Lewelyn Dixon, técnica de laboratorio de 64 años y residente legal permanente en Estados Unidos desde hace más de cinco décadas, permanece detenida desde el 28 de febrero por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el centro de detención del Noroeste, en Tacoma, Washington. Su arresto ocurrió al regresar de un viaje a Filipinas, su país de origen, y ha encendido el debate sobre los derechos de quienes, incluso con documentación válida, pueden ser objeto de deportación. La información fue publicada por diversos medios a partir de declaraciones de familiares, abogados y funcionarios locales.
Dixon, conocida como “Aunty Lyn” por sus sobrinas, emigró desde Filipinas cuando tenía 14 años. Actualmente, vive en Edgewood, en el condado de Pierce, y desde 2015 trabaja como técnica de laboratorio en el sistema médico de la Universidad de Washington. El 28 de febrero, tras aterrizar en el aeropuerto Seattle-Tacoma (SEA-TAC), fue retenida por agentes de Customs and Border Protection (CBP) sin recibir explicaciones inmediatas. Dos días después, el 2 de marzo, fue trasladada al Northwest ICE Processing Center, operado por la empresa privada GEO Group, donde continúa detenida. Su familia supo de su paradero solo después de recibir una llamada de ICE, según relató su sobrina Lani Madriaga a Fox News.
La razón de su detención no fue clara durante los primeros días. Según explicó su abogado Benjamin Osorio a Newsweek, la causa estaría relacionada con una condena de 2001 por malversación de fondos, un delito no violento por el que Dixon ya cumplió sentencia: 30 días en una casa intermedia y una multa de 6.400 dólares. “Fue la decisión de viajar lo que desató esto”, dijo Osorio. “Si no hubiera viajado, no podría ser deportada de Estados Unidos”. El caso de Dixon, subraya su abogado, es un ejemplo de cómo las normas de inadmisibilidad en puertos de entrada pueden ser utilizadas para detener a residentes permanentes.
Una condena antigua, una detención reciente
Dixon fue condenada en 2001 por sustraer dinero en ocho ocasiones de una bóveda del Washington Mutual Bank, donde trabajaba como supervisora de operaciones. Según el medio local The Seattle Times, ella se declaró culpable en un tribunal federal de Seattle y se le ordenó pagar 6.460 dólares de restitución. Completó ese pago en 2019. La sentencia no incluyó prisión: solo 30 días en el centro Pioneer Fellowship House. Su familia afirma que desde entonces no ha tenido problemas legales y que ha renovado su green card sin inconvenientes, incluso viajando al extranjero en años recientes.
Pese a ello, el marco legal actual permite que personas en su situación sean clasificadas como “extranjeros en llegada” al reingresar al país, lo que les impide acceder a fianza y los hace susceptibles a una detención obligatoria. “Está en una posición legal inusual, siendo a la vez inadmisible y elegible para naturalizarse”, explicó Osorio a Newsweek. Aunque antes no había enfrentado consecuencias al viajar, el contexto actual ha cambiado: “Estamos viendo cosas que antes no veíamos. Es una política de máxima aplicación”, dijo el abogado.
La familia de Dixon asegura que ICE no les ha proporcionado ninguna información formal sobre su detención. “Nos decían que estaban buscando documentos”, explicó Madriaga. Cuando intentaron saber por qué su tía había sido trasladada al centro de Tacoma, la respuesta fue: “No podemos decirles nada”, añadió en sus declaraciones. Dixon permanece en una litera baja dentro del centro de detención y pasa los días leyendo en la biblioteca, realizando videollamadas o conversando con otras personas detenidas.
Impacto personal y laboral
El caso de Dixon ha generado preocupación entre sus familiares, no solo por su salud emocional, sino también por las consecuencias laborales. La Universidad de Washington confirmó a Newsweek que Dixon sigue siendo empleada del centro médico, pero la incertidumbre sobre la duración de su detención podría afectar su posición. “No creo que su trabajo esté protegido”, dijo su sobrina Lani Madriaga a Fox News. El día de su detención, Dixon incluso solicitó a un agente de ICE que avisara a su supervisor que no llegaría a su turno nocturno en el laboratorio.
Durante la pandemia de COVID-19, Dixon trabajó procesando muestras de prueba, según contó su sobrina. “Siempre ha sido una trabajadora incansable. En los días en que la visitamos, nos pidió que no fuéramos entre semana para no interrumpir nuestros trabajos”, relató. Su entorno la describe como alguien discreta, responsable y muy cercana a sus sobrinas, a quienes ha visto crecer tras llegar a Hawái desde Filipinas en la década de 1970.
El impacto emocional también ha sido notable. En la primera visita familiar al centro de detención, Dixon lloró al verse en ese entorno. “Me dijo: ‘No estoy vestida de naranja, pero sí de amarillo’”, contó Madriaga en entrevista. Su familia teme que el proceso legal, cuya próxima audiencia está programada para el 17 de julio, se alargue innecesariamente. Osorio intenta adelantarla, preocupado por las implicaciones laborales y personales que supondría una espera de varios meses en detención.
