La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió temporalmente la orden que exigía al gobierno federal repatriar a Kilmar Abrego Garcia, un salvadoreño de 29 años deportado por error, quien permanece recluido en una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
La medida, emitida este lunes 7 de abril por el presidente del tribunal, John Roberts, frena el mandato de una jueza federal que había fijado como plazo límite la medianoche del mismo día para el regreso del inmigrante a territorio estadounidense.
El caso ha intensificado el conflicto entre el poder judicial y la administración de Donald Trump, que sostiene no tener autoridad legal para revertir la deportación ni para negociar con un gobierno extranjero la liberación de Abrego García, detenido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
El fallo de la Corte mantiene al salvadoreño bajo custodia mientras los magistrados analizan si el Ejecutivo puede ser obligado a remediar una expulsión llevada a cabo en violación de una orden judicial vigente.
¿Quién es Kilmar Abrego Garcia?
Kilmar Abrego Garcia, de 29 años, vivía con su esposa y sus hijos en Beltsville, Maryland. Había ingresado a Estados Unidos siendo adolescente y, tras varios años de procesos migratorios, obtuvo en 2019 una orden de un juez de inmigración que bloqueaba su deportación.
El magistrado determinó que, si era devuelto a El Salvador, enfrentaría persecución y riesgo de muerte por parte de una pandilla que había extorsionado a su familia, propietaria de un negocio de pupusas.
Tras esa resolución, Abrego García se estableció legalmente en el país, trabajó como obrero del metal y comenzó un programa de aprendizaje de cinco años para obtener una licencia como oficial especializado, con estudios en la Universidad de Maryland. Durante ese tiempo, se mantuvo bajo control migratorio, cumpliendo con sus citas regulares con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La detención y deportación
El 12 de marzo de 2025, agentes federales lo arrestaron nuevamente cuando conducía a su hijo a casa de su abuela. Tres días después, el 15 de marzo, fue deportado a El Salvador en un vuelo que supuestamente estaba destinado solo a personas autorizadas para la expulsión. Según ICE, su inclusión en el vuelo fue un “error administrativo”.
El destino final de Abrego Garcia fue el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión construida por el gobierno de Nayib Bukele para albergar presuntos integrantes de pandillas. Abrego fue trasladado directamente allí, sin juicio ni audiencia, a pesar de que ningún tribunal estadounidense ni salvadoreño lo ha acusado formalmente de delito alguno.
El gobierno sostiene que Abrego García es miembro de MS-13, la pandilla salvadoreña que en enero de 2025 fue designada como organización terrorista extranjera. No obstante, Abrego García niega cualquier relación con grupos criminales.
De acuerdo con The Wall Street Journal, su supuesta vinculación se remonta a su arresto en 2019, cuando fue detenido frente a un Home Depot en Maryland y se lo acusó de asociación con pandillas por estar en un área frecuentada por sospechosos.
Su defensa afirma que los cargos se basaron en declaraciones no corroboradas de un informante confidencial y que las autoridades nunca presentaron pruebas sólidas. La jueza federal Paula Xinis, que evaluó su caso tras la reciente deportación, confirmó que no había evidencia suficiente de nexos criminales. “¿Por qué no puede Estados Unidos traer de vuelta al señor Abrego?”, preguntó Xinis durante la audiencia del 5 de abril, reportada por NBC News.
El fallo judicial y la intervención de la Corte Suprema
La jueza Xinis determinó que la expulsión violó el debido proceso legal y ordenó al gobierno repatriar a Abrego García antes de las 23:59 horas del lunes 7 de abril. El gobierno apeló, pero el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito ratificó el fallo, criticando con dureza al Ejecutivo por su argumento de que no podía remediar su propio error.
“La posición del gobierno es inconcebible”, escribió la jueza de apelaciones Stephanie Thacker, quien subrayó que Estados Unidos no tiene potestad para arrestar y expulsar arbitrariamente a una persona legalmente protegida por una orden judicial.
El procurador general D. John Sauer, en representación del gobierno ante la Corte Suprema, argumentó que el fallo de Xinis sienta un precedente peligroso, al obligar al Ejecutivo a negociar con gobiernos extranjeros para recuperar a personas deportadas, lo cual —según dijo— vulnera la división de poderes y la política exterior. “Los tribunales no pueden asumir el rol de diplomáticos subordinando al Ejecutivo”, escribió Sauer.
La situación actual de Abrego García
Abrego García permanece recluido en el Cecot, una prisión de máxima seguridad conocida por mezclar deliberadamente a miembros de pandillas rivales. Su esposa, Jennifer Vasquez Sura, supo que estaba allí tras ver fotos en redes sociales donde aparecía con la cabeza rapada y encadenado. Ambos se casaron en 2019 en un centro de detención del ICE, cuando ella estaba embarazada y temían una deportación inminente.
Abrego García nunca ha sido imputado ni en Estados Unidos ni en El Salvador. Tampoco es buscado por el gobierno salvadoreño. Su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, sostuvo que “sigue preso en un país extranjero únicamente por voluntad de Estados Unidos, producto de un error kafkiano”.
El Departamento de Justicia suspendió de sus funciones al abogado Erez Reuveni, quien representó al gobierno en la audiencia del viernes pasado, por no haber “defendido con suficiente vigor la posición del Ejecutivo”.
El caso ha encendido el debate sobre las deportaciones aceleradas impulsadas por Trump, quien ha prometido ejecutar “la mayor operación de expulsión de inmigrantes en la historia del país”. Bajo esa política, fueron deportados también otros inmigrantes acusados de pertenecer a Tren de Aragua, sin oportunidad de refutar las acusaciones ante un juez.
Expertos en derecho migratorio consultados por The Wall Street Journal, como Nayna Gupta del American Immigration Council, advierten que en el sistema migratorio no existen definiciones legales claras de afiliación a pandillas y que basta con presunciones para justificar detenciones o deportaciones.
Mientras tanto, la Corte Suprema evalúa si el Ejecutivo debe acatar la orden de repatriar a Abrego Garcia. La decisión final tendrá implicaciones sobre los límites del poder judicial en política migratoria y el alcance de los derechos procesales de los inmigrantes en Estados Unidos.
