EEUU revisará redes sociales de solicitantes y titulares de visa estudiantil bajo nueva política migratoria

El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a implementar un nuevo conjunto de criterios de evaluación migratoria enfocados en solicitantes de visas de estudiante. La política incluye la revisión sistemática de publicaciones en redes sociales como parte del proceso de análisis de seguridad nacional. La medida se enmarca en una estrategia del Departamento de Estado para aplicar filtros más estrictos a quienes desean ingresar al país con fines académicos.

Según informaron de Axios y The New York Times, esta política involucra también a personas que ya se encuentran en territorio estadounidense con visas válidas. A través del uso de inteligencia artificial, las autoridades revisan publicaciones digitales en busca de contenido que pueda vincular a los solicitantes o titulares de visa con organizaciones consideradas terroristas por el gobierno estadounidense.

Las acciones forman parte de una ofensiva migratoria más amplia liderada por la administración del presidente Donald Trump, centrada en instituciones universitarias y manifestaciones en contra de la ofensiva militar de Israel en Gaza. En ese contexto, varios estudiantes internacionales han sido detenidos, mientras otros enfrentan procesos de deportación o han tenido sus visas revocadas.

De acuerdo con Axios (6 de marzo de 2025), el Departamento de Estado puso en marcha la iniciativa denominada Catch and Revoke, diseñada para detectar y revocar visas de estudiantes internacionales que, mediante publicaciones en redes sociales, hayan expresado respaldo o afinidad hacia grupos considerados terroristas, como Hamás. La revisión digital incluye publicaciones pasadas y actuales en plataformas como X (antes Twitter), Facebook o Instagram.

Reuters informó que la nueva política permite que agentes consulares y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilicen herramientas de inteligencia artificial para identificar patrones, lenguaje o imágenes que puedan interpretarse como señales de amenaza a la seguridad nacional. Las evidencias digitales, una vez detectadas, deben ser capturadas y archivadas como parte del expediente migratorio del solicitante.

The Guardian indicó el 28 de marzo que la instrucción del Departamento de Estado se aplica a solicitantes de las categorías F-1, M-1 y J-1, correspondientes a estudios académicos, técnicos y programas de intercambio. También afecta a titulares de visa que ya se encuentren en Estados Unidos. Los funcionarios consulares en embajadas y consulados deben revisar la actividad pública en redes sociales, generar capturas de pantalla en caso de hallazgos relevantes y remitir los casos a las Unidades de Prevención de Fraude para su evaluación.

Según The New York Times (29 de marzo), el secretario de Estado Marco Rubio confirmó que más de 300 visas fueron revocadas en las últimas semanas en el marco de esta directiva. En conferencia de prensa, Rubio explicó que el proceso está en curso y que las decisiones responden a criterios de seguridad nacional, aunque no ofreció detalles sobre la proporción de casos relacionados directamente con protestas universitarias o expresiones públicas vinculadas al conflicto en Gaza.

Uno de los casos más difundidos es el de Rumeysa Ozturk, ciudadana turca y estudiante de doctorado en la Universidad de Tufts. De acuerdo con The New York Times, Ozturk fue arrestada por agentes del Departamento de Seguridad Nacional después de haber participado en la redacción de un artículo de opinión en el periódico universitario. La publicación criticaba la respuesta institucional a protestas estudiantiles relacionadas con la situación en Palestina. Las autoridades federales afirmaron que Ozturk habría mostrado apoyo a Hamás, sin ofrecer pruebas públicas.

Además de Ozturk, otros ocho casos similares han sido documentados por el mismo medio. Entre ellos figuran estudiantes y académicos de origen palestino, indio, iraní, surcoreano, gambiano y libanés. Algunos contaban con visas vigentes; otros tenían residencia permanente legal. Las acusaciones varían entre participación en manifestaciones estudiantiles, publicación de contenido crítico en redes sociales o antecedentes familiares vinculados a organizaciones con presencia en Medio Oriente.

The New York Times explicó que el gobierno federal ha invocado una cláusula de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, que otorga al Departamento de Estado facultades para negar o revocar visas a extranjeros cuyas acciones puedan tener consecuencias adversas para la política exterior de Estados Unidos. Esta disposición, rara vez utilizada, ha sido activada en el contexto actual como base jurídica para justificar arrestos y revocaciones de visas estudiantiles.

Reuters añadió que en algunos casos, el gobierno también ha incluido cargos menores, como omisiones en formularios migratorios, para fundamentar las detenciones. Varios estudiantes detenidos se encuentran a la espera de audiencias ante tribunales migratorios, mientras organizaciones legales exploran vías de apelación con base en protecciones constitucionales para residentes permanentes.

Diversos grupos civiles, como la Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE), han advertido que la revisión de redes sociales para fines migratorios podría constituir una violación a los derechos de libertad de expresión. The Guardian señaló que abogados defensores de estudiantes detenidos han impugnado las decisiones gubernamentales con base en argumentos constitucionales. Alegan que las publicaciones digitales, aun cuando reflejen posiciones políticas, no deben ser consideradas motivo suficiente para una deportación.

Axios informó que el gobierno ha defendido su postura bajo el principio de que los visados son una prerrogativa del Estado. En ese sentido, autoridades han afirmado que no existe un derecho automático a permanecer en el país y que la evaluación de antecedentes públicos, incluidas publicaciones en línea, es una herramienta válida para proteger intereses nacionales.