El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 1 de marzo de 2025 una orden ejecutiva que establece al inglés como el idioma oficial del país, una medida que podría afectar el acceso a servicios públicos de comunidades de habla hispana y otras lenguas, informó la Casa Blanca.
La orden ejecutiva revierte una directiva de 2000 de la administración de Bill Clinton, que instruía a las agencias federales a garantizar la asistencia en distintos idiomas para personas con dominio limitado del inglés. Con la nueva disposición, las instituciones gubernamentales financiadas con recursos federales podrán decidir si mantienen o eliminan estos servicios, informó Vanity Fair.
En Estados Unidos, más de 41 millones de personas hablan español como lengua principal en sus hogares, según datos de la Oficina del Censo. Hasta antes de la orden ejecutiva, varias agencias gubernamentales, como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), ofrecían documentos y asistencia en varios idiomas para facilitar el acceso a sus servicios según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos.
¿Cómo afecta la medida a la comunidad hispana?
Líderes comunitarios y organizaciones defensoras de derechos civiles expresaron preocupación por el posible impacto de la medida en las comunidades migrantes. Eliminar la asistencia en otros idiomas pone en desventaja a millones de personas que necesitan acceso a servicios esenciales, desde atención médica hasta información sobre seguridad pública”, dijo María Cardona, analista de asuntos migratorios, en declaraciones recogidas por Vanity Fair.
La disposición también podría afectar el acceso a la educación. Escuelas y universidades que reciben fondos federales podrían verse eximidas de proporcionar materiales y apoyo en otros idiomas, lo que podría dificultar la integración académica de estudiantes de familias inmigrantes, informó People.
Además, la información oficial sobre desastres naturales y emergencias podría ser distribuida exclusivamente en inglés. Según cifras de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), más del 13% de la población en Estados Unidos habla un idioma distinto al inglés en casa y reporta dificultades para comunicarse en situaciones de crisis de acuerdo con cifras de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias..
Organizaciones de derechos civiles han advertido que la falta de información en otros idiomas podría aumentar la vulnerabilidad de estas comunidades. “En momentos críticos, cada segundo cuenta. Si la información no es comprensible para todos, vidas podrían estar en riesgo”, declaró el Centro Nacional de Leyes de Inmigración en un comunicado publicado por Vanity Fair.
Reacciones políticas y económicas
El representante Adriano Espaillat, del Partido Demócrata, criticó la medida al destacar que la comunidad latina desempeña un papel fundamental en la economía del país. “Los latinos son el motor económico de muchas ciudades y estados. Esta política solo obstaculiza su participación en la sociedad”, declaró Espaillat en su respuesta al discurso de Trump sobre el Estado de la Unión según declaraciones recogidas por medios internacionales.
A nivel estatal, más de 30 estados ya habían adoptado el inglés como idioma oficial en sus leyes locales. Sin embargo, esta es la primera vez que se establece a nivel federal, lo que podría afectar la forma en que el gobierno central interactúa con comunidades multilingües, informó Vanity Fair.
La administración Trump argumentó que la orden ejecutiva tiene el objetivo de promover la unidad nacional y la eficiencia gubernamental. “Una lengua común refuerza nuestra identidad como nación y facilita la comunicación en todos los niveles de gobierno”, indicó el comunicado oficial de la Casa Blanca.
Empresarios han expresado preocupaciones sobre cómo la medida podría impactar el mercado laboral. El acceso al empleo para personas con dominio limitado del inglés será más difícil, lo que puede agravar la escasez de trabajadores en ciertos sectores como la construcción y la agricultura”, explicó un análisis de la Cámara de Comercio Hispana de EE.UU. según un análisis de la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos.
Posibles efectos en la justicia y la economía
No obstante, grupos de derechos humanos han advertido que la eliminación de asistencia en otros idiomas podría derivar en problemas de acceso a la justicia. Las personas con dominio limitado del inglés ya enfrentan barreras para defender sus derechos. Esto podría agravar la desigualdad en el sistema judicial”, dijo la abogada y activista Cecilia Wang a People.
Sectores económicos también han manifestado inquietudes sobre el impacto de la política. Empresas con una base de clientes hispanohablantes podrían experimentar dificultades si la prestación de servicios en español se reduce. “El mercado hispano es clave para muchas industrias, y este cambio podría afectar la relación con estos consumidores”, indicó un informe de la Cámara de Comercio Hispana de EE.UU.
Expertos en economía han advertido sobre el posible impacto en la inversión y el comercio. “Si se limita el acceso a información en español, algunas empresas podrían reconsiderar sus estrategias de inversión en comunidades hispanohablantes, lo que afectaría el crecimiento económico local”, señaló un informe de la Federación Nacional de Minoristas.
Implicaciones legales de la orden ejecutiva
Hasta el momento, la orden ejecutiva enfrenta cuestionamientos legales por parte de organizaciones civiles y de derechos humanos, que consideran que podría vulnerar protecciones establecidas en la Ley de Derechos Civiles de 1964. Se espera que grupos de defensa interpongan demandas para frenar su implementación en los tribunales.
Abogados constitucionalistas han advertido que la medida podría generar litigios prolongados. “La Ley de Derechos Civiles prohíbe la discriminación por origen nacional, lo que puede incluir barreras lingüísticas impuestas por el gobierno”, explicó el abogado Kevin Johnson, experto en derecho migratorio, en declaraciones a People.
La orden ejecutiva también podría afectar la participación electoral de ciudadanos con dominio limitado del inglés. “La falta de materiales en otros idiomas podría reducir la capacidad de votantes hispanos para ejercer su derecho al sufragio”, advirtió la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos.
