El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno retirará los fondos federales a universidades y colegios que permitan lo que él llama “protestas ilegales” en sus campus. A través de una publicación en Truth Social, advirtió además que los manifestantes serán expulsados, arrestados o deportados, sin detallar cómo se implementarán estas medidas. La ambigüedad en el mensaje ha disparado las búsquedas en internet sobre “¿Qué son las protestas ilegales?“.
En su mensaje, el presidente Trump escribió: “Todos los fondos federales se DETENDRÁN para cualquier universidad, colegio o escuela que permita protestas ilegales. Los agitadores serán encarcelados o enviados permanentemente de regreso al país del que vinieron”. También afirmó que los estudiantes estadounidenses que participen en estas manifestaciones serán “expulsados permanentemente o, dependiendo del crimen, arrestados”.
El presidente no especificó qué mecanismos legales usaría para ejecutar sus advertencias. Sin embargo, su administración ya había ordenado una revisión de los contratos y subvenciones federales de Columbia University, bajo el argumento de que la institución no ha manejado adecuadamente incidentes de antisemitismo en su campus, informó The Guardian.
¿Qué son las protestas ilegales?
El presidente Donald Trump no ha definido claramente qué considera una “protesta ilegal”. Sin embargo, su publicación ocurre en un contexto en el que las manifestaciones en universidades de Estados Unidos han aumentado, en particular las relacionadas con las guerras en el Medio Oriente.
Algunas protestas recientes han incluido ocupaciones de edificios, interrupciones de clases y enfrentamientos con personal de seguridad. En Barnard College, afiliado a Columbia, un grupo de manifestantes pro-palestinos hirió a un empleado mientras intentaban entrar a un edificio, lo que llevó a la expulsión y suspensión de varios estudiantes, de acuerdo con el medio The Hill.
Columbia University en el centro del debate
Un día antes de la declaración del presidente Trump, varias agencias federales anunciaron que revisarían los contratos y subvenciones de Columbia University, considerando la posibilidad de retirar más de 50 millones de dólares en financiamiento gubernamental. De acuerdo con The Guardian, el objetivo es evaluar si la universidad ha cumplido con regulaciones federales, incluyendo sus responsabilidades en materia de derechos civiles.
Columbia ha sido un foco de las protestas desde el año pasado, cuando estudiantes realizaron manifestaciones contra los ataques israelíes en Gaza, exigiendo que la universidad cortara lazos financieros con empresas vinculadas a Israel. Las protestas derivaron en cientos de arrestos y la renuncia de la entonces presidenta de la universidad, Minouche Shafik.
En respuesta a la advertencia del presidente Trump, Columbia declaró que está “comprometida en la lucha contra el antisemitismo y todas las formas de discriminación”, negando haber permitido manifestaciones que inciten al odio o la violencia, según The Guardian.
La Primera Enmienda y la libertad de expresión
Las declaraciones del presidente han generado una fuerte reacción en organizaciones defensoras de la libertad de expresión. La Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE) condenó el anuncio, asegurando que “este mensaje genera un impacto inaceptable en las protestas estudiantiles sobre el conflicto israelí-palestino” y recordó que la Primera Enmienda protege el derecho a la protesta política.
Los hechos han generado un intenso debate sobre la libertad de expresión en Estados Unidos, particularmente en los campus universitarios. La Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege el derecho de las personas a la libertad de expresión, reunión y protesta pacífica.
El texto de la enmienda establece:“El Congreso no hará ninguna ley que respete el establecimiento de una religión, o que prohíba el libre ejercicio de la misma; o que restrinja la libertad de expresión, o de prensa; o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar al gobierno la reparación de agravios.”
El gobierno estadounidense ya había tomado medidas contra las manifestaciones en campus. En enero, firmó una orden ejecutiva que ordenaba la cancelación de visas de estudiantes extranjeros acusados de participar en protestas “pro-Hamas” y su deportación inmediata. Estas acciones han sido criticadas por activistas y académicos, quienes advierten que el gobierno podría estar violando derechos constitucionales.
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