En un esfuerzo por reducir las pérdidas económicas derivadas de fraudes, la Administración del Seguro Social (SSA) implementará nuevas medidas de verificación de identidad que afectarán a millones de beneficiarios y solicitantes en los Estados Unidos.
Según informó The Associated Press (AP), a partir del 31 de marzo, las personas ya no podrán verificar su identidad con la SSA por teléfono. Aquellos que no puedan completar este proceso a través del portal en línea “my Social Security” deberán acudir personalmente a una de las oficinas de la agencia para finalizar la verificación.
Estas nuevas disposiciones aplicarán tanto a los nuevos solicitantes de beneficios como a los beneficiarios actuales que deseen realizar cambios en la información de depósito directo. La medida busca frenar el fraude relacionado con depósitos directos, que, según el comisionado interino de la SSA, Leland Dudek, genera pérdidas superiores a los 100 millones de dólares anuales.
Durante una llamada con periodistas, Dudek explicó que los métodos actuales de autenticación basados en el conocimiento de datos personales ya no son seguros, ya que esta información se encuentra ampliamente disponible en el dominio público.
Impacto en comunidades vulnerables
Sin embargo, la decisión ha generado preocupación entre defensores de los derechos de los jubilados y otros grupos vulnerables. Según destacó la AP, los críticos advierten que esta política podría afectar de manera desproporcionada a las personas mayores que viven en áreas rurales, a quienes tienen discapacidades o limitaciones de movilidad, y a aquellos con acceso limitado a internet.
Estas dificultades se agravan por los planes de la SSA de cerrar decenas de oficinas en todo el país y despedir a miles de empleados, lo que podría complicar aún más el acceso a los servicios.
El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Elon Musk, ha anunciado que los contratos de arrendamiento de 47 oficinas de la SSA en estados como Arkansas, Texas, Luisiana, Florida, Kentucky y Carolina del Norte ya han sido cancelados o están próximos a finalizar.
Según Dudek, muchas de estas oficinas eran pequeños sitios remotos que atendían a un número reducido de personas, minimizando así el impacto de los cierres.
Cambios en los tiempos de procesamiento
Además de los nuevos requisitos de verificación, la SSA planea acelerar el procesamiento de solicitudes para cambios en depósitos directos.
Según la AP, este trámite, que anteriormente podía tardar hasta 30 días cuando se realizaba en línea, ahora será completado en un día hábil, tanto en persona como a través del portal digital. Dudek calificó estas medidas como “de sentido común” para proteger a los ciudadanos y mejorar la eficiencia del sistema.
No obstante, las decisiones de la SSA han sido objeto de críticas políticas. El representante demócrata por Connecticut, John Larson, quien lidera el Subcomité de Seguridad Social de la Cámara de Representantes, acusó a la administración de Donald Trump y al DOGE de intentar desestabilizar el sistema para justificar su privatización.
En un comunicado, Larson afirmó que “al exigir que los adultos mayores y las personas con discapacidades se inscriban en línea o en persona en las mismas oficinas que están cerrando, están creando caos e ineficiencias”.
Reacciones públicas y demandas legales
Las decisiones de la administración han generado una ola de preocupación entre los ciudadanos. Según reportó la AP, votantes de todo el país han asistido a reuniones públicas para cuestionar a legisladores republicanos sobre los recortes presupuestarios y los cambios en los programas de beneficios para personas mayores.
Además, un grupo de sindicatos presentó una demanda la semana pasada, solicitando a un tribunal federal que impida al DOGE acceder a los datos sensibles de millones de beneficiarios del Seguro Social.
Por su parte, Musk ha sido un crítico abierto de los programas federales de beneficios, calificándolos como ineficientes y plagados de fraude. Según la AP, el empresario ha llegado a describir al Seguro Social como un “esquema Ponzi” y ha señalado que estos programas son un objetivo clave en su esfuerzo por reducir el gasto gubernamental.
Actualmente, más de 72,5 millones de personas, incluidos jubilados y niños, reciben beneficios de jubilación y discapacidad a través de la SSA. Mientras tanto, la implementación de estas medidas y los recortes en la infraestructura de la SSA continúan generando debate sobre el equilibrio entre la lucha contra el fraude y la accesibilidad de los servicios para los ciudadanos más vulnerables.
