Un video publicado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mostrando a migrantes venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ha desatado una ola de preocupación entre familiares y defensores de derechos humanos.
Según informó AFP, algunos familiares han identificado a sus seres queridos en las imágenes, mientras que otros aseguran que sus parientes han desaparecido de las listas públicas de los centros de detención en Estados Unidos, lo que incrementa la incertidumbre sobre su paradero.
La situación se enmarca en una política de deportaciones masivas implementada por la administración de Donald Trump, que ha justificado estas acciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esta legislación, que solo ha sido utilizada tres veces en la historia de Estados Unidos, permite al Ejecutivo actuar de manera inmediata en casos que considere una amenaza a la seguridad nacional.
El gobierno de Trump ha señalado a los deportados como presuntos integrantes de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, aunque menos de la mitad de los 238 venezolanos enviados a El Salvador tendrían vínculos con esta organización, según denuncias de activistas y abogados.
¿Qué hacer?
Ante la deportación de venezolanos desde Estados Unidos a El Salvador, la organización Human Rights Watch (HRW) recomendó a las familias de los afectados que busquen asesoría legal y contacten a organizaciones de derechos humanos para documentar los casos.
Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de HRW, explicó que los familiares pueden acercarse a distintas organizaciones que trabajan en la defensa de los migrantes. “Nosotros estamos documentando estos casos y tenemos contacto con organizaciones no gubernamentales que están litigando en Estados Unidos”, afirmó en entrevista con CNN.
“En este caso en concreto, nos preocupa mucho que estén siendo enviados a El Salvador, un país en el que hemos podido documentar que durante tres años del régimen de excepción bajo el gobierno de Bukele el sistema penitenciario y carcelario es un sistema de comisión de violaciones masivas a los derechos humanos”, advirtió Goebertus en una entrevista con la cadena británica BBC.
El impacto en las familias
La comunidad venezolana en Estados Unidos vive momentos de angustia, pues las deportaciones han sido acompañadas de una retórica agresiva por parte de la Casa Blanca, que ha descrito a los migrantes como integrantes de la pandilla venezolana.
Sin embargo, familiares y defensores de derechos humanos argumentan que muchos de los deportados eran simplemente personas indocumentadas que buscaban mejores oportunidades de vida.
Además, la decisión de no renovar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de venezolanos ha agravado la situación. Según ABC News, partir del 7 de abril, 348.000 venezolanos que llegaron a Estados Unidos en 2023 quedan expuestos a posibles deportaciones, y en septiembre, otros 300.000 perderán esta protección.
La invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros ha generado un intenso debate legal y político. Trump firmó en secreto una proclamación para justificar las deportaciones, argumentando que Estados Unidos enfrenta una “invasión” por parte del Tren de Aragua. Sin embargo, expertos legales han cuestionado la validez de esta justificación, señalando la falta de pruebas concretas.
En una audiencia en la corte federal del Distrito de Columbia, el juez James Boasberg ordenó al gobierno proporcionar información detallada sobre los vuelos de deportación, incluidos los nombres y el número exacto de deportados.
Según el medio, los abogados del gobierno se negaron a revelar estos datos, citando razones de seguridad nacional. A pesar de una orden judicial que bloqueaba temporalmente las deportaciones, los aviones aterrizaron en El Salvador el sábado pasado, lo que ha sido interpretado como un desafío directo a la separación de poderes en Estados Unidos.
Las implicaciones políticas
La Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798, ha sido utilizada en contadas ocasiones, principalmente durante conflictos bélicos como la guerra de 1812 y las dos guerras mundiales. Según AFP, esta es la primera vez que se aplica en un contexto migratorio, lo que ha generado críticas sobre un posible abuso de poder por parte del Ejecutivo.
La decisión de invocar esta ley forma parte de un esfuerzo más amplio de la administración Trump por ampliar los poderes del Ejecutivo, enfrentándose a la Justicia y desafiando la separación de poderes.
Esta estrategia ha sido acompañada de una narrativa que busca justificar las deportaciones como una medida de seguridad nacional, aunque las pruebas presentadas hasta ahora han sido cuestionadas por expertos y defensores de derechos humanos.
Mientras las familias y activistas buscan respuestas, el juez Boasberg ha dado al gobierno un plazo para entregar información completa sobre los deportados. Según AFP, se espera que estos datos incluyan el número exacto de personas enviadas a El Salvador y detalles sobre su situación legal.
En paralelo, organizaciones no gubernamentales y abogados continúan litigando los casos en Estados Unidos, buscando revertir las deportaciones y garantizar que los migrantes reciban un trato justo. Sin embargo, el futuro de los deportados sigue siendo incierto, y la comunidad venezolana en Estados Unidos enfrenta un panorama cada vez más complicado.
