Glen Rogers, conocido como el “Asesino Casanova” o “Asesino de Costa a Costa”, está programado para ser ejecutado este jueves 15 de mayo en la prisión estatal de Florida, cerca de Starke, después de décadas de procesos judiciales.
La ejecución se llevará a cabo mediante inyección letal por el asesinato de Tina Marie Cribbs, una madre de dos hijos, ocurrido en 1995 en un motel en Tampa.
Rogers, de 62 años, fue condenado a muerte en 1997 tras ser hallado culpable de apuñalar a Cribbs y robar su vehículo para escapar del estado. Este caso, representativo de su historial de crímenes violentos, es solo uno de los múltiples asesinatos de los que se le acusa y que han contribuido a su apodo mediático.
La orden de ejecución fue firmada esta semana por el gobernador Ron DeSantis, marcando la quinta ejecución efectuada en Florida en lo que va del año.
Según informó CBS News, los esfuerzos legales de Rogers para frenar la pena capital han sido rechazados continuamente en las últimas décadas. “La Corte Suprema de los Estados Unidos negó las últimas apelaciones de Rogers el miércoles sin emitir comentarios,” señaló el medio.
Rogers también enfrenta una segunda condena a muerte en California por el asesinato de Sandra Gallagher, madre de tres hijos, quien fue estrangulada semanas antes de la muerte de Cribbs.
Este patrón de crímenes llevó al sospechoso a ser vinculado a otros homicidios alrededor del país. Aunque Rogers afirmó en un momento haber asesinado a aproximadamente 70 personas, más tarde se retractó de esta declaración.
El caso, además, fue objeto del documental de 2012 “My Brother the Serial Killer”, en el que su hermano, Clay Rogers, y un perfilador criminal narraron episodios de sus crímenes y correspondencia desde prisión.
El documental también revivió especulaciones sobre la posibilidad de que Rogers estuviera implicado en los asesinatos de Nicole Brown Simpson y Ron Goldman en 1994, que llevaron al juicio mediático de O.J. Simpson.
Según explicó el Departamento de Policía de Los Ángeles tras el estreno del documental, no se encontraron pruebas que conectaran a Rogers con ese caso. “Sabemos quién mató a Nicole Brown Simpson y Ron Goldman. No tenemos razones para creer que el señor Rogers estuvo involucrado,” declaró la institución en un comunicado.
En cuanto a las características de sus víctimas, Rogers seleccionaba en su mayoría a mujeres de complexión pequeña, cabello rojizo y en sus treinta años. CBS News destaca que este perfil recurrente aparece tanto en los crímenes confirmados como en los sospechados.
Originario de Hamilton, Ohio, Rogers vivió una vida marcada por el abuso y el trauma, según afirmó su defensa en múltiples intentos de apelación.
En un recurso presentado en 2021, Rogers aseguró que el abuso sexual que sufrió en su infancia, incluso mientras estaba bajo custodia en una instalación juvenil de Ohio, había sido reprimido hasta que afloró en 2019. Sin embargo, la Corte Suprema de Florida rechazó alegatos relacionados con esta evidencia, impidiendo que su sentencia se redujera.
La ejecución de Rogers ilustra una tendencia en aumento para Florida, donde se han implementado modificaciones significativas en las políticas sobre la pena de muerte.
Según datos del Death Penalty Information Center, a nivel nacional han ocurrido 15 ejecuciones en ocho estados hasta mayo, contrastando con las 25 registradas en todo el año pasado.
Florida se posiciona entre los estados con más actividad en esta práctica, bajo políticas reforzadas que han sido impulsadas por el gobernador DeSantis y aprobadas por la Legislatura estatal, de mayoría republicana.
Estas leyes incluyen disposiciones para aplicar la pena de muerte en casos de violación de menores y permitir que jurados no unánimes recomienden esta condena, con un umbral mínimo de ocho votos a favor y cuatro en contra.
Críticos y expertos legales han advertido sobre los riesgos asociados con esta expansión de la pena capital en el estado. María DeLiberato, directora ejecutiva de Floridians for Alternatives to the Death Penalty, declaró a Axios que estas reformas “invitan a litigios, desafíos legales y generan incertidumbre,” lo que afecta tanto a los condenados como a las familias de las víctimas.
Además, se ha señalado que Florida lidera el país en el número de exoneraciones a presos del corredor de la muerte, un indicativo de los errores que pueden ocurrir en el sistema judicial.
Rogers será ejecutado mediante un protocolo de tres fármacos utilizado comúnmente por el Departamento de Correcciones de Florida, que incluye un sedante, un paralizante y una sustancia para detener el corazón.
Este método lleva años siendo objeto de controversia debido a fallas en ejecuciones previas. Tras él, el siguiente condenado que enfrentará la pena de muerte en el estado será Anthony Wainwright, programado para el 10 de junio por delitos cometidos en 1994.
Su ejecución, prevista para las 18:00 horas de hoy, cerrará un capítulo que ha provocado conmoción y reflexión sobre los límites del sistema judicial en la aplicación de castigos extremos.
