigración pueden cuestionar a los padres como parte de la evaluación de su idoneidad como patrocinadores. La medida, formalizada en una directiva de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), busca garantizar que los menores bajo custodia federal sean entregados únicamente a adultos adecuadamente identificados y evaluados para su seguridad y bienestar.

Esta política representa un cambio en los procedimientos vigentes hasta esa fecha, pues anteriormente los potenciales patrocinadores podían presentar documentación de identidad de manera remota, utilizando plataformas en línea. La directiva ahora requiere la presencia física del patrocinador, permitiendo además la participación de agencias federales de seguridad durante la verificación. Según indicaron defensores legales y activistas, la aplicación de esta política ha resultado, en algunos casos, en la detención de padres durante el procedimiento, mientras los menores permanecen bajo custodia del Estado.

Las autoridades federales, como el Departamento de Seguridad Nacional, no confirmaron ni negaron estos reportes cuando fueron consultadas por la prensa. En su declaración pública, la dependencia se limitó a referir los retos de verificación y monitoreo de hogares donde fueron colocados los niños migrantes bajo la administración del presidente Joe Biden, según difundió AP.

La nueva disposición de la ORR establece que cualquier patrocinador, por lo general un progenitor o tutor legal, debe someterse presencialmente a un proceso de validación de identidad y antecedentes. El memorando oficial autoriza la presencia de agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las entrevistas para que cumplan con sus objetivos jurisdiccionales, lo que puede incluir la realización de interrogatorios a los propios patrocinadores.

De acuerdo con declaraciones de Neha Desai, directora de derechos humanos del National Center for Youth Law, la medida constituye una oportunidad para que agencias de control migratorio realicen arrestos de adultos que acuden a solicitar la reunificación con sus hijos. “Hemos documentado casos en los que padres han sido detenidos al acudir a la identificación,” explicó Desai, citada por AP.

La situación ha generado temor entre los padres y tutores. Mary Miller Flowers, directora de políticas en el Young Center for Immigrant Children’s Rights, relató a AP el caso específico de una madre que se mostró reacia a presentarse tras el arresto del padre de su hijo menor de 12 años durante una verificación. En sus palabras, la incertidumbre está llevando a que algunos niños permanezcan más tiempo bajo custodia federal, al no haber adultos dispuestos a someterse al procedimiento presencial ante las autoridades.

En su comunicación oficial, la ORR señaló que informa “claramente y de manera proactiva” a los padres y patrocinadores sobre la posibilidad de ser entrevistados por ICE u otras entidades de seguridad federal. El organismo aclaró que la negativa del patrocinador a dialogar con ICE no afecta la decisión final sobre la liberación del menor.

Sin embargo, según lo reportado por Desai a AP, existen casos documentados donde los patrocinadores no recibieron el aviso correspondiente y sólo pudieron declinar la entrevista presencial después de expresar su inconformidad durante el proceso. Otros adultos, pese al temor, avanzan en el trámite debido a su determinación para sacar a los menores de la custodia gubernamental.

Desde el punto de vista de la administración anterior, la política se enmarca en la necesidad de reforzar los mecanismos de protección para los menores migrantes, en un contexto en el que se han destacado desafíos previos en la fiscalización de hogares adoptivos durante picos migratorios, especialmente en el año 2021. Associated Press dio cuenta de un informe elaborado por un ente federal de supervisión, donde se describen las dificultades del actual gobierno para monitorear adecuadamente a los niños liberados de la custodia estatal durante el aumento de cruces fronterizos.

Junto con la modificación sobre el protocolo de patrocinadores, la política migratoria introdujo desde el 2 de julio la facultad para que ICE lleve a cabo entrevistas con los menores dentro de los albergues supervisados por el gobierno federal. Según la información facilitada a AP por representantes de organizaciones defensoras de infancia, los avisos sobre estas entrevistas llegan con un aviso de hasta una hora, lo que dificulta una preparación adecuada o el acceso a asesoría legal por parte de los niños.

Jennifer Podkul, jefa de política global de la organización Kids in Need of Defense, explicó que los agentes federales responsables de los interrogatorios en ocasiones desconocen los procedimientos de reunificación familiar y no cuentan con conocimientos específicos para atender a menores expuestos a situaciones traumáticas ni dominan el idioma de muchos de los jóvenes.

La medida de exigir la toma de huellas dactilares a todos los adultos que residen en el hogar al que será liberado el menor, sumada a la necesidad de presentar documentación que pruebe estatus migratorio regular e ingresos, evaluaciones domiciliarias por parte de agentes y, en algunos casos, pruebas de parentesco mediante ADN, ha derivado en un aumento sustancial en los plazos de permanencia de los niños en albergues estatales.

Según el análisis de Shaina Aber, directora ejecutiva del Acacia Center for Justice, la acumulación de requisitos y la participación de más instancias federales en el proceso de evaluación se ha traducido en una prolongación considerable de la custodia institucional. En julio, la estancia media de los menores que lograron la reunificación ascendió a 171 días. Dicha cifra es inferior al máximo registrado en abril, cuando algunos niños permanecieron 217 días, pero notablemente mayor a los 37 días registrados en enero. En ese periodo, aproximadamente 2,000 menores no acompañados permanecían dentro del sistema de custodia federal.

Aber añadió para AP que los recientes cambios han “conllevado a una mayor presencia de la lógica y los recursos de control migratorio en una agencia cuyo mandato principal no es la aplicación de la ley migratoria”.

La serie de modificaciones reportadas por Associated Press añade nuevas capas de control y verificación en el proceso de reunificación familiar, impactando tanto a las familias migrantes como a las entidades responsables de la custodia y protección de menores en el contexto migratorio estadounidense.