Un exabogado de inmigración con sede en el Bronx, Kofi Amankwaa, de 70 años, ha sido condenado a 70 meses de prisión (casi seis años) tras admitir su culpabilidad en un esquema de fraude migratorio que perjudicó a numerosos clientes, principalmente inmigrantes en situación vulnerable, generando pérdidas multimillonarias. Además de la sentencia de prisión, deberá pagar más de $16 millones en restitución a las víctimas y $13 millones en multas. El anuncio fue realizado por el Departamento de Justicia de EE. UU. y diversos medios han informado sobre los detalles de este caso.
El fraude realizado por Amankwaa se basó en la manipulación del Acta de Violencia contra las Mujeres (VAWA, por sus siglas en inglés), una legislación diseñada para ayudar a inmigrantes víctimas de abusos domésticos a regularizar su estatus migratorio. Según el Bronx Times, “Kofi Amankwaa falsificó documentos migratorios afirmando que sus clientes eran víctimas de abuso por parte de sus hijos ciudadanos estadounidenses, lo que llevó a muchos de ellos a enfrentar la deportación al fallar sus solicitudes de residencia”.
El esquema funcionó así: Amankwaa y sus colaboradores instruían a los clientes para que firmaran formularios I-360 afirmando falsamente que habían sufrido abuso, a menudo sin explicarles que lo que estaban firmando contenía falsedades.
El fraude perpetrado por Amankwaa no solo significó pérdidas económicas para sus clientes, quienes pagaron entre $3,000 y $6,000 por caso, sino que también generó daños irreparables en sus vidas.
Según Lawyer Monthly, “empleó estas peticiones fraudulentas para solicitar documentos de libertad condicional anticipada, los cuales permitían a sus clientes viajar temporalmente al extranjero y regresar a Estados Unidos”. Sin embargo, en muchos casos, estas gestiones resultaron en la denegación de las solicitudes y el desarraigo de los inmigrantes afectados.
Un aspecto destacado del caso fue el impacto en las víctimas, quienes frecuentemente desconocían que se estaban haciendo afirmaciones falsas en su nombre. Una víctima, citada por el New York Daily News, dijo: “Estaba sorprendido cuando descubrí lo que había hecho. El señor Amankwaa destruyó tantos sueños americanos”. Las cifras son contundentes: entre 2017 y 2023, el 97% de las peticiones VAWA presentadas por Amankwaa fueron retiradas, abandonadas o denegadas.
Más allá del fraude en los trámites, el Bronx Times también reportó que en la oficina de Amankwaa trabajaban personas sin la debida licencia que se hacían pasar por abogados. Su licencia para ejercer fue suspendida en noviembre de 2023 y, en agosto de 2024, Amankwaa fue oficialmente inhabilitado de la profesión. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien presentó una demanda civil contra Amankwaa y otros colaboradores, expresó cuando surgieron las primeras acusaciones en su contra: “Cuando estos inmigrantes buscaron ayuda de abogados que decían actuar en su mejor interés, fueron explotados y perjudicados”.
El caso también atrajo la atención de las autoridades federales. Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, el Fiscal Interino Matthew Podolsky declaró: “Amankwaa ridiculizó el sistema migratorio estadounidense y socavó el propósito de la VAWA al presentar miles de documentos falsos para lucrarse, sin informar a sus clientes”. Esta declaración subraya el nivel de daño causado no solo a las víctimas individuales, sino también al sistema migratorio en su conjunto.
La investigación reveló que no solo se presentaban solicitudes fraudulentas, sino que algunos empleados de su firma también se hacían pasar por abogados sin tener licencia para ejercer en Nueva York.
Además de las acciones penales, la fiscal general Letitia James presentó una demanda civil contra Amankwaa, su hijo (quien trabajaba con él) y tres empleados de su bufete. Este caso sigue abierto en la Corte Suprema del Bronx.
Medios como el Lawyer Monthly resaltaron que este caso demuestra las graves repercusiones de violar la ética profesional en el ámbito legal, especialmente para los más vulnerables. Según este medio, además de las sanciones económicas y penales, las víctimas aún enfrentan desafíos significativos: “El fraude migratorio no solo despoja de su dinero y su fe en el sistema legal a quienes buscan ayuda, sino que también socava la confianza pública en las leyes migratorias”.
Finalmente, se ha pedido a las víctimas que se pongan en contacto con las autoridades para procesar las restituciones. Las acciones en curso también incluyen la preparación de un equipo de monitoreo por parte de la Oficina de Fraude y Seguridad Nacional del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. para evitar futuros casos similares.
La condena de Kofi Amankwaa no solo marca el fin de su carrera como abogado, sino que representa también un llamado a proteger a las comunidades inmigrantes. Este caso destaca la necesidad de reforzar normas éticas y supervisión en el ejercicio legal, al tiempo que impulsa la vigilancia activa contra el fraude.
