El estado de Idaho aprobó un proyecto de ley que impediría la compra de dulces y refrescos con beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), también conocido como cupones de alimentos. La propuesta, presentada como el House Bill 109, fue ratificada por ambas cámaras legislativas estatales y está ahora a la espera de la firma del gobernador Brad Little.
La Cámara de Representantes de Idaho aprobó el proyecto de ley el 31 de marzo de 2025 con 48 votos a favor y 20 en contra. Previamente, el Senado estatal lo había aprobado el 27 de marzo con una votación de 25 a 10. Los cambios realizados por el Senado incluyeron una definición más precisa del término “dulce”, según consta en los registros del Poder Legislativo estatal.
A pesar de su aprobación a nivel estatal, la medida no podrá entrar en vigor sin la autorización del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), entidad encargada de supervisar el programa SNAP a nivel federal. De acuerdo con el USDA, hasta la fecha no se ha otorgado ninguna exención que permita a los estados restringir productos alimenticios por su valor nutricional en las compras con SNAP.
En caso de recibir luz verde federal, Idaho se convertiría en el primer estado del país en implementar restricciones específicas de productos por su contenido nutricional dentro del marco SNAP. La medida se plantea como parte de un esfuerzo legislativo para alinear el gasto público con objetivos de salud pública, una discusión que ha ganado atención en el Congreso y en gobiernos estatales.
¿Cuándo entraría en vigor la prohibición de dulces y bebidas azucaradas con SNAP?
El proyecto de ley establece que la medida entraría en vigor el 1 de julio de 2025, siempre que Idaho obtenga la aprobación del USDA. Si la solicitud es rechazada, el texto legal dispone que el estado deberá renovar su petición anualmente hasta obtener el visto bueno federal.
La implementación dependerá, por tanto, de un proceso adicional que involucra a las autoridades federales. El Departamento de Agricultura ha indicado anteriormente que cualquier cambio que implique restricciones alimentarias en SNAP requiere estudios de viabilidad, coordinación con minoristas y definición clara de productos, según informes oficiales publicados por la agencia.
Según antecedentes de solicitudes anteriores presentadas por otros estados, este proceso podría extenderse por meses. De ser aprobado, implicaría también un rediseño de los sistemas de pago electrónicos y capacitación de minoristas para el cumplimiento de las nuevas normas.
¿Cuántos residentes de Idaho reciben SNAP y cómo funciona el programa?
Según el Departamento de Salud y Bienestar de Idaho, durante el año fiscal 2024 unos 130.900 residentes del estado recibieron asistencia a través de SNAP, lo que equivale a aproximadamente el 7% de la población estatal.
SNAP es un programa federal que proporciona asistencia económica mensual mediante tarjetas electrónicas. Estas pueden usarse exclusivamente para la compra de productos alimenticios aprobados, excluyendo artículos no comestibles, productos de higiene, alcohol y comidas preparadas para consumo inmediato.
Los beneficiarios deben cumplir con criterios de ingresos, residencia y ciudadanía, y sus beneficios se calculan con base en el tamaño del hogar y el nivel de ingresos brutos ajustados. El programa es administrado a nivel federal por el USDA, pero operado localmente por agencias estatales, como el Departamento de Salud y Bienestar en Idaho.
¿Qué antecedentes existen sobre intentos de restringir alimentos en SNAP?
Idaho no es el primer estado en intentar limitar la compra de ciertos productos con beneficios de SNAP. Iniciativas similares se han presentado en el pasado por otros estados como Minnesota y Nueva York. En 2011, ambos solicitaron sin éxito al USDA autorización para prohibir la compra de bebidas azucaradas. El USDA rechazó las solicitudes señalando dificultades en la implementación, control y posible estigmatización de los beneficiarios.
La legislación aprobada en Idaho representa el intento más avanzado hasta ahora de implementar esta política a nivel estatal. A diferencia de casos anteriores, el texto legal contempla un mecanismo de solicitud anual de exención hasta obtener una respuesta favorable.
En informes publicados por el USDA, se advierte que la restricción de productos requiere definiciones precisas y actualizaciones constantes, dado que las formulaciones de productos cambian con frecuencia. Además, recalca que los estándares nutricionales deben estar claramente justificados para evitar arbitrariedades y asegurar la equidad del sistema.
¿Existen iniciativas similares en el Congreso de EEUU?
A nivel federal, el representante republicano Josh Brecheen, de Oklahoma, introdujo en enero de 2025 un proyecto de ley titulado Healthy SNAP Act. Esta iniciativa busca excluir de las compras con SNAP productos como refrescos, caramelos, helados y postres preparados. El USDA informó que durante 2023, SNAP benefició mensualmente a una media de 42,1 millones de personas en todo el país, lo que representa el 12,6 % de la población total.
Estas propuestas a nivel nacional reflejan un debate en curso sobre el rol del gobierno en la regulación de hábitos alimentarios mediante programas públicos.
En sesiones legislativas recientes, otros representantes han planteado propuestas similares, algunas enfocadas en incentivar compras saludables en lugar de prohibir productos. Entre las alternativas se incluye el establecimiento de incentivos para frutas y verduras, y programas piloto de educación nutricional combinados con SNAP.
¿Qué dicen las agencias federales sobre restringir alimentos en SNAP?
El USDA ha reiterado que cualquier restricción basada en el contenido nutricional de los alimentos debe ser analizada con criterios técnicos. La agencia ha publicado reportes donde señala que imponer este tipo de limitaciones podría aumentar la complejidad administrativa del programa y generar confusión entre los comerciantes minoristas, además de posibles efectos colaterales entre la población beneficiaria.
Según el informe Implications of Restricting the Use of Food Stamp Benefits, publicado por el USDA, las restricciones podrían afectar negativamente la percepción pública del programa y complicar su administración. El informe subraya que la eficacia de tales medidas dependería en gran medida de la claridad de los criterios y de la coordinación con entidades estatales y comercios autorizados.
