La Iglesia Católica de Estados Unidos emitió una advertencia contundente a su clero en el estado de Washington: cualquier sacerdote que cumpla con una nueva ley que exige informar a las autoridades sobre abusos a menores confesados en el sacramento de la reconciliación será excomulgado.
Según informó Newsweek, esta legislación, que entrará en vigor el 27 de julio, elimina la histórica confidencialidad del confesionario, lo que ha desencadenado una tensa confrontación entre líderes religiosos y legisladores sobre la libertad religiosa y la protección infantil.
La Arquidiócesis de Seattle y varios obispos han expresado su firme oposición, argumentando que la ley no solo contradice la doctrina eclesiástica sino que también sobrepasa los límites constitucionales. Los partidarios de la medida sostienen que se trata de un paso esencial para proteger a los menores de abusos.
Una confrontación legal y teológica
La nueva legislación de Washington exige que el clero denuncie cualquier sospecha de abuso infantil, sin hacer excepciones para la información obtenida durante la confesión. “El clero católico no puede violar el sello de la confesión o serán excomulgados de la Iglesia”, advirtió la Arquidiócesis de Seattle, según citó Fox News.
El Derecho Canónico de la Iglesia considera que romper el secreto confesional constituye una falta gravísima. “Un confesor que viole directamente el sello de la confesión incurre en excomunión automática reservada a la Sede Apostólica”, establece la normativa eclesial.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado una investigación para determinar si la ley vulnera las protecciones religiosas otorgadas por la Primera Enmienda de la Constitución.
Implicaciones nacionales
Con esta medida, Washington se suma a un pequeño grupo de estados que han eliminado las protecciones de confidencialidad tradicionales para el clero, generando un debate nacional sobre los límites entre Iglesia y Estado.
El resultado de este enfrentamiento podría influir en cómo otros estados legislan sobre los requisitos de denuncia obligatoria para el clero, especialmente mientras grupos de derechos civiles y constitucionales intervienen en la discusión.
La controversia también ha resaltado las tensiones históricas entre las leyes civiles y el Derecho Canónico. Según la profesora Michele Dillon, experta en catolicismo de la Universidad de New Hampshire, esta situación “directamente desafía un elemento central de la fe católica”.
Dillon señaló que obligar a los sacerdotes a reportar abusos conocidos a través de la confesión “violaría directamente el núcleo del sacramento y su significado en la vida de los católicos”.
También advirtió que la controversia podría dar una impresión errónea a quienes desconocen el significado completo del sacramento, sugiriendo que la Iglesia se opone a la denuncia para evadir el problema del abuso sexual.
Por su parte, la profesora Anthea Butler, presidenta del departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de Pennsylvania, explicó a Newsweek que este conflicto gira en torno al “sello de la confesión”, una norma que prohíbe a los sacerdotes revelar cualquier confesión bajo pena de excomunión.
Butler señaló que siempre ha existido una colisión entre las leyes estatales y nacionales y ciertos aspectos del Derecho Canónico, no solo en casos de abuso, sino también en delitos graves como el homicidio.
Posiciones oficiales
El arzobispo Paul Etienne de Seattle reafirmó la postura de la Iglesia: “los sacerdotes no pueden cumplir esta ley si el conocimiento del abuso se obtuvo durante el Sacramento de la Reconciliación”. Además, la Arquidiócesis aseguró a los fieles que “todas las confesiones permanecen sagradas, seguras, confidenciales y protegidas por la ley de la Iglesia”.
Desde el ámbito legal, la asistente del Fiscal General, Harmeet K. Dhillon, declaró al New York Post que la ley SB 5375 “exige que los sacerdotes católicos violen su fe profundamente arraigada para obedecer la ley, lo cual es una violación de la Constitución y un quebrantamiento del libre ejercicio de la religión”.
El gobernador de Washington, Bob Ferguson, defendió la legislación: “Esperamos proteger a los niños de Washington contra el abuso sexual frente a esta ‘investigación’ de la administración Trump”.
Posibles consecuencias
La implementación de la ley está programada para el 27 de julio, a menos que sea suspendida por litigios o acciones legislativas adicionales. La revisión de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia podría determinar si la norma permanecerá en vigor o será bloqueada por razones constitucionales.
Mientras tanto, los obispos católicos han manifestado que están dispuestos a enfrentar consecuencias legales antes que violar la ley eclesiástica.
Este enfrentamiento podría provocar una reevaluación más amplia de las protecciones de confidencialidad en otros estados, así como del equilibrio entre la libertad religiosa y los requisitos legales de denuncia.
