El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo el pasado 21 de febrero a Mark Adrian Vicars, un ciudadano del Reino Unido de 58 años, inmediatamente después de que fuera liberado del Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, Nueva York.
Según informó ICE, Vicars se encontraba ilegalmente en los Estados Unidos y contaba con un extenso historial delictivo, que incluye condenas por hacerse pasar por un alguacil aéreo federal y por posesión ilegal de armas de fuego. Actualmente, permanece detenido sin derecho a fianza en el Centro de Detención Federal de Batavia, mientras se lleva a cabo su proceso de deportación.
De acuerdo con las autoridades, el sujeto fue clasificado como un “objetivo prioritario” debido a la gravedad de sus antecedentes penales. En un comunicado, William P. Joyce, director interino de la Oficina de Operaciones de Detención y Deportación de ICE en Nueva York, destacó la peligrosidad del detenido:
“Vicars no solo deshonró a nuestra comunidad de aplicación de la ley federal y violó nuestras leyes de inmigración, sino que también representó una amenaza al estar armado ilegalmente”. La agencia subrayó que su arresto forma parte de una estrategia más amplia para identificar y deportar a extranjeros con antecedentes criminales que representan un riesgo para la seguridad pública.
Un historial delictivo que abarca años y múltiples condenas
El historial criminal de Vicars en los Estados Unidos es extenso y abarca varios delitos graves. Según detalló ICE, en septiembre de 2017, el Tribunal del Condado de Nassau lo condenó a seis años de prisión por posesión ilegal de armas de fuego. Este cargo incluía la tenencia de un arma cargada y al menos otras cinco armas adicionales. Además, en el mismo caso, recibió una sentencia de un año de prisión por poseer un documento falsificado.
Posteriormente, en octubre de 2024, fue sentenciado a cuatro meses de cárcel por proporcionar información falsa en una solicitud de pasaporte. Esta condena incluyó también dos años de libertad supervisada. Tras cumplir su última sentencia, fue liberado en febrero de 2025, momento en el que la agencia ejecutó su detención inmediata para iniciar el proceso de deportación.
La institución destacó que Vicars no solo violó las leyes de inmigración al permanecer ilegalmente en el país, sino que también representaba un peligro significativo para la comunidad debido a su acceso a armas ilegales y su historial de suplantación de autoridades.
Estrategia de ICE para reforzar la seguridad pública
El arresto de Mark Adrian Vicars se enmarca en una estrategia más amplia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para identificar y deportar a extranjeros con antecedentes criminales. Según informó la agencia, se han intensificado los operativos en diversas ciudades de los Estados Unidos, incluyendo el estado de Nueva York, con el objetivo de reforzar la seguridad pública y acelerar la expulsión de individuos que representan un riesgo para la comunidad.
En este contexto, ICE señaló que su enfoque está dirigido principalmente a personas que han cometido delitos graves o violentos, como el caso de Vicars. La agencia subrayó que estas acciones buscan proteger a las comunidades locales y garantizar que las leyes de inmigración se apliquen de manera efectiva. Sin embargo, estas medidas también causaron críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, que argumentan que las políticas de deportación pueden tener un impacto desproporcionado en ciertas comunidades.
Nueva York enfrenta tensiones con el gobierno federal por fondos migratorios
Mientras ICE intensifica sus operativos en Nueva York, la ciudad enfrenta un conflicto con el gobierno federal por la retención de fondos destinados a la gestión de la crisis migratoria. Según reportó el Departamento de Leyes de la Ciudad de Nueva York, la administración del presidente Donald Trump retuvo de manera unilateral 80 millones de dólares que ya habían sido aprobados y desembolsados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
La medida fue justificada con una carta de “incumplimiento” enviada el 19 de febrero de 2025, aunque la ciudad alega que no se presentaron pruebas concretas de violaciones a los términos del programa de Subvenciones para Refugio y Servicios (SSP).
En respuesta, la ciudad de Nueva York, liderada por el alcalde Eric Adams, presentó una demanda contra la administración federal. La alcaldía calificó la retención de fondos como un “despojo ilegal” y argumentó que la medida pone en riesgo tanto a los migrantes como a los contribuyentes locales, quienes han asumido costos significativos para enfrentar la crisis migratoria. Entre los objetivos de la demanda se encuentran la devolución de los 80 millones de dólares retenidos, la protección de futuros fondos relacionados con las subvenciones del SSP y el desafío a lo que consideran un abuso de autoridad por parte del gobierno federal.
