Bajo nuevos acuerdos con ICE, autoridades locales podrán detener a inmigrantes en las calles

El gobierno de Donald Trump ha reactivado un programa que permite a las autoridades locales y estatales detener a personas en las calles para cuestionarlas sobre su estatus migratorio, lo que ha generado inquietud entre los defensores de los derechos civiles. Este programa, conocido como el modelo de “fuerza de tarea” bajo el programa 287(g), había sido suspendido en 2012 después de diversas denuncias de abusos, incluyendo el perfil racial y la discriminación. Sin embargo, bajo la administración Trump, el programa ha sido relanzado con nuevos acuerdos firmados en al menos cinco estados. Según informó Stateline, entre el 17 y el 19 de febrero, varias agencias estatales y locales de Florida, Idaho, Kansas, Oklahoma y Texas firmaron acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para implementar este modelo.

Este modelo de “fuerza de tarea” permite que los oficiales locales, previamente capacitados por ICE, detengan y arresten a personas por violaciones migratorias mientras realizan sus tareas cotidianas de policía. ICE describe este enfoque como un “multiplicador de fuerza”, que amplía significativamente el alcance de las autoridades locales en la aplicación de las leyes migratorias. Los acuerdos firmados permiten que las autoridades locales puedan interrogar a cualquier persona sospechosa de estar en el país de manera irregular, independientemente de si están siendo investigadas por otros delitos.

287(g) ha sido objeto de múltiples críticas a lo largo de los años debido a su potencial para generar tensiones en las comunidades locales. Durante su implementación en la década de 2000, el programa permitió que los oficiales locales se involucraran directamente en las tareas de control migratorio, lo que generó desconfianza entre los inmigrantes y sus familias. Esta desconfianza se incrementó especialmente en las comunidades latinas, quienes percibieron un aumento en las prácticas de perfil racial y en la vigilancia desproporcionada. Además, la implementación de este tipo de programas ha complicado la relación entre las autoridades locales y los inmigrantes indocumentados, quienes temen ser detenidos por simples infracciones de tráfico o situaciones cotidianas sin que exista una razón clara para la intervención migratoria.

En 2011, una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que el programa en Arizona había fomentado prácticas de perfil racial y discriminación contra la comunidad latina. Esta situación llevó a que el programa fuera suspendido en 2012 bajo la administración de Barack Obama. Uno de los casos más notorios fue el de Maricopa County, en Arizona, donde el condado enfrentó demandas costosas que resultaron en pagos por 43 millones de dólares. Además, se espera que los gastos derivados de un fallo judicial de 2013 por perfil racial alcancen los 314 millones de dólares este año.

El impacto financiero que el programa puede tener en las comunidades que deciden implementarlo ha sido significativo. Estos costos no solo incluyen gastos legales derivados de demandas, sino también los recursos que las comunidades deben invertir en la implementación de este modelo de colaboración entre las autoridades locales y federales. Stateline informa que, en la actualidad, los nuevos acuerdos han comenzado a generar nuevos temores respecto a los posibles efectos económicos y sociales que podrían acarrear.

El programa ha comenzado a implementarse rápidamente en algunos estados. Florida fue el primer estado en firmar un acuerdo bajo esta nueva etapa, con su patrulla estatal de carreteras involucrada desde el 17 de febrero. El gobernador republicano Ron DeSantis indicó que otras agencias estatales, como la Oficina de Cumplimiento de Leyes Agrícolas y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre, también se sumarán al programa. DeSantis destacó que estas colaboraciones permitirán a los oficiales interrogar a cualquier persona sospechosa de ser inmigrante indocumentado, lo que podría incrementar las interacciones con personas sin documentos en el estado.

En Kansas, el Buró de Investigaciones del Estado firmó su acuerdo el 17 de febrero, mientras que en Oklahoma, el gobernador Kevin Stitt anunció el 21 de febrero que tres agencias estatales, incluyendo el Departamento de Seguridad Pública, se han unido al programa. En Texas, el fiscal general del estado y los alguaciles de los condados de Goliad y Smith también firmaron acuerdos, lo que representa una expansión considerable de la colaboración entre las autoridades locales y ICE. Además, el condado de Douglas en Nevada se ha unido a esta iniciativa, aumentando el número de entidades locales que participan en este enfoque federal.

El regreso del programa 287(g) ha generado una fuerte oposición por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. Thomas Kennedy, consultor de políticas de la Coalición de Inmigrantes de Florida, expresó su preocupación por el impacto que estas prácticas podrían tener en las comunidades locales. Kennedy advirtió que detener a personas por infracciones menores, como violaciones de tráfico o merodeo, para posteriormente cuestionarlas sobre su estatus migratorio, podría afectar los derechos civiles de los individuos y erosionar la confianza entre las comunidades y las fuerzas del orden. Según Kennedy, estas acciones podrían disuadir a los inmigrantes de reportar delitos, lo que a su vez podría comprometer la seguridad pública.

Además, los críticos alertan sobre los riesgos de enfrentarse a litigios costosos, como sucedió en el caso de Maricopa County en Arizona, lo que podría poner a las comunidades locales en una posición financiera precaria si el programa se implementa de manera extendida.

El relanzamiento del programa 287(g) forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para intensificar las deportaciones. Tom Homan, exdirector interino de ICE y actual “zar de la frontera” de Trump, se reunió con alguaciles en una conferencia en Washington, D.C., en febrero, donde los instó a participar en el programa. Durante su intervención, Homan prometió reducir los costos asociados con la capacitación de los oficiales, acortando el periodo de entrenamiento de cuatro semanas a solo una semana. Además, aseguró que el Departamento de Seguridad Nacional proporcionaría apoyo legal a las agencias locales en caso de demandas.

Homan también dejó claro su enfoque: “Prometimos una deportación masiva y eso es exactamente lo que vamos a hacer”, declaró. Aunque indicó que la prioridad será para los criminales peligrosos, enfatizó que cualquier persona en el país de manera irregular podría ser deportada bajo este programa.

El regreso del modelo “fuerza de tarea” del programa 287(g) ha generado dudas sobre su efectividad y sus consecuencias. Un informe de 2011 del Instituto de Políticas Migratorias reveló que, en comparación con otros sistemas como el escaneo automatizado de huellas dactilares, los acuerdos 287(g) generaron significativamente menos arrestos. Además, en lugares como el condado de Prince William en Virginia, la implementación inicial del programa en 2007 provocó un temor generalizado entre los inmigrantes, lo que llevó a que las autoridades locales cambiaran su política para limitar las verificaciones de estatus migratorio solo a personas ya arrestadas.

A pesar de que algunos líderes locales defienden el programa como una herramienta para combatir el crimen, los críticos advierten sobre los riesgos de discriminación, el alto costo de los litigios y la posible ruptura de la confianza entre las comunidades y la policía. Con más acuerdos en camino, el debate sobre el modelo 287(g) y su impacto en las comunidades estadounidenses está lejos de resolverse.