El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que busca modificar los términos del programa de Perdón de Préstamos para el Servicio Público (PSLF), una medida que podría afectar a miles de trabajadores en sectores públicos y organizaciones sin fines de lucro.
Según reportó USA Today, la orden tiene como objetivo excluir a ciertas organizaciones y empleados de la elegibilidad para este beneficio, argumentando que algunas de estas entidades participan en actividades consideradas “ilegales” o “impropias” por la administración.
El programa PSLF, establecido en 2007 bajo la Ley de Reducción de Costos Universitarios y Acceso, permite que empleados del gobierno y de organizaciones sin fines de lucro puedan obtener la cancelación total de sus préstamos estudiantiles federales tras realizar 120 pagos mensuales consecutivos.
Sin embargo, la nueva orden ejecutiva instruye al Departamento de Educación a redefinir qué organizaciones califican como “servicio público”, excluyendo a aquellas que, según la administración, estén involucradas en actividades como la asistencia a la inmigración ilegal, el apoyo a grupos terroristas extranjeros o la provisión de cuidados de afirmación de género.
Restricciones a organizaciones sin fines de lucro
De acuerdo con Newsweek, el secretario de personal de la Casa Blanca, Will Scharf, explicó que la orden busca evitar que fondos federales sean utilizados para respaldar actividades que la administración considera inapropiadas.
Entre las organizaciones que podrían quedar excluidas se encuentran aquellas vinculadas a la defensa de los derechos de inmigrantes, la ayuda internacional y otros temas políticamente sensibles. Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, respaldó la medida afirmando que muchas de estas entidades “participan en actividades ilegales o impropias”.
Sin embargo, esta decisión ha generado una fuerte oposición. Aaron Ament, presidente de la Red Nacional de Defensa Legal de Estudiantes, calificó la medida como una violación flagrante de la Primera Enmienda, argumentando que castigar a los trabajadores por las actividades de sus empleadores basadas en percepciones políticas es inconstitucional.
En una declaración recogida por USA Today, Ament advirtió que, si la administración sigue adelante con esta política, enfrentará desafíos legales en los tribunales. Por su parte, Mike Pierce, director ejecutivo del Centro de Protección al Prestatario Estudiantil, acusó a Trump de utilizar la deuda estudiantil como una herramienta para controlar la libertad de expresión.
Impacto en los prestatarios y el sistema educativo
El programa PSLF ha sido una herramienta clave para aliviar la carga financiera de trabajadores en sectores como la educación, la salud y el derecho. Según datos citados por Forbes, hasta mediados de 2023, aproximadamente 670.000 prestatarios habían recibido perdón de deuda a través del programa, con un total de 46.000 millones de dólares cancelados.
Sin embargo, la implementación del programa ha enfrentado numerosos problemas administrativos, incluyendo una tasa de rechazo inicial del 99% en 2017, cuando solo 96 de los primeros 28.000 solicitantes lograron la aprobación. La nueva orden ejecutiva podría afectar a una parte significativa de los 1,3 millones de prestatarios que actualmente trabajan para cumplir con los requisitos del PSLF.
Según el portal Student Loan Planner, el saldo promedio de deuda de los participantes del programa supera los 94.000 dólares. Además, la transferencia de los programas de préstamos estudiantiles a otra agencia, en caso de que el Departamento de Educación sea eliminado, podría generar incertidumbre para millones de prestatarios. Aunque Trump ha expresado su intención de desmantelar el Departamento de Educación, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, negó que exista un plan inmediato para hacerlo.
Un programa con antecedentes problemáticos
El PSLF fue diseñado para incentivar a los profesionales a trabajar en sectores públicos y organizaciones sin fines de lucro, pero su implementación ha sido objeto de críticas desde sus inicios. Según Forbes, de los 6,1 millones de formularios procesados hasta 2023, solo el 3,3% cumplió con los requisitos para el perdón de deuda. A pesar de las reformas introducidas por la administración de Joe Biden, que ampliaron la elegibilidad y corrigieron errores en el conteo de pagos, el programa sigue enfrentando desafíos significativos.
La administración de Biden aprobó miles de millones en cancelaciones de deuda para más de un millón de prestatarios bajo el PSLF, alcanzando un hito antes de que Trump regresara a la Casa Blanca. Sin embargo, la nueva orden ejecutiva podría revertir parte de este progreso, al restringir aún más los criterios de elegibilidad y excluir a ciertos prestatarios basándose en las actividades de sus empleadores.
La orden ejecutiva ha provocado una polarización entre los defensores de los prestatarios y los partidarios de la administración Trump. Mientras que algunos conservadores han aplaudido la medida como un esfuerzo para evitar el mal uso de fondos públicos, los críticos han señalado que la administración no tiene autoridad legal para modificar unilateralmente un programa establecido por el Congreso. Según USA Today, cualquier cambio sustancial en el PSLF requeriría un proceso regulatorio extenso y la aprobación legislativa.
Los desafíos legales parecen inevitables. Ament y otros defensores de los prestatarios han prometido llevar el caso a los tribunales, argumentando que la orden ejecutiva viola derechos constitucionales y contradice la intención original del programa.
