Una pareja en Plymouth, Massachusetts, compró una vivienda embargada con la intención de mudarse, pero una orden judicial les impide ocuparla. Una mujer, que asegura ser hija de la anterior propietaria, continúa viviendo en la casa y los nuevos dueños deben cubrir hipoteca, alquiler y otros gastos, además de pagarle una compensación para que se mude.
Lo que comenzó como un proyecto lleno de ilusiones para Meghan McIntyre y su novio terminó convirtiéndose en un proceso judicial complejo y costoso. Según informó WHDH, la pareja adquirió una vivienda en subasta por ejecución hipotecaria creyendo que estaba desocupada. Sin embargo, el mismo día en que iban a mudarse recibieron una llamada inesperada.
“Nos llamó una mujer que había vivido allí antes, pero nunca como propietaria ni como inquilina. Quería volver a la casa y le dijimos que no”, recordó McIntyre en declaraciones a WHDH.
La sorpresa fue aún mayor cuando, al día siguiente, recibieron otra llamada, esta vez del Tribunal de Vivienda de Massachusetts, notificándoles que tenían una audiencia. La mujer había presentado un recurso legal para permanecer en la vivienda, argumentando que no la había abandonado y que en el momento de la venta se encontraba en el hospital.
El fallo judicial y sus consecuencias económicas
El tribunal falló a favor de la mujer, ordenando a McIntyre entregarle las llaves y permitirle quedarse en la casa. Documentos judiciales citados por WHDH indican que la ocupante es hija de la antigua propietaria y que había vivido allí cuidando a su madre hasta su fallecimiento. Como la madre murió sin testamento, la mujer alegó que nunca dejó formalmente la vivienda.
“Yo no quiero dejar a nadie sin hogar, pero esto es una carga enorme que no pedí ni como ciudadana ni como propietaria”, afirmó McIntyre en entrevista con WHDH.
Además de seguir pagando la hipoteca, la pareja se ha visto obligada a alquilar un departamento, ya que no pueden vivir en la propiedad. Los costos adicionales incluyen facturas de servicios, reparaciones en la vivienda y hasta una estadía en un hotel para la ocupante cuando la calefacción dejó de funcionar. En total, los gastos ascienden a $10,000 mensuales, según reportó WHDH.
Ante la complejidad del proceso judicial, McIntyre presentó una demanda de desalojo. Sin embargo, para evitar que el litigio se prolongara, decidió llegar a un acuerdo extrajudicial. Según WHDH, la mujer podrá quedarse en la vivienda hasta finales de marzo y recibirá $7,500 para facilitar su mudanza.
La ocupante, contactada por 7 Investigates, calificó la situación como “terrible” pero evitó hacer más declaraciones. McIntyre, por su parte, expresó su frustración con el sistema judicial: “Yo estoy haciendo lo que creo que es correcto, y ella también en su propia forma. Pero el sistema de justicia no está ayudando a ninguna de las dos. Es un círculo interminable donde nada se resuelve”, declaró a WHDH.
Las leyes de vivienda en Massachusetts
Casos como el de McIntyre no son aislados en Massachusetts, un estado con fuertes leyes de protección al consumidor que dificultan los desalojos sin una orden judicial. Según la abogada de bienes raíces Jordana Greenman, estos procesos pueden ser largos y costosos, ya que el sistema prioriza evitar que las personas queden sin hogar de forma abrupta. “¿Es una situación horrorosa? Absolutamente. ¿Debería pasar? No. ¿Puede pasar? Sí”, explicó Greenman a WHDH.
El Tribunal de Vivienda de Massachusetts, según información oficial del gobierno estatal, se encarga de resolver disputas sobre desalojos, acceso a la vivienda y otras cuestiones de vivienda justa. Aunque el tribunal puede ordenar desalojos, en muchos casos favorece soluciones negociadas o mediaciones entre las partes para evitar desplazamientos inmediatos.
“En Massachusetts, con todas las leyes de protección al consumidor, nadie puede quedar sin vivienda sin que un juez lo ordene”, explicó Greenman. “A veces todo se reduce a cuánto dinero está dispuesta a pagar una persona para que el ocupante se vaya. Es frustrante porque no debería ser tan difícil”.
Los expertos en bienes raíces advierten que la compra de viviendas en ejecución hipotecaria puede implicar riesgos significativos. Greenman recomienda realizar una búsqueda de títulos antes de comprar, así como investigar si hay ocupantes en la propiedad.
“Muchas personas creen que una vez que compran la casa, tienen derecho a tomar posesión inmediata, pero no siempre es así. En algunos casos, los antiguos ocupantes tienen derechos que pueden complicar el proceso”, concluyó la abogada.
