La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció el domingo que el gobierno federal adoptará una postura más agresiva en la aplicación de la pena de muerte en casos criminales federales, en cumplimiento de una directiva del expresidente Donald Trump.
En una entrevista con Fox News Sunday, Bondi afirmó que los fiscales recibirán instrucciones para solicitar la pena capital “siempre que sea posible”, marcando el fin oficial de la moratoria sobre ejecuciones federales que estuvo vigente durante la administración de Joe Biden.
“La directiva del presidente fue muy clara. Estamos obligados a solicitar la pena de muerte cuando sea posible”, declaró Bondi al ser consultada por la presentadora Shannon Bream. “Y saben, eso no se había hecho en cuatro años”.
“El presidente Trump firmó el pasado 20 de enero una orden ejecutiva titulada ‘Restaurar la pena de muerte y proteger la seguridad pública’, que me ordena como fiscal general a buscar la pena capital para todos los delitos cuya gravedad lo demande”, explicó Bondi. La orden derogó oficialmente la suspensión federal de ejecuciones impuesta en 2021 por la administración anterior.
El caso Mangione
La funcionaria confirmó que ya comenzó a implementar esa política con un caso concreto: el de Luigi Mangione, de 26 años, acusado de asesinar a Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, en un tiroteo ocurrido en diciembre de 2024 frente a un hotel en Manhattan, Nueva York. “Después de una revisión cuidadosa del caso, he ordenado que se solicite la pena de muerte para Mangione. No vamos a titubear frente a delitos de esta magnitud”, dijo Bondi.
Mangione fue detenido en Altoona, Pensilvania, tras una búsqueda de cinco días. A nivel federal enfrenta cargos por dos delitos de acoso, un cargo de asesinato con uso de arma de fuego, y otro delito relacionado con el uso de armas. También ha sido imputado por tribunales estatales en Nueva York y Pensilvania. Se ha declarado no culpable de todos los cargos.
En su intervención televisada, Bondi expresó que el caso de Mangione cumple todos los requisitos para la pena capital. “Este hombre está acusado de acechar y asesinar a sangre fría a un padre de familia, a un líder empresarial. Lo cazó y lo ejecutó. Si este no es un caso para aplicar la pena de muerte, entonces no sé cuál lo sería”, señaló.
La fiscal general también abordó la creciente polarización política en torno al caso y la reacción social que ha provocado. Según Bondi, ha sido objeto de amenazas por parte de quienes se oponen a su decisión de solicitar la pena capital. “He recibido amenazas de muerte por buscar la pena de muerte contra alguien acusado de ejecutar a un CEO. No vamos a retroceder. No nos van a detener los motivos políticos”, sostuvo.
Bondi se refirió a las protestas que han surgido desde el arresto de Mangione, algunas de las cuales han sido protagonizadas por jóvenes que cuestionan el sistema de salud en Estados Unidos y han manifestado su apoyo al acusado. “Siento que estos jóvenes han perdido el rumbo”, declaró. “Vi a un manifestante caminando por la calle con un cartel que decía ‘Free Luigi’. Pero este hombre está acusado de un crimen violento, y nuestro deber es responder con toda la fuerza de la ley”.
El caso Mangione ha suscitado una intensa cobertura mediática y ha reabierto el debate sobre la justicia federal, la aplicación de la pena de muerte y el papel de las autoridades estatales. La abogada defensora Karen Friedman Agnifilo criticó fuertemente la decisión del gobierno.
“Mientras dicen proteger contra el asesinato, el gobierno federal se mueve para cometer un asesinato premeditado y patrocinado por el Estado”, dijo la defensora. “Luigi está atrapado en una red de disfunción gubernamental y rivalidades entre fiscales estatales y federales. La vida de un joven no puede ser la moneda de cambio en una agenda política”.
Según el calendario judicial, Mangione deberá comparecer nuevamente ante el tribunal federal el 18 de abril, y su próxima audiencia estatal en Nueva York está prevista para el 26 de junio. El caso se perfila como uno de los primeros en los que se podría aplicar la nueva política federal de pena capital tras el fin de la moratoria.
“No es una medida simbólica”
La funcionaria reiteró que la decisión de intensificar el uso de la pena capital no se limita al caso Mangione. Según dijo, la instrucción presidencial exige que los fiscales federales revisen activamente todos los casos graves para evaluar si es procedente solicitar la ejecución. “Esta no es una medida simbólica. Vamos a actuar. No vamos a permitir que la inacción continúe protegiendo a quienes cometen actos atroces contra ciudadanos inocentes”, afirmó.
Bondi también afirmó que la restauración de la pena de muerte forma parte de un esfuerzo más amplio de la administración Trump por combatir la criminalidad y reforzar la percepción de justicia. “El objetivo es claro: detener el crimen violento y hacer que Estados Unidos vuelva a ser un lugar seguro”, dijo. “La pena de muerte no solo es legal, es necesaria en los casos donde el crimen ha sido intencional, premeditado y brutal”.
En una declaración por separado emitida el martes y citada por Newsweek, Bondi insistió en que la decisión de buscar la pena capital no se tomó a la ligera. “El asesinato de Brian Thompson fue un acto deliberado que ha conmocionado al país. Él era un hombre inocente, un padre de dos niños pequeños. Esto fue un asesinato premeditado y despiadado. En cumplimiento del mandato presidencial, he dado instrucciones para que los fiscales federales busquen la pena de muerte en este caso”.
