Dan luz verde a EEUU para usar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a migrantes venezolanos

El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte del presidente Donald Trump para deportar a ciudadanos venezolanos vinculados con la banda Tren de Aragua ha sido respaldado por la jueza federal Stephanie Haines en Pensilvania.

Según informó The Associated Press (AP), esta decisión marca la primera vez que un juez federal aprueba la proclamación del mandatario estadounidense que clasifica al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera, permitiendo así la deportación de sus supuestos miembros.

Sin embargo, en un fallo paralelo, otro juez federal en el distrito occidental de Texas ha bloqueado temporalmente el uso de esta ley para deportaciones en esa región.

La jueza Haines, designada por Trump, también criticó la falta de aviso adecuado a las personas enfrentando deportación bajo esta ley, ordenando que se les notifique con al menos 21 días de anticipación, en contraste con las 12 horas que algunos deportados han recibido.

Haines enfatizó que su fallo no aborda si la administración puede deportar a personas bajo otras leyes de inmigración, ni si el presidente puede invocar la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar a quienes simplemente migraron a Estados Unidos sin ser miembros de una organización terrorista extranjera, según publicó AP.

“Este caso plantea cuestiones importantes que están profundamente entrelazadas con los principios constitucionales sobre los que se funda el gobierno de esta nación. Al abordar estas cuestiones, la Corte comienza enfatizando los problemas que no está resolviendo en este momento”, escribió la jueza.

No obstante, afirmó que sí puede utilizar la ley para deportar a los ciudadanos venezolanos que tengan mínimo 14 años, vivan en EEUU sin estatus legal migratorio y que formen parte del Tren de Aragua.

La proclamación de Trump, emitida en marzo, argumenta que el Tren de Aragua está invadiendo Estados Unidos, otorgándole poderes especiales para deportar a inmigrantes identificados como miembros de la banda sin los procedimientos judiciales habituales.

Tras esta proclamación, la administración comenzó a expulsar a personas designadas como miembros del Tren de Aragua a una prisión en El Salvador. Esta acción ha generado una serie de demandas en varios estados, incluyendo el caso que llevó al fallo de Haines: un venezolano, que afirma haber huido a EEUU con su familia en 2023 debido a extorsiones en su país, fue arrestado en febrero tras ser acusado por un vecino de pertenecer al Tren de Aragua, una acusación que él niega rotundamente.

Inicialmente, Haines aprobó el caso como una acción de clase, bloqueando temporalmente las deportaciones en su distrito, pero levantó esa designación, permitiendo que las expulsiones se reanuden siempre que se cumpla con el aviso de 21 días, emitido en inglés y español, y se ofrezca una oportunidad para ser escuchado.

En el caso de Texas, una mujer que huyó de Venezuela tras sufrir acoso y persecución política, y que actualmente busca asilo en EEUU, fue arrestada en Ohio y acusada de ser miembro de la banda, lo cual niega, según consignó AP.

Ella solicitó al juez federal David Briones que detuviera su deportación, argumentando que la proclamación de Trump viola los derechos al debido proceso y equipara erróneamente al Tren de Aragua con una invasión por un gobierno extranjero.

Briones consideró que la mujer probablemente tendría éxito en su caso y prohibió temporalmente a la administración transferirla o deportarla bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. La situación ha generado un debate sobre el uso de leyes de tiempos de guerra para abordar cuestiones de inmigración y seguridad nacional.