La política migratoria en Estados Unidos ha experimentado cambios drásticos desde la llegada de Donald J. Trump nuevamente al poder, con un enfoque más minucioso en la interpretación de las leyes migratorias. Este giro ha generado incertidumbre sobre los derechos reales que amparan a los inmigrantes, tanto aquellos con estatus legal como los que se encuentran en el país sin autorización.
En el sistema legal de Estados Unidos, los inmigrantes —independientemente de su estatus legal— tienen garantizados derechos fundamentales. Estos derechos derivan principalmente de la Constitución de los Estados Unidos, así como de leyes federales, tratados internacionales y jurisprudencia establecida por tribunales.
Aunque su aplicación puede variar según el contexto, existen principios básicos que se pueden invocar en cada etapa del proceso migratorio. A continuación, se detalla qué derechos aplican en distintas situaciones que enfrentan los inmigrantes en la actualidad, según una investigación de The New York Times.
Cuando una persona está en proceso de deportación
Todo inmigrante, incluso si está en el país sin autorización, tiene derecho al debido proceso legal, lo que incluye el derecho a ser informado de los cargos en su contra, a presentar pruebas, a comparecer ante un juez y a apelar decisiones. Este principio está protegido por la Quinta Enmienda, que prohíbe al gobierno privar a cualquier persona —no solo a ciudadanos— de su libertad sin un procedimiento justo. Además, la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) establece que, salvo en procedimientos acelerados, la expulsión debe realizarse bajo la autoridad de un juez de inmigración.
Cuando el inmigrante no tiene abogado
Aunque el sistema de inmigración no garantiza un abogado gratuito como en los casos penales, toda persona tiene derecho a contratar un abogado para que lo represente en su proceso migratorio. Este derecho está explícitamente reconocido en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, siempre que el abogado no sea pagado por el gobierno. También existe el derecho a recibir una lista de organizaciones sin fines de lucro que ofrecen asistencia legal gratuita o de bajo costo, proporcionada por los tribunales migratorios.
Cuando un residente legal enfrenta deportación por una condena antigua
Los residentes permanentes legales tienen derechos adicionales. Si se intenta deportarlos por una condena penal, pueden solicitar alivio migratorio como la cancelación de deportación, si cumplen ciertos requisitos. Además, pueden apelar la decisión ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) y ante cortes federales. Si la condena ocurrió hace años, es posible argumentar que aplicar nuevas consecuencias migratorias podría violar la prohibición de castigo retroactivo o afectar derechos adquiridos.
Cuando un estudiante o trabajador con visa válida es detenido sin violar su estatus
De acuerdo con la cláusula de igual protección de la Decimocuarta Enmienda, quienes se encuentran legalmente en el país bajo una visa de estudiante (F-1) o trabajo (H-1B, entre otras) tienen derecho a permanecer en el país mientras cumplan los términos de su visa. La ley migratoria requiere una causa específica —como la violación de condiciones— para iniciar un proceso de deportación.
En cumplimiento del contrato de visa y protección contra discriminación arbitraria, si no hay una infracción clara, el inmigrante puede invocar su derecho a no ser detenido de forma arbitraria. En algunos casos, si la detención responde a motivos políticos o ideológicos, puede argumentarse una violación a la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda.
Cuando un inmigrante es rechazado al llegar a un aeropuerto con visa válida
Aunque la entrada a Estados Unidos no está garantizada por el hecho de tener visa, las personas tienen derecho a un proceso razonable de inspección, a conocer la razón del rechazo y, en algunos casos, a solicitar una revisión administrativa o recurso ante una corte federal.
Si se les niega la entrada por publicaciones en redes sociales, pueden alegar que están siendo discriminados por sus opiniones, lo que puede constituir una violación del derecho a la libertad de expresión. En este caso el inmigrante puede hacer uso de la revisión administrativa y protección contra discriminación, contemplada en la ley federal y tratados internacionales
Cuando un inmigrante es detenido en la frontera o en el interior del país
Toda persona, al ser detenida, tiene derecho a guardar silencio, a no autoincriminarse y a no firmar documentos sin entender su significado. Además, tiene derecho a ser informado sobre su situación migratoria y los cargos en su contra, de acuerdo con lo contemplado en la Quinta Enmienda. Puede solicitar una audiencia ante un juez migratorio salvo que se trate de un procedimiento de expulsión acelerada, en cuyo caso puede apelar si demuestra temor creíble de persecución o tortura en su país de origen.
Cuando un menor no acompañado cruza la frontera
Los menores no acompañados tienen derechos adicionales, como ser colocados bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), y no ser deportados de forma inmediata. Tienen derecho a una evaluación de su situación, y a acceso a representación legal, financiada por organizaciones respaldadas por el gobierno federal. Este derecho se deriva de la Ley de Reautorización para la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de 2008.
Cuando un inmigrante es deportado por error
Si una persona fue deportada por error, como ocurrió con Kilmar Armando Abrego García, tiene derecho a una reparación judicial y al regreso al país bajo orden de corte. Según la jurisprudencia federal, puede solicitar el retorno al país mediante una orden judicial. El sistema reconoce el derecho a reparar decisiones administrativas incorrectas a través de recursos legales, aunque su ejecución depende de la voluntad del gobierno y la intervención de tribunales superiores, como la Corte Suprema.
Cuando un inmigrante es registrado o interrogado en la frontera
Aunque las autoridades migratorias tienen amplia facultad para inspeccionar pertenencias en puntos de entrada, esa revisión debe ser proporcional y no discriminatoria, de acuerdo con la jurisprudencia del Cuarto y Primer Circuito. Si se accede a dispositivos electrónicos, la persona puede negar el acceso voluntario y exigir una orden judicial, aunque esta protección está limitada en zonas fronterizas. Además, el contenido de redes sociales no puede usarse para criminalizar opiniones protegidas por la Primera Enmienda.
En cada una de estas situaciones, los inmigrantes tienen derechos invocables ante las autoridades y los tribunales. La comprensión de esos derechos no solo fortalece la defensa individual, sino que también establece límites claros a las facultades del Estado en el ámbito migratorio.
