El fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de venezolanos en Estados Unidos amenaza con provocar un fuerte impacto en Doral, la ciudad con la mayor concentración de migrantes de ese país. Conocida como “Doralzuela”, esta zona al noroeste de Miami enfrenta una creciente incertidumbre ante el vencimiento del programa el 7 de abril, fecha en la que muchos perderán su permiso de trabajo y protección contra la deportación.
Desde que se anunció la medida, comerciantes y autoridades locales han expresado su preocupación por el posible colapso de la economía local. “Gran parte de nuestra comunidad venezolana tiene TPS. Muchos son dueños de negocios. Otros son trabajadores que han desempeñado un papel crucial en mantener nuestra economía en auge”, afirmó el concejal de Doral, Rafael Pineyro, en declaraciones a EFE. Empresas de distintos sectores ya han comenzado a sentir el efecto de la crisis, con despidos, reducción de clientes y un aumento en la incertidumbre.
A medida que la fecha límite se acerca, algunos residentes venezolanos han comenzado a modificar su estilo de vida y a prepararse para una posible permanencia irregular en el país. “Tengo muchos amigos con TPS que se están preparando para funcionar como indocumentados”, contó un vendedor de autos a EFE, solicitando el anonimato. Mientras tanto, negocios en Doral han experimentado una caída en sus ingresos, lo que ha generado un ambiente de inquietud en la comunidad.
Qué es el TPS
El Estatus de Protección Temporal (TPS) es un programa migratorio creado en 1990 bajo la Ley de Inmigración de Estados Unidos, diseñado para proteger a ciudadanos de países que enfrentan conflictos armados, desastres naturales o condiciones extraordinarias. Este beneficio otorga un permiso de trabajo y protege de la deportación a los inmigrantes elegibles que ya se encuentran en EE.UU. en el momento de la designación.
Según el American Immigration Council, la decisión de otorgar TPS a un país depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que evalúa la situación en cada nación afectada. En el caso de Venezuela, el programa fue aprobado en 2021 debido a la crisis política y humanitaria. A pesar de ser una protección temporal, muchos beneficiarios han vivido en Estados Unidos por años y han construido una vida estable en el país.
Actualmente, el TPS para venezolanos ha sido extendido hasta octubre de 2025, pero solo para aquellos que lo renovaron en septiembre de 2023. Los demás perderán su estatus el 7 de abril de 2025, lo que los dejará en una situación migratoria irregular.
Una ciudad con una economía en riesgo
Doral, incorporada como ciudad en 2003, se ha convertido en un importante polo económico dentro del área metropolitana de Miami-Dade. Además de ser sede de empresas clave como Telemundo, Univision, Carnival y Avianca, la ciudad ha crecido gracias a la inversión de inmigrantes, en su mayoría venezolanos. Según datos de la Alcaldía de Doral, el 40 % de sus 84.000 habitantes tiene raíces venezolanas, lo que la convierte en el mayor enclave de esta comunidad en Estados Unidos.
El TPS, otorgado en 2021, permitió a miles de venezolanos trabajar legalmente y adquirir bienes, como vehículos y viviendas. “Muchos han podido acceder a hipotecas y han contribuido a la economía local de manera significativa”, explicó Pineyro. Sin embargo, el fin del programa pone en riesgo estos avances, ya que quienes pierdan su estatus podrían enfrentar dificultades para mantener sus negocios o empleos.
Desde que se anunció que el TPS no sería renovado, varios sectores económicos en Doral han comenzado a sufrir pérdidas. Un vendedor de autos declaró a EFE que su concesionario ha registrado la devolución de 162 vehículos en las últimas semanas. “Los habían sacado para trabajar en negocios de repartición de comida o como choferes de Uber y Lyft, pero ahora temen que eso los haga más vulnerables si hay redadas de deportación”, explicó.
Otros comercios han experimentado una drástica reducción en ventas. La encargada de un servicio de lavado de autos informó que la clientela ha caído un 50 % desde el anuncio del fin del TPS. “Ya nadie pide el servicio premium”, dijo. En restaurantes como El Arepazo, considerado un símbolo de la comunidad venezolana, el impacto también se ha hecho sentir. “Nunca lo había visto así. Antes había filas a la hora del almuerzo, ahora hay muchas mesas vacías”, comentó un comensal a EFE.
Incertidumbre y temor en la comunidad
A medida que se acerca la fecha límite, el miedo a deportaciones y redadas ha llevado a muchos a cambiar su comportamiento. “La gente ya ha empezado a esconderse y a ahorrar”, relató un trabajador a EFE. Algunos optan por limitar sus interacciones en público, mientras que otros han comenzado a autodeportarse.
El presidente de la Cámara de Comercio de Doral, Manny Sarmiento, advirtió que los efectos reales del fin del TPS se verán en los próximos meses. “El verdadero daño lo veremos a lo largo del año, cuando se sepa quiénes se fueron, quiénes decidieron quedarse y qué medidas tomará el gobierno”, indicó a EFE.
En un intento por frenar la decisión, varias organizaciones han presentado una demanda ante un tribunal federal en Boston, argumentando que la aceleración del fin del TPS podría estar motivada por prejuicios raciales y violar la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. No obstante, incluso si la demanda prospera, el concejal Pineyro reconoce que solo sería una solución temporal.
