Kilmar Abrego García, un residente legal de Estados Unidos desde 2011, fue deportado a El Salvador debido a lo que las autoridades han calificado como un “error administrativo”. Este incidente, que ha generado preocupación por las implicaciones legales y humanitarias, ocurrió a pesar de que el hombre contaba con una orden judicial de 2019 que le protegía de ser enviado de regreso a su país de origen.
La deportación tuvo lugar el 15 de marzo, cuando ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) ignoró las protecciones legales vigentes, según documentos legales presentados el lunes y citados por NBC News.
Fue trasladado a El Salvador en un vuelo que formaba parte de un grupo de tres aviones que transportaban a personas deportadas. Una vez en el país centroamericano, fue enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad conocida por albergar a presuntos miembros de pandillas y otros delincuentes de alto perfil.
Una familia afectada por la separación forzada
Arbrego Garcia residía en Maryland junto a su esposa, Jennifer Vasquez Sura, y su hijo de cinco años, quien pertenece al espectro autista y padece una discapacidad intelectual. Ambos padres trabajan a tiempo completo para mantener a su familia, según los documentos legales presentados y citados por NBC News. La deportación ha dejado a la familia en una situación de incertidumbre, mientras luchan por el regreso de Abrego a los Estados Unidos.
El caso ha generado una demanda presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Maryland. En esta acción legal, la familia y su equipo de abogados exigen que la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, garantice el retorno de Abrego y que el gobierno estadounidense deje de financiar su detención en El Salvador.
El caso de Abrego no es un hecho aislado. Según el mismo medio, la deportación coincide con un aumento en los vuelos de repatriación hacia El Salvador, muchos de los cuales han sido criticados por incluir a personas acusadas falsamente de tener vínculos con pandillas debido a la presencia de tatuajes.
El CECOT, donde Abrego permanece detenido, ha sido descrito como una prisión diseñada para albergar a miles de personas bajo estrictas medidas de seguridad. Este centro ha sido parte de la estrategia del gobierno salvadoreño para combatir la violencia de las pandillas.
La esposa de García supo de la detención de su pareja luego de verlo en un reportaje con la cabeza rapada y portando un overol blanco entre muchos hombres arrodillados y con el rostro oculto. Ella afirmó haber visto sus característicos tatuajes y dos cicatrices en la cabeza.
En la presentación del lunes, el gobierno, según reportó el medio, dijo que los tribunales de EEUU no cuentan con jurisdicción para solicitar su liberación.
JD Vance, vicepresidente de EEUU, habló respecto al tema y, en una publicación de redes sociales, alegó que Abrego “era un pandillero convicto de la MS-13 sin derecho legal a estar aquí (Estados Unidos)”.
“Mi otro comentario es que es repugnante indignarse por la deportación de pandilleros mientras se ignora a los ciudadanos a los que victimizan”, escribió el vicepresidente de EEUU en su publicación de X (anteriormente Twitter) la noche del 31 de marzo.
Simon Sandoval Moshenberg, abogado de Abrego, declaró durante una entrevista con NBC News que no están de acuerdo con que su cliente sea un miembro de la pandilla MS-13, ya que la única base para afirmar su pertenencia “fue un informante confidencial” y “nunca hubo pruebas contundentes”.
