La administración de Donald Trump trasladó de vuelta a Estados Unidos a los 40 migrantes que recientemente había enviado a la base militar de Guantánamo, Cuba, según informó The New York Times.
Esta decisión se produce días antes de que un tribunal federal en Washington escuche un desafío legal contra la política migratoria que ha llevado a 290 migrantes de 27 países a pasar por la base desde enero.
El gobierno no ha anunciado oficialmente el traslado de los migrantes a centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Luisiana, y no ha dado razones para la medida. Sin embargo, fuentes anónimas informaron al diario neoyorquino que el movimiento ocurrió el martes 11 de marzo. Según el medio, la mayoría de los migrantes fueron llevados al Aeropuerto Internacional de Alexandria, en el centro de Luisiana, que se ha convertido en un punto clave en la detención y traslado de inmigrantes.
Desde febrero, la administración ha utilizado instalaciones en Guantánamo para detener a migrantes, incluyendo una prisión militar antes destinada a sospechosos de terrorismo. A finales de ese mes, el gobierno deportó a 177 venezolanos desde la base, entregándolos a las autoridades de su país. En contraste, los 40 migrantes trasladados esta semana fueron enviados nuevamente a Estados Unidos.
El gobierno estadounidense ha justificado el uso de la base argumentando que es un lugar adecuado para detener a individuos considerados peligrosos, como supuestos miembros de Tren de Aragua, una organización criminal venezolana recientemente designada como grupo terrorista extranjero. Sin embargo, el gobierno no ha presentado pruebas de que los venezolanos retenidos en Guantánamo pertenezcan a dicha banda.
Según documentos judiciales, en Guantánamo permanecían aún hasta el pasado viernes 17 migrantes en un centro de seguridad media y 23 en Camp Six, la antigua prisión militar. Un informe del Departamento de Justicia detalla que los migrantes fueron sometidos a búsquedas corporales por parte de tropas estadounidenses y, en algunos casos, sujetos a sillas de inmovilización tras incidentes de autolesión.
El costo total de la operación ha ascendido a 16 millones de dólares, según un informe presentado a una delegación del Congreso la semana pasada. En la base, la misión de detención involucra a 1.000 efectivos de seguridad y contratistas civiles, muchos de ellos trasladados desde bases militares en Estados Unidos.
Audiencias en Washington
Organizaciones de derechos civiles han presentado dos demandas contra la política migratoria de Trump. Una busca garantizar el acceso de los detenidos a abogados, mientras que la otra cuestiona la legalidad de trasladar migrantes a Guantánamo. Ambas han sido asignadas al juez federal Carl J. Nichols, designado por Trump, quien escuchará los argumentos este viernes.
El Departamento de Justicia defiende la legalidad de la medida bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, argumentando que la base es una instalación gubernamental adecuada para la detención de migrantes. Sin embargo, expertos en derecho migratorio han cuestionado esta interpretación, alegando que la ley no autoriza la reubicación de detenidos en territorio extranjero sin el consentimiento del país anfitrión.
En medio de la disputa legal, el gobierno ha asegurado que no trasladará a más migrantes a Guantánamo al menos hasta el 17 de marzo, según documentos judiciales presentados esta semana y citados por el diario neoyorquino.
