Un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York, condenó a 20 meses de prisión a un empresario chino residente legal en Estados Unidos por actuar como agente no registrado del gobierno de China. La sentencia marca otro caso relevante dentro de una serie de procesos relacionados con “Operación Fox Hunt”, una iniciativa de Pekín que, según las autoridades estadounidenses, ha sido utilizada para perseguir y presionar a ciudadanos chinos exiliados a través de tácticas de acoso en territorio extranjero, según AP.
El acusado, Quanzhong An, de 58 años, fue arrestado en 2020 y se declaró culpable el año pasado de participar en una operación dirigida contra un ciudadano chino acusado por su país de malversación de fondos. Las autoridades estadounidenses sostienen que An actuó siguiendo instrucciones del gobierno chino para localizar y hostigar a un exdirectivo de una empresa estatal, con el objetivo de forzarlo a regresar a China. El caso pone de relieve los crecientes esfuerzos de Beijing para repatriar a ciudadanos bajo cargos penales, pero también las tensiones diplomáticas que estas prácticas generan con Washington.
Durante el proceso judicial, se presentaron grabaciones, visitas y comunicaciones con funcionarios chinos como evidencia del papel que jugó An en la operación. La sentencia fue reducida respecto a lo solicitado por la fiscalía, debido a factores personales y la cooperación del acusado, quien ya ha cumplido siete meses de prisión. Su hija, también implicada, espera ser sentenciada tras declararse culpable en 2024.
¿Qué es “Operación Fox Hunt” y por qué EE.UU. la considera una forma de represión?
“Operación Fox Hunt” fue lanzada en 2014 por el presidente Xi Jinping como parte de su campaña anticorrupción para perseguir a ciudadanos chinos acusados de delitos económicos que se habían refugiado en el extranjero. Según Pekín, la operación busca reforzar el Estado de derecho al capturar prófugos implicados en corrupción y desfalco.
Sin embargo, el Departamento de Justicia de EE.UU. considera que esta iniciativa ha derivado en prácticas de represión transnacional. Esto incluye el uso de amenazas, vigilancia ilegal, presión a familiares y otros métodos extrajudiciales para obligar a ciudadanos chinos a regresar a su país, muchas veces sin garantías de debido proceso. Washington sostiene que estas acciones violan la soberanía estadounidense y representan un intento de silenciar o controlar a ciudadanos o residentes legales en territorio estadounidense.
Desde 2020, las autoridades estadounidenses han procesado a decenas de personas por participar en estas actividades, principalmente en nombre de China e Irán. Estos casos incluyen desde vigilancia ilegal hasta amenazas explícitas y planes de secuestro.
¿Qué hizo Quanzhong An y cuál fue el objetivo de la operación?
De acuerdo con la acusación presentada por la fiscalía federal del Distrito Este de Nueva York, Quanzhong An fue el operador clave en EE.UU. de un intento por presionar a un ciudadano chino acusado de corrupción para que regresara a China. El nombre del objetivo no ha sido revelado públicamente, pero según el expediente, se trataba de un exgerente de una empresa estatal china.
En 2017, An se presentó en el domicilio del hijo del exdirectivo, residente también en EE.UU., para intentar ubicar al padre. A partir de 2020, mantuvo una serie de reuniones grabadas con el hijo, en las que ofreció ayuda para resolver el caso, al tiempo que advertía sobre posibles consecuencias si no se producía el regreso voluntario del objetivo.
Según la acusación, An afirmó que los funcionarios chinos estaban siguiendo los movimientos de la familia y que continuarían ejerciendo presión. Incluso llegó a ofrecer pagar las supuestas ganancias malhabidas del exdirectivo con el fin de facilitar su retorno. Además, coordinó una llamada entre el hijo y un funcionario chino como parte de la campaña de intimidación.
¿Quiénes más están involucrados en el caso?
El caso contra Quanzhong An incluye a otras seis personas, entre ellas su hija, Guangyang An, quien también fue acusada por actuar como agente extranjero no registrado. Guangyang se declaró culpable en mayo de 2024 y actualmente se encuentra en espera de sentencia, de acuerdo con AP.
Los otros cinco acusados no han sido identificados públicamente, y la fiscalía no ha proporcionado actualizaciones sobre su situación judicial. Este caso se suma a una serie de procesos federales relacionados con la “Operación Fox Hunt” que se han desarrollado en cortes de Nueva York y otras jurisdicciones.
En 2023, un tribunal de Brooklyn celebró el primer juicio en EE.UU. relacionado con esta operación. Tres personas fueron halladas culpables, dos de ellas ya han recibido sentencias de prisión, mientras que la tercera espera conocer su condena.
¿Qué implicaciones tiene este caso para las relaciones entre EE.UU. y China?
Este y otros casos similares han generado una creciente tensión diplomática entre Estados Unidos y China. Mientras el gobierno chino insiste en que sus operaciones están orientadas exclusivamente a combatir la corrupción y no violan la legalidad internacional, Washington acusa a Pekín de usar el aparato estatal para extender su control más allá de sus fronteras.
Desde 2020, el Departamento de Justicia ha intensificado sus investigaciones sobre actividades de influencia y represión extranjera, argumentando que violan las leyes estadounidenses al no registrar adecuadamente la actuación en nombre de gobiernos foráneos y por recurrir a métodos coercitivos ilegales. Estas acciones han incluido arrestos, imputaciones y sanciones diplomáticas.
China, por su parte, ha rechazado las acusaciones, afirmando que no amenaza a sus ciudadanos en el extranjero y que coopera con otros países en materia de justicia. No obstante, en múltiples procesos judiciales en EE.UU., se han documentado comunicaciones directas entre los acusados y funcionarios del Partido Comunista Chino.
¿Cuál es el futuro de la política estadounidense frente a la represión transnacional?
El Departamento de Justicia ha anunciado que continuará priorizando el enjuiciamiento de casos relacionados con represión transnacional. Además, el Congreso ha debatido medidas legislativas para reforzar los mecanismos legales contra quienes actúen como agentes extranjeros no registrados o participen en actividades de acoso en territorio estadounidense.
Estos casos han motivado también una revisión de los protocolos de protección para disidentes, periodistas y exiliados políticos que residen en Estados Unidos, muchos de los cuales han sido blanco de vigilancia o amenazas por parte de actores extranjeros. La sentencia contra Quanzhong An refuerza el mensaje de que las autoridades estadounidenses buscan contener este tipo de acciones en su territorio.
