Una residente de Minnesota, Jorden Marie Borders, de 35 años, recibió el 7 de agosto una condena de 39 años de prisión por actos de extrema violencia física y psicológica contra sus tres hijos menores, además de haber engañado al sistema de Medicaid para recibir compensaciones falsas, según informaron las autoridades y un comunicado del Fiscal General del estado, Keith Ellison. El caso, ventilado en el Tribunal del Condado de Crow Wing, expuso una trama de abuso sostenido en la que Borders forzó a sus hijos a fingir graves enfermedades y a someterse a situaciones peligrosas para recibir atención médica injustificada y obtener miles de dólares de ayudas públicas.
El 4 de junio, tras un juicio de tres semanas, la jueza Patricia Aanes encontró a Borders culpable de 11 cargos, entre los que se incluyen tortura infantil, acoso, hurto bajo falsa representación e intento de asesinato. La investigación formal se inició en mayo de 2022, tras denuncias de maltrato infantil recogidas por la Oficina del Sheriff, una vez que uno de los menores fue ingresado en un hospital local por niveles peligrosamente bajos de hemoglobina, detalló el comunicado del fiscal Ellison.
La acusada, originaria de Crosslake, negaba toda responsabilidad y atribuía el estado crítico del menor a supuestos errores médicos, argumentando que en el hospital habían tomado demasiadas muestras de sangre. Las autoridades, sin embargo, documentaron que Borders extraía sangre a su hijo, de 9 años, momentos antes de cada revisión médica, utilizando jeringas o mediante un acceso venoso, lo que generaba deliberadamente un cuadro físico alarmante, según consta en la acusación penal obtenida por Lakeland PBS y referida en los comunicados oficiales.
La construcción de un cuadro médico falso mediante abuso deliberado
El testimonio de los menores, recogido en la investigación, indica que Borders inducía y simulaba enfermedades para presentar síntomas y así obtener tratamientos o medicación, sin justificación diagnóstica real. La acusación demuestra que Borders obligaba a uno de los niños a vomitar a propósito y a fingir ataques respiratorios en las consultas, logrando de manera fraudulenta prescripciones para asma, como señala el comunicado de prensa emitido el 7 de agosto por el Fiscal General de Minnesota.
La práctica de “abuso infantil médico” contemplada en la sentencia se apoyó además en la auto-diagnosis de dolencias como osteogénesis imperfecta, una condición genética de fragilidad ósea. Borders forzaba a los menores a usar botas ortopédicas, yesos y collarines, pese a que no existían fracturas ni lesiones. El objetivo era aparentar ante médicos y agencias estatales una salud seriamente comprometida, para justificar la recepción de recursos públicos destinados al cuidado de menores incapacitados.
Violencia física, amenazas y coacción en el núcleo familiar
El relato de los niños en el juicio y los testimonios documentados por los investigadores describen episodios sostenidos de violencia física: Borders utilizaba cables de cargador, cinturones y cucharas de metal para golpear a sus hijos, les impedía acceder a alimentos y los obligaba a permanecer desnudos en el exterior bajo temperaturas gélidas, exponiéndolos a daño físico severo.
El expediente incluye la declaración de los menores sobre amenazas constantes de muerte, blandidas mediante cuchillos y armas de fuego, así como un historial de intimidación verbal destinada a asegurar su silencio y la colaboración en las simulaciones médicas. De acuerdo con Lakeland PBS, Borders profería amenazas de muerte de forma reiterada, e incluso llegó a exponer públicamente en redes sociales supuestas “decisiones de fin de vida” respecto a uno de sus hijos, comunicando falsamente que se encontraba conectado a un ventilador y que la causa de su fallecimiento solo podría determinarse tras una autopsia.
Información falsa para obtener beneficios de Medicaid y servicios estatales
La investigación estableció que Borders presentó información falaz ante la agencia Crow Wing County Community Services, logrando así que uno de los menores recibiera servicios de asistente de cuidado personal (PCA), un beneficio destinado a menores con necesidades especiales. Según el Fiscal General, la acusada cobró más de 18.000 dólares en pagos de Medicaid por servicios inexistentes, sumando el fraude económico a la lista de delitos graves por los que ha sido condenada.
El abuso y maltrato físico, emocional y verbal se extendió a lo largo de más de cinco años, periodo en el que Borders mantuvo bajo su control a los tres menores, hasta su detención el 23 de noviembre de 2022. El Fiscal General Keith Ellison calificó el caso como “uno de los crímenes más atroces y dolorosos que he visto en mi tiempo como Fiscal General” y expresó su deseo de que los niños puedan recuperarse del sufrimiento y el trauma padecido. La condena cierra formalmente uno de los casos más graves de abuso infantil y fraude en beneficio social documentados en el estado, según lo informado por Lakeland PBS y la oficina del Fiscal General.
