En Estados Unidos, aproximadamente 1,5 millones de personas con órdenes de deportación pendientes permanecen en el país sin ser removidas, según el Migration Policy Institute (MPI). Esta cifra refleja las dificultades logísticas, legales y diplomáticas que enfrenta el gobierno estadounidense para ejecutar las deportaciones, incluso cuando estas han sido ordenadas formalmente. Este fenómeno pone de manifiesto las complejidades del sistema de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y su papel en la aplicación de las leyes migratorias en el interior del país.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través del ICE y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), es responsable de la aplicación de las leyes migratorias tanto en la frontera como dentro del país. Mientras que el CBP se enfoca en la detección y detención de personas que intentan ingresar sin autorización, el ICE se encarga de localizar, arrestar y deportar a quienes han violado las leyes migratorias dentro del territorio estadounidense. Sin embargo, estas operaciones están condicionadas por recursos limitados, cambios en las prioridades políticas y el grado de cooperación de las autoridades locales.
El ICE opera bajo un marco legal y administrativo que determina sus procedimientos y prioridades. La agencia divide sus operaciones en distintas categorías, que incluyen la detención de personas con órdenes de deportación previas, la identificación de migrantes a través de bases de datos y la realización de operativos dirigidos en comunidades. Además, el ICE gestiona centros de detención donde los migrantes permanecen mientras se resuelven sus procesos legales. Estas instalaciones han sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que denuncian condiciones inadecuadas y demoras en la resolución de los casos, lo que prolonga la incertidumbre de los detenidos.
¿Quiénes pueden ser deportados?
Contrario a la percepción común de que las deportaciones afectan únicamente a inmigrantes indocumentados, el Migration Policy Institute aclara que cualquier persona que no sea ciudadana estadounidense puede ser deportada bajo ciertas circunstancias. Esto incluye a quienes ingresaron ilegalmente, aquellos que excedieron el tiempo permitido por su visa y hasta residentes legales permanentes que hayan cometido ciertos delitos. Entre las infracciones que pueden llevar a la deportación se encuentran la posesión de armas o drogas, el robo, los delitos violentos e incluso conducir bajo los efectos del alcohol.
Por otro lado, existen excepciones. Migrantes con protecciones temporales, como el Estatus de Protección Temporal (TPS) o el programa DACA, no pueden ser deportados mientras mantengan su estatus vigente. Sin embargo, estas protecciones son discrecionales y pueden ser revocadas, dejando a los beneficiarios en riesgo de deportación. Además, cualquier persona con una orden de deportación tiene derecho a apelar y demostrar que califica para una forma de protección, como el asilo.
El ICE y la priorización de las deportaciones en el interior
Entre los años fiscales 2020 y 2024, el DHS realizó un promedio de 352.000 deportaciones anuales, de las cuales aproximadamente 146.000 fueron ejecutadas por el ICE. Sin embargo, la mayoría de estas deportaciones correspondieron a personas detenidas en la frontera, mientras que las deportaciones desde el interior del país han disminuido drásticamente en los últimos 15 años. Entre 2009 y 2016, el promedio anual de deportaciones desde el interior era de 155.000, pero esta cifra cayó a 38.000 entre 2021 y 2024.
El MPI atribuye esta disminución a un cambio en las prioridades del ICE, que ha redirigido recursos hacia la frontera en respuesta al aumento de cruces fronterizos. Las deportaciones en la frontera son más rápidas y menos costosas, ya que no requieren localizar y arrestar a los migrantes en comunidades del interior. Además, el ICE ha priorizado la detención y deportación de personas consideradas una amenaza para la seguridad pública, como aquellas con antecedentes penales. Entre 2021 y 2024, el 79% de las deportaciones desde el interior involucraron a personas con condenas criminales.
Cómo el ICE localiza y arresta a los migrantes en el interior
El proceso de deportación comienza con la identificación de un no ciudadano deportable. La mayoría de los arrestos del ICE no ocurren en redadas comunitarias o laborales, sino a través de transferencias desde cárceles y prisiones locales. Cuando una persona es arrestada por autoridades locales, sus huellas dactilares se comparan con bases de datos de seguridad nacional e inmigración. Si se detecta una violación migratoria, el ICE puede emitir una solicitud de detención para que la persona sea retenida hasta por 48 horas adicionales, permitiendo que el ICE tome custodia.
En otros casos, el ICE realiza arrestos en la comunidad, conocidos como “arrestos en libertad”. Estas operaciones, aunque menos comunes, son más costosas y riesgosas, ya que implican la movilización de agentes armados a hogares, lugares de trabajo u otros espacios. En 2024, solo el 29% de los arrestos del ICE fueron de este tipo. Además, el ICE utiliza una variedad de bases de datos, incluidas las de vehículos y servicios públicos, para localizar a personas deportables.
El papel de las ciudades santuario y la cooperación local en los operativos del ICE
La cooperación entre las autoridades locales y el ICE varía significativamente según la jurisdicción. Algunas ciudades y estados, conocidas como “ciudades santuario”, limitan su colaboración con el ICE, negándose a cumplir con solicitudes de detención o a compartir información sobre inmigrantes en custodia. Según el Migration Policy Institute, esta falta de cooperación puede reducir el número de personas colocadas en procesos de deportación en esas áreas. En California, por ejemplo, las leyes estatales han restringido progresivamente la colaboración con el ICE, lo que ha llevado a una disminución en los arrestos realizados en el estado.
Por otro lado, algunas agencias locales optan por colaborar más estrechamente con el ICE a través de acuerdos conocidos como 287(g). Estos acuerdos permiten que oficiales locales sean entrenados para realizar funciones migratorias, como emitir órdenes de detención. En diciembre de 2024, el ICE tenía acuerdos de este tipo con 60 agencias de aplicación de la ley y 75 acuerdos adicionales para emitir órdenes de arresto administrativas.
Factores que dificultan la ejecución de las deportaciones
No todas las órdenes de deportación se ejecutan. Algunas personas permanecen en Estados Unidos porque el ICE no puede localizarlas, mientras que otras no pueden ser deportadas debido a restricciones impuestas por sus países de origen. Según el MPI, algunos países, como China, Cuba, India y Venezuela, se niegan a aceptar a sus ciudadanos deportados, lo que complica el proceso.
A pesar de estas barreras, el ICE logró realizar deportaciones a 192 países en 2024, un posible récord. Sin embargo, las personas deportadas enfrentan prohibiciones de reingreso que varían según las circunstancias de su deportación. Estas prohibiciones van desde cinco años para quienes fueron deportados mediante procesos acelerados, hasta una prohibición de por vida para reincidentes o personas condenadas por ciertos delitos graves.
El sistema de deportaciones en el interior de Estados Unidos refleja una interacción compleja entre recursos limitados, prioridades políticas y cooperación local. Mientras el ICE enfrenta desafíos logísticos y diplomáticos, las políticas migratorias continúan evolucionando, afectando a millones de personas en el proceso.
