En Rankin County, Mississippi, un escándalo ha sacudido a la comunidad tras revelarse que el sheriff Bryan Bailey utilizó a reclusos del programa de trabajo del condado para labores en su granja familiar.
Según una investigación conjunta de Mississippi Today y The New York Times, el sheriff habría empleado a internos con privilegios especiales, conocidos como “trusties”, para realizar tareas en la granja de su madre, incluyendo la limpieza de gallineros, la instalación de pisos y la reparación de vehículos. Estas actividades, realizadas fuera de sus deberes habituales, habrían beneficiado económicamente al sheriff y a su familia.
De acuerdo con el reporte, los trusties eran transportados regularmente a la granja, en ocasiones por el propio sheriff Bailey, para llevar a cabo trabajos que incluían el uso de equipos adquiridos con fondos públicos. Entre estos equipos se encontraba un vehículo de construcción valorado en 97.000 dólares, comprado en 2019, que fue utilizado para preparar el terreno para cultivos y despejar áreas boscosas.
Además, registros financieros del condado muestran que desde 2018 se adquirieron accesorios para este vehículo por más de 50.000 dólares, junto con cerca de 10.000 dólares en herbicidas y suministros para el cuidado de aves de corral.
Un sistema de trabajo bajo presión
El programa de trabajo para trusties en Rankin County permite a los reclusos cumplir sus sentencias en la cárcel del condado en lugar de ser enviados a prisiones estatales. A cambio, los internos reciben privilegios especiales y realizan tareas para el mantenimiento de las instalaciones del condado, aunque no reciben remuneración. Sin embargo, varios exinternos entrevistados por los periodistas señalaron que sentían una fuerte presión para cumplir con cualquier tarea que se les asignara, incluso aquellas que excedían sus responsabilidades oficiales.
Un exinterno describió el programa como una situación en la que “eres propiedad del sheriff”. Según el abogado defensor Andy Sumrall, quien ha representado a varios extrusties, los participantes del programa debían firmar documentos en los que aceptaban cumplir la pena máxima por sus delitos si eran expulsados del programa por cualquier motivo. Además, el sheriff Bailey tenía la autoridad para decidir quién ingresaba al programa y si algún interno había violado sus términos.
La granja McLain: epicentro de las acusaciones
La granja McLain, propiedad de la madre del sheriff desde 1997, se encuentra en un terreno de 15 hectáreas cerca de la localidad de Puckett. La principal actividad de la granja es la cría de pollos, con una producción anual de aproximadamente 10.000 aves para Tyson Foods, que recolecta los huevos. Según varios exinternos, las labores en la granja incluían jornadas de hasta 12 horas los fines de semana y noches que se extendían hasta la madrugada.
Uno de los momentos más exigentes era la limpieza anual de los gallineros, que generaban cerca de 300 toneladas de desechos al año, una mezcla de excrementos, plumas, alimento no consumido y material de cama. Durante estas jornadas, hasta seis trusties trabajaban diariamente en la granja.
Un patrón de abuso de poder
La investigación también reveló que el sheriff Bailey habría utilizado a los trusties para trabajos personales, como la construcción de un deck en la casa de un exdiputado, Christian Dedmon, quien actualmente cumple una condena en prisión federal. Una fotografía de febrero de 2020 muestra a Dedmon y tres hombres más trabajando en el deck, dos de los cuales fueron identificados como trusties que cumplían condena en ese momento.
Dedmon, quien ha comenzado a hablar públicamente sobre su tiempo en el departamento del sheriff, afirmó que Bailey lo utilizó como “una herramienta” y que él mismo transportó a internos a la granja para realizar tareas. Según Dedmon, el sheriff le ordenó usar el vehículo de construcción del condado para preparar el terreno para cultivos y limpiar áreas boscosas en la granja.
Un departamento bajo escrutinio
El sheriff Bailey ya enfrentaba críticas desde 2023, cuando cinco de sus oficiales, conocidos como el “Goon Squad”, fueron acusados de violaciones a los derechos civiles por torturar a dos hombres afroamericanos, disparando a uno de ellos en la boca. Esta investigación reveló un patrón de brutalidad policial que se extendió por casi dos décadas, dirigido principalmente contra personas sospechosas de consumir o traficar drogas.
Desde entonces, decenas de víctimas han compartido sus testimonios sobre la violencia ejercida por el departamento, y líderes comunitarios han exigido la renuncia del sheriff. Sin embargo, Bailey ha evitado responder a las acusaciones relacionadas con el uso de los trusties en su granja. Su abogado, Jason Dare, afirmó que el departamento no responderá más preguntas de Mississippi Today o The New York Times, alegando un trato injusto en reportajes previos.
Implicaciones legales y éticas
El uso de recursos públicos y mano de obra carcelaria para beneficio personal está prohibido por la ley de Mississippi, que establece penas de hasta 20 años de prisión para los funcionarios que violen estas normas. Además, el Código de Ética en el Gobierno del estado prohíbe a los servidores públicos utilizar sus cargos para obtener beneficios económicos para ellos o sus familiares.
Expertos como Roun McNeal, profesor de justicia penal en la Universidad de Mississippi, han señalado que estas acciones representan una grave violación ética, ya que los funcionarios tienen control directo sobre el destino de los internos. Por su parte, Dan Pacholke, consultor en correcciones, calificó el uso de trabajo de reclusos para fines personales como “una violación ética enorme”.
Aunque algunos exinternos elogiaron el programa de trabajo por ayudarlos a superar adicciones y adquirir habilidades, otros denunciaron que el sistema los colocaba en una posición de vulnerabilidad extrema, obligándolos a cumplir con cualquier tarea asignada sin cuestionamientos.
