María Margarita Rojas, una partera de 48 años, fue arrestada en el área de Houston, Texas, bajo la acusación de realizar abortos ilegales y ejercer la medicina sin licencia, según anunció el lunes el fiscal general del estado, Ken Paxton. Este caso despertó atención nacional, ya que se enmarca en el contexto de las estrictas leyes antiabortistas vigentes en dicho territorio.
De acuerdo con ABC News, Rojas es conocida como la “Dra. María” y supuestamente gestionaba una red de clínicas en el noroeste de Houston. Estas incluyen la Clínica Waller Latinoamericana, la Clínica Latinoamericana Telge en Cypress, y la Clínica Médica Latinoamericana en Spring.
Según las autoridades, estas instalaciones eran utilizadas para realizar procedimientos que violan la Ley de Protección de la Vida Humana de Texas de 2021. El fiscal general aseguró que Rojas fue formalmente acusada de dos cargos: práctica ilegal de abortos y ejercicio de la medicina sin licencia, el primero siendo un delito grave de segundo grado.
Una condena por este delito podría conllevar entre 2 y 20 años de prisión, además de una multa de hasta 100.000 dólares, resaltó ABC News.
La responsabilidad penal en estos casos recae exclusivamente sobre los proveedores de abortos y no sobre los pacientes, de acuerdo con las leyes estatales. Además, ABC News reportó que Paxton solicitó una orden judicial para cerrar temporalmente las clínicas relacionadas con Rojas.
Esta iniciativa es parte de los esfuerzos de la División de Aplicación de Programas de Salud, adscrita a la fiscalía general, que monitorea el cumplimiento de las leyes de salud en Texas.
“En Texas, la vida es sagrada”, dijo Paxton en una rueda de prensa, reiterando su compromiso con la defensa de las leyes provida en el estado.
Por su parte, The Washington Post subrayó que este caso marca un precedente legal importante, ya que se trataría de la primera imputación penal en virtud de la Ley de Protección de la Vida Humana. Según esta normativa, los abortos están estrictamente prohibidos, salvo en casos excepcionales que impliquen riesgo de vida para la madre o que puedan provocar un daño severo a su salud.
Para garantizar que los procedimientos se lleven a cabo solo bajo dichas circunstancias, la ley también exige cumplir un proceso riguroso: dos visitas médicas, incluyendo una sesión obligatoria de asesoramiento en persona con un intervalo de al menos 24 horas entre ambas.
La detención de Rojas también abre otra línea de investigación. Según ABC News, se la acusa de haber contratado personal médico sin licencia que supuestamente se hacía pasar por profesionales certificados para asistir en las clínicas. Estas acciones representan un peligro para la salud de las pacientes, aseguró la oficina del fiscal general.
“Trabajaré para asegurarme de que todas las personas no autorizadas que realicen abortos ilegales enfrenten la justicia”, afirmó Paxton a los medios.
Según el Instituto Guttmacher, una organización especializada en salud sexual y reproductiva, las restricciones significativas a los abortos han dejado a las mujeres con opciones limitadas en el estado, donde el procedimiento ya estaba altamente regulado incluso antes de la Ley de Protección de la Vida Humana.
Hasta el momento, no está claro si María Margarita Rojas ha designado a un abogado para su defensa ni si ha presentado su declaración ante las autoridades. Mientras tanto, las autoridades locales continuarán llevando a cabo investigaciones adicionales sobre las operaciones de las clínicas vinculadas a este caso.
