Representantes legales de migrantes venezolanos y haitianos con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) solicitaron el lunes a un tribunal federal de San Francisco suspender la cancelación del programa ordenada por la administración de Donald Trump, que podría dejar sin protección migratoria a cientos de miles de personas a partir de abril.
La solicitud judicial fue presentada por la Alianza Nacional del TPS y un grupo de migrantes que actualmente residen en Estados Unidos bajo este estatus. Los demandantes alegan que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dirigida por la secretaria Kristi Noem, viola normas administrativas y responde a motivaciones discriminatorias. Entre sus argumentos destacan declaraciones públicas de funcionarios que, según los abogados, evidencian prejuicios contra ciudadanos de Venezuela y Haití.
La audiencia marca el inicio de un proceso judicial que busca impedir la entrada en vigor de las recientes resoluciones del DHS, adoptadas en febrero, que anulan las prórrogas del TPS emitidas durante el gobierno de Joe Biden. De no concederse la medida cautelar, las protecciones para cientos de miles de migrantes vencerán el 2 de abril, exponiéndolos a procesos de deportación, de acuerdo con reportes de The New York Times.
¿Qué es el TPS y a quién protege actualmente?
El Estatus de Protección Temporal fue creado en 1990 mediante una ley del Congreso y permite otorgar autorización legal de residencia y trabajo a migrantes provenientes de países que atraviesan catástrofes naturales, conflictos armados u otras condiciones extraordinarias. El beneficio puede renovarse, pero no conduce automáticamente a la residencia permanente.
En la actualidad, los grupos más numerosos de beneficiarios del TPS provienen de Venezuela y Haití. Según The New York Times, aproximadamente 600.000 venezolanos tienen TPS vigente, tras huir de la crisis política, económica y social bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Por su parte, unos 500.000 haitianos califican para el estatus, muchos de ellos acogidos tras el terremoto de 2010 o el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, eventos que agravaron el colapso institucional en el país caribeño.
¿Por qué el gobierno de Trump intenta eliminar el TPS?
El gobierno del presidente Donald Trump ha cuestionado la continuidad del TPS para ciertos países argumentando que el programa fue extendido más allá de su intención original. Según los abogados del DHS, permitir que las prórrogas continúen de manera indefinida debilita los mecanismos migratorios del país.
El argumento oficial es que las condiciones que motivaron las designaciones iniciales han cambiado. Sin embargo, organizaciones civiles como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) sostienen que la administración actúa con criterios racialmente motivados. En su demanda, citan comentarios de Trump y Noem que asocian a migrantes venezolanos con pandillas como el Tren de Aragua, calificándolos de “escoria”, según documentos judiciales revisados por The New York Times.
¿Qué consecuencias tendría el fin del TPS para venezolanos y haitianos?
La eliminación del TPS afectaría de forma directa a quienes han residido y trabajado legalmente en EE.UU. durante años. Muchos beneficiarios están empleados en sectores como la educación, la construcción, los servicios de salud y el cuidado de personas mayores. La revocación inmediata de su estatus podría tener consecuencias laborales, familiares y económicas.
CNN informó que, de no detenerse la medida antes del 2 de abril, cerca de 350.000 personas quedarían sin protección migratoria en las siguientes semanas. De acuerdo con los demandantes, esto representaría una amenaza de deportación inmediata para miles de trabajadores y sus familias, así como la ruptura de vínculos comunitarios construidos a lo largo de años.
¿Qué medidas adicionales ha tomado la Casa Blanca en política migratoria?
Además del fin del TPS para venezolanos y haitianos, el gobierno de Trump canceló el programa CHNV, creado bajo la administración Biden. Este mecanismo permitía la entrada legal de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, siempre que contaran con un patrocinador financiero y superaran controles de seguridad. Según The New York Times, esta política fue suspendida como parte de un paquete más amplio de restricciones migratorias.
La administración también ha recurrido a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar la deportación de migrantes venezolanos a terceros países como El Salvador, sin audiencias migratorias. La legalidad de esta medida ha sido cuestionada por jueces federales, lo que ha generado una confrontación con el Poder Judicial que algunos analistas describen como una posible crisis constitucional.
¿Cuál es el contexto judicial de la nueva demanda?
La demanda presentada en San Francisco forma parte de una serie de procesos en curso en otras jurisdicciones, incluidos tribunales federales en Massachusetts y Maryland, donde se discuten decisiones similares del DHS. Durante el primer mandato de Trump, acciones judiciales lograron bloquear intentos previos de cancelar el TPS para más de 400.000 personas.
Los abogados de los demandantes afirman que el DHS no cumplió con los procedimientos requeridos para revocar las protecciones legales, lo que violaría la Ley de Procedimientos Administrativos.
¿Qué decisión se espera del tribunal?
La audiencia del lunes tuvo como propósito evaluar si se concederá una medida cautelar para suspender temporalmente la cancelación del TPS mientras se resuelve el litigio principal. De acuerdo con The New York Times, los abogados del gobierno argumentaron que impedir la aplicación de las decisiones del DHS limitaría las facultades ejecutivas de la Casa Blanca en materia migratoria.
No está claro si el tribunal emitirá un fallo inmediato ni si la decisión tendrá efectos a nivel nacional. Mientras tanto, miles de familias con TPS esperan conocer si podrán conservar su estatus o si deberán enfrentar procesos de expulsión en las próximas semanas.
