Diversas entidades bancarias en Estados Unidos informan a sus clientes sobre los procedimientos que se aplican a productos sin uso prolongado, conforme a las normativas estatales de bienes no reclamados. Cuando una cuenta no registra operaciones durante un plazo que varía entre tres y cinco años —según la legislación local—, las instituciones están obligadas a transferir los fondos al control del estado correspondiente.
Esta práctica, conocida como escheatment, afecta no solo a cuentas corrientes o de ahorro, sino también a otros productos financieros como certificados de depósito (CDs), cuentas individuales para la jubilación (IRAs), cheques de caja no cobrados, acciones, bonos y cajas de seguridad. Los fondos transferidos pueden ser reclamados posteriormente, pero el proceso implica trámites adicionales y suele tomar semanas o meses.
Este procedimiento tiene como finalidad evitar que fondos inactivos queden expuestos a posibles fraudes, usos indebidos o pérdida de control por parte de los titulares. En términos prácticos, las autoridades estatales actúan como custodios temporales del dinero, hasta que el propietario o sus herederos lo soliciten formalmente.
¿Cuándo se considera que una cuenta está en riesgo?
El concepto de inactividad financiera está regulado por las leyes de cada estado. Si no se registra actividad en una cuenta, como depósitos, retiros o consultas de saldo, durante un periodo establecido, esta puede ser considerada abandonada. En ese caso, la entidad bancaria debe iniciar un proceso de notificación al titular. Si no hay respuesta, los recursos deben ser enviados al estado como propiedad no reclamada.
Algunos estados también consideran inactivos otros productos financieros como dividendos no cobrados, intereses no reclamados y valores bursátiles no gestionados. En todos los casos, el banco tiene la obligación de informar a las autoridades correspondientes una vez que se alcanza el plazo legal de inactividad.
Aunque cada jurisdicción establece sus propios criterios y plazos, la mayoría de los estados exige a los bancos actuar si no hay movimientos durante tres a cinco años. Una vez iniciado el procedimiento, el cliente pierde acceso directo a sus fondos hasta que realice una solicitud formal de recuperación.
¿Qué medidas se pueden tomar para evitar el traspaso de fondos?
Para prevenir la clasificación de una cuenta como abandonada, los bancos recomiendan a sus clientes mantener una actividad mínima en sus productos. Esto puede incluir realizar una transferencia ocasional, hacer un depósito, retirar fondos, acceder a la banca digital o actualizar sus datos personales. También es importante cobrar cheques dentro del plazo de validez y responder a cualquier comunicación enviada por la institución.
Las entidades también aconsejan revisar los estados de cuenta con regularidad, tanto en formato físico como digital, para confirmar que no existen restricciones o alertas pendientes. En algunos casos, simplemente iniciar sesión en la plataforma digital puede ser suficiente para renovar el período de actividad.
Algunas entidades ofrecen herramientas digitales para monitorear la actividad y recibir alertas personalizadas que advierten sobre posibles riesgos de inactividad. Estas opciones pueden ser útiles para clientes que mantienen fondos a largo plazo sin realizar operaciones frecuentes.
También se recomienda nombrar beneficiarios en productos financieros, lo cual facilita el proceso de recuperación en caso de fallecimiento del titular y puede evitar que los fondos se transfieran al estado por falta de movimientos verificables.
¿Cómo se recuperan los fondos si ya fueron transferidos al estado?
Si los recursos ya han sido enviados a la custodia estatal, el titular o sus herederos pueden reclamarlos a través de mecanismos dispuestos por cada gobierno local. La Asociación Nacional de Administradores de Tesorería del Estado (NAST) facilita el acceso a esta información mediante el portal NAUPA, que centraliza búsquedas de activos no reclamados en todo el país.
El proceso de recuperación suele requerir documentación oficial, como pruebas de titularidad, identificación vigente y, en caso de fallecimiento del titular, certificados legales que acrediten parentesco. Aunque los fondos no se pierden de forma definitiva, el trámite puede extenderse dependiendo de cada caso.
En algunos estados, también se solicita evidencia de actividad anterior o documentos bancarios que permitan validar la propiedad del producto reclamado. La revisión y validación de estos elementos queda bajo la responsabilidad del organismo estatal correspondiente.
¿Por qué se aplican estas normas en el sistema bancario?
El traspaso de fondos a manos del gobierno responde a regulaciones que buscan proteger activos financieros que podrían quedar sin control durante años. Esta política es común en el sistema bancario estadounidense y está respaldada por leyes estatales que obligan a las entidades a notificar, documentar e informar sobre cualquier producto que no registre actividad durante el tiempo establecido por la normativa local.
Estas medidas también buscan reducir la incidencia de fraudes financieros relacionados con productos abandonados, así como reforzar los sistemas de gestión de patrimonio y transparencia institucional. En muchos casos, las autoridades estatales publican listados públicos de recursos no reclamados para facilitar su devolución.
Los bancos, por su parte, están obligados a aplicar estos procedimientos como parte de sus compromisos regulatorios y de cumplimiento. No hacerlo puede derivar en sanciones por parte de los entes supervisores financieros o estatales.
