Kilmar Ábrego García, un residente de Maryland, fue deportado a El Salvador hace un mes en lo que un abogado del gobierno describió como un “error administrativo”. Las autoridades de Estados Unidos lo vincularon con la pandilla MS-13, una acusación que sus abogados niegan rotundamente.
La deportación se llevó a cabo como parte de un programa de la administración de Donald Trump destinado a expulsar criminales. Recientemente, la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, compartió en X (anteriormente Twitter) documentos con información sobre el caso de Ábrego que no se habían hecho públicos previamente.
De acuerdo con los registros publicados, la policía de Maryland identificó a Ábrego García como miembro de la MS-13 durante un arresto en 2019. Sin embargo, los documentos también confirman que en ese momento no tenía antecedentes penales. La información ha sido divulgada tras semanas de presión pública para que el gobierno justificara su decisión de deportarlo.
La detención en 2019 y las acusaciones de pertenencia a una pandilla
En marzo de 2019, agentes del Departamento de Policía del Condado de Prince George abordaron a Ábrego y a otras tres personas en el estacionamiento de un Home Depot en Hyattsville, Maryland. Según los documentos, los oficiales alegaron que los individuos estaban merodeando en el lugar.
Durante la interacción, los agentes observaron que Ábrego García llevaba una gorra de los Chicago Bulls y una sudadera con un diseño que mostraba billetes cubriendo los ojos, oídos y boca de los presidentes en los billetes. Según los oficiales, este tipo de imágenes simbolizan el lema “ver, oír y callar” o “no ver, oír ni decir nada malo”, asociado a la cultura de pandillas hispanas.
Además, los agentes consultaron a una fuente confidencial que, según los registros, identificó a Ábrego García como un miembro de la MS-13 con el rango de “Chequeo” y el apodo de “Chele”.
La deportación y su contexto en El Salvador
Tras ser deportado, Ábrego García fue enviado a una prisión de alta seguridad en El Salvador, conocida por albergar a miembros de pandillas y otros delincuentes peligrosos. Este tipo de instalaciones, denominadas “megacárceles”. La deportación de Abrego García se enmarca en una política más amplia de la administración Trump, que priorizó la expulsión de personas acusadas de actividades delictivas, incluso cuando las pruebas en su contra eran cuestionables.
Los abogados de Ábrego García han negado categóricamente que él sea miembro de una pandilla y han señalado que las acusaciones se basan en pruebas circunstanciales y en la interpretación subjetiva de los oficiales. Además, argumentan que la deportación fue un error administrativo que no debería haber ocurrido, dado que no existía un historial criminal que justificara su expulsión.
La publicación de los documentos relacionados con el caso se produjo después de semanas de presión por parte de defensores de los derechos humanos y abogados, quienes exigieron transparencia sobre las razones detrás de la deportación de Ábrego García. Según NBC News, los registros incluyen un “formulario de entrevista de campo de pandillas” elaborado por la policía en 2019, en el que se detallan las observaciones de los agentes y la información proporcionada por la fuente confidencial.
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