El presidente Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva para cerrar el Departamento de Educación de Estados Unidos. La medida responde a una de las promesas de campaña de Trump, en línea con su postura de que el Departamento de Educación es un organismo derrochador e influenciado por ideología liberal.
Sin embargo, el cierre definitivo del departamento es casi imposible sin la aprobación del Congreso, que creó la agencia en 1979.
De acuerdo con un documento oficial de la Casa Blanca, la orden instruirá a la secretaria de Educación, Linda McMahon, a “tomar todas las medidas necesarias para facilitar el cierre del Departamento de Educación y devolver la autoridad educativa a los estados, garantizando al mismo tiempo la entrega efectiva e ininterrumpida de servicios, programas y beneficios en los que los estadounidenses confían”.
Impacto y reacciones
El gobierno de Trump ya ha implementado recortes en el Departamento de Educación, reduciendo a la mitad su plantilla y limitando las funciones de la Oficina de Derechos Civiles y el Instituto de Ciencias de la Educación, que recopila datos sobre el rendimiento académico nacional.
Defensores de la educación pública han criticado la decisión. La National Parents Union sostuvo en un comunicado que la eliminación del departamento agravaría las desigualdades en el sistema educativo. “Esto no es arreglar la educación”, afirmó la organización. “Es asegurarse de que millones de niños nunca tengan una oportunidad justa. No permitiremos que eso suceda sin una pelea.”
El congresista Bobby Scott, demócrata de Virginia y líder del Comité de Educación y la Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes, calificó la orden como “peligrosa e ilegal” y advirtió que perjudicaría desproporcionadamente a estudiantes de bajos ingresos, comunidades minoritarias y personas con discapacidad.
Scott subrayó que el departamento “fue fundado en parte para garantizar la aplicación de los derechos civiles de los estudiantes” y que su desmantelamiento responde a presiones históricas de quienes defienden el control estatal sobre la educación.
Por otro lado, grupos conservadores han respaldado la medida. Tiffany Justice, cofundadora de Moms for Liberty, expresó en redes sociales: “No más burocracia inflada dictando lo que aprenden los niños ni sofocando la innovación con regulaciones innecesarias. Estados, comunidades y padres pueden tomar las riendas y adaptar la educación a lo que realmente funciona para sus hijos”.
Consecuencias y obstáculos legislativos
Hasta el momento, la Casa Blanca no ha especificado qué funciones del departamento podrían transferirse a otras agencias o eliminarse por completo. En su audiencia de confirmación, McMahon aseguró que mantendría iniciativas clave, como los fondos Título I para escuelas de bajos ingresos y las becas Pell para estudiantes universitarios con dificultades económicas.
El Departamento de Educación administra anualmente miles de millones de dólares para instituciones educativas y supervisa un portafolio de préstamos estudiantiles de 1,6 billones de dólares. También desempeña un papel clave en la protección de los derechos civiles y en la asignación de recursos a programas como McKinney-Vento, que apoya a estudiantes sin hogar.
A pesar del impulso de Trump para desmantelar la agencia, algunos republicanos han cuestionado la viabilidad de la medida sin aprobación legislativa. En 2023, un intento en la Cámara de Representantes de cerrar el departamento fracasó cuando 60 legisladores republicanos se unieron a los demócratas para bloquear la propuesta.
Durante su primer mandato, la entonces secretaria de Educación, Betsy DeVos, intentó reducir drásticamente el presupuesto del departamento y transformar la financiación de educación K-12 en subvenciones en bloque para que los estados tuvieran mayor autonomía en el uso de los fondos. La propuesta fue rechazada, incluso por algunos republicanos.
Aunque Trump ha buscado debilitar el departamento, también lo ha utilizado para promover su agenda política. Ha empleado la Oficina de Derechos Civiles para investigar y amenazar con retirar fondos a escuelas y universidades que no acaten sus directrices en temas como la participación de atletas transgénero en deportes femeninos, las protestas pro-palestinas y los programas de diversidad.
El debate sobre el control educativo
La propuesta de Trump se alinea con la postura de la mayoría conservadores, que han abogado por décadas por la eliminación del Departamento de Educación, argumentando que representa una intervención federal innecesaria y un gasto excesivo para los contribuyentes.
En su plataforma, Trump ha calificado la agencia como un centro de “radicales, fanáticos y marxistas” que extienden excesivamente su influencia a través de directrices y regulaciones.
Actualmente, los distritos escolares ya controlan sus propios planes de estudio, pero algunos sectores republicanos han presionado para que los fondos federales se distribuyan sin condiciones a los estados. Esta estrategia genera incertidumbre sobre programas esenciales como Título I, la principal fuente de financiamiento federal para escuelas públicas.
A nivel universitario, la dependencia de fondos federales es mayor, especialmente a través de subvenciones para investigación y asistencia financiera para estudiantes. La eliminación del Departamento de Educación podría alterar significativamente la administración de estos recursos.
El futuro de la iniciativa de Trump dependerá de la reacción del Congreso y de posibles desafíos legales, en un contexto en el que el papel del gobierno federal en la educación sigue siendo un tema de intenso debate.
(Con información de AP)
