El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) ha propuesto una modificación en sus formularios de solicitud para exigir a los inmigrantes que proporcionen información sobre sus cuentas en redes sociales. La medida se enmarca dentro de una orden ejecutiva firmada el 20 de enero por el presidente Donald Trump, orientada a reforzar la seguridad nacional y prevenir posibles amenazas. Según USCIS, el objetivo de la iniciativa es fortalecer la verificación de identidad y mejorar los procesos de detección de riesgos en el sistema migratorio, según Newsweek.
El período de comentarios públicos sobre la propuesta se abrió el 5 de marzo y se extenderá por 60 días antes de que la normativa pueda ser implementada. De acuerdo con la agencia, esta medida afectaría a aproximadamente 2.5 millones de solicitantes de beneficios migratorios al año y sumaría cerca de 285,999 horas de trabajo a la carga administrativa de USCIS. La recolección de estos datos se aplicaría a diversos tipos de solicitudes, incluyendo la residencia permanente (green card), la ciudadanía y el asilo, según Forbes.
Diversos grupos han manifestado preocupaciones sobre la propuesta, argumentando que podría afectar la privacidad y la libertad de expresión de los inmigrantes. USCIS sostiene que la información obtenida solo será utilizada para fines de seguridad y verificación de identidad. Durante los próximos meses, el gobierno evaluará los comentarios recibidos y tomará una decisión sobre la implementación de la medida.
¿Cómo se aplicará la revisión de redes sociales en las solicitudes migratorias?
Actualmente, algunos solicitantes de visa que realizan trámites fuera de Estados Unidos ya deben proporcionar información sobre su actividad en redes sociales. Con la nueva propuesta, este requisito se extendería a aquellos que buscan ajustar su estatus dentro del país. USCIS ha señalado que la medida es necesaria para cumplir con la orden ejecutiva presidencial, que establece un control migratorio más estricto con el fin de detectar posibles amenazas a la seguridad pública, de acuerdo con Bloomberg Law.
La agencia explicó que el análisis de redes sociales abarcará publicaciones, interacciones y conexiones de los solicitantes, con el propósito de identificar inconsistencias entre la información proporcionada en los formularios y su actividad en línea. Si se detectan contradicciones, los oficiales de inmigración podrían considerar dichas señales como factores de riesgo en la evaluación de las solicitudes, según NBC New York.
¿Cuáles son las preocupaciones sobre privacidad y derechos civiles?
Diversos grupos de derechos civiles han expresado inquietudes sobre la propuesta, argumentando que podría afectar la privacidad y la libertad de expresión de los inmigrantes. La abogada Saira Hussain, de la Electronic Frontier Foundation, declaró a Newsweek que la iniciativa podría generar un efecto disuasorio en personas que han residido en Estados Unidos durante décadas y buscan la ciudadanía o la residencia permanente. Según Hussain, el temor a ser evaluados en función de sus opiniones en redes sociales podría llevar a los inmigrantes a restringir su expresión en línea por temor a represalias en sus procesos migratorios, según Newsweek.
Por su parte, Kathleen Bush-Joseph, analista del Migration Policy Institute, señaló que la falta de claridad sobre los criterios que utilizarán las autoridades para interpretar las publicaciones en redes sociales podría generar decisiones arbitrarias. Según explicó a Newsweek, los solicitantes ya enfrentan procesos complejos y extensos que requieren asistencia legal, por lo que esta nueva medida podría añadir incertidumbre sobre qué tipo de contenido en línea podría ser considerado problemático, de acuerdo con Newsweek.
¿Cómo afectará la medida a la detección de fraudes migratorios?
USCIS argumentó que la recopilación de datos en redes sociales permitirá fortalecer la detección de fraudes migratorios y la identificación de posibles vínculos con actividades ilícitas. Según la agencia, se analizarán casos en los que la información declarada en las solicitudes no coincida con la actividad en redes, como en solicitudes de asilo donde el solicitante alegue persecución política mientras su perfil en línea refleje apoyo al gobierno de su país de origen, según NBC New York.
Asimismo, se evaluarán conexiones con organizaciones que puedan estar vinculadas a actividades ilegales o extremistas, así como la autenticidad de relaciones familiares y laborales declaradas en las solicitudes. Por ejemplo, si un solicitante indica estar casado con un ciudadano estadounidense, pero su perfil en redes sociales no muestra ninguna evidencia de dicha relación, podría generar sospechas por parte de los funcionarios de inmigración, de acuerdo con NBC New York.
¿Cuántos inmigrantes se verán afectados y cuál será el impacto administrativo?
El USCIS estima que la implementación de esta medida afectará a aproximadamente 3.57 millones de solicitantes en total y generará una carga de trabajo adicional significativa. No obstante, la agencia aseguró que la recolección y el análisis de redes sociales no implicarán costos adicionales para los inmigrantes. En su notificación en el Registro Federal, USCIS indicó que los datos obtenidos se utilizarán exclusivamente para la verificación de identidad y el cumplimiento de los estándares de seguridad, según Forbes.
Abogados de inmigración han señalado que esta medida podría complicar aún más los procesos de solicitud, al requerir que los solicitantes presten mayor atención a su historial en redes sociales y su coherencia con la información proporcionada en sus formularios. Algunas firmas legales han advertido a los solicitantes sobre la importancia de revisar su actividad en línea antes de presentar sus aplicaciones, debido a la posibilidad de que ciertos comentarios o interacciones sean malinterpretados por las autoridades migratorias, de acuerdo con Forbes.
¿Cuándo entrará en vigencia la revisión de redes sociales en inmigración?
El período de comentarios públicos permanecerá abierto durante 60 días antes de que la normativa pueda ser implementada. Durante este tiempo, el gobierno evaluará las opiniones y recomendaciones enviadas por expertos, organizaciones de derechos civiles y el público en general. Tras la revisión de los comentarios, se tomará una decisión sobre la puesta en marcha del plan y los posibles ajustes a la propuesta inicial, según Bloomberg Law.
