Un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), identificado como Manuel Pérez Jr., enfrenta graves acusaciones que lo vinculan con actividades de contrabando de migrantes, tráfico de drogas y asociación delictiva con un cártel de drogas.
Según el testimonio de un agente federal presentado en una audiencia judicial y citado por el medio local El Paso Times, Pérez, de 32 años y originario de California, habría trabajado como miembro de La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez.
El oficial fue arrestado el pasado 8 de febrero por el Grupo de Trabajo contra la Corrupción en la Frontera Oeste de Texas, liderado por el FBI.
Acusaciones de contrabando y vínculos con el crimen organizado
Pérez, según detalló el medio, le dijo a los investigadores que recibía 2.500 dólares por cada persona indocumentada a la que dejara pasar por su carril de inspección, ubicado en el puente internacional Paso del Norte.
Además, se le señala por su presunta participación en una conspiración para distribuir cocaína que data desde 2019.
Según el testimonio, el oficial habría permitido en múltiples ocasiones el cruce de un vehículo Nissan Pathfinder gris, utilizado para transportar migrantes.
La fiscalía estima que Pérez pudo haber acumulado hasta 400.000 dólares en ganancias ilícitas, aunque no se ha determinado con exactitud cuántas personas cruzaron la frontera bajo su supervisión. En una redada realizada en su residencia en Ciudad Juárez, las autoridades mexicanas encontraron 18.000 dólares en efectivo, lo que refuerza las sospechas sobre sus actividades delictivas.
Por otro lado, las acusaciones también incluyen su participación en el transporte de ocho kilogramos de cocaína desde El Paso hacia Luisiana y Carolina del Norte, tal y como reportó el periódico local. Según llamadas telefónicas interceptadas, otros contrabandistas se referían a Pérez como el “oficial en su bolsillo”, asegurando que los cruces fronterizos realizados bajo su supervisión estaban “100% asegurados”.
El abogado de Pérez, Rubén Ortiz, cuestionó la credibilidad de los testigos que cooperaron con las autoridades, argumentando que podrían estar proporcionando información falsa para obtener beneficios legales en sus propios casos. También señaló que las afirmaciones de los contrabandistas interceptados podrían ser exageraciones o mentiras.
“Los testigos que cooperaron les están diciendo (a los investigadores federales) lo que quieren oír por ahora”, afirmó el litigante, según declaratorias recogidas por el medio.
Sin embargo, el agente especial que testificó en la audiencia presentó evidencia que respalda las acusaciones. Según su declaración, Pérez siempre portaba un arma, incluso mientras dormía, y contaba con un equipo de seguridad armado cuando se encontraba en México.
Un agente fronterizo bajo el supuestas órdenes de un cártel mexicano
Además, un testigo aseguró que el oficial expresó su preferencia por ser arrestado en México, ya que esto le permitiría continuar con sus actividades criminales desde prisión.
Las investigaciones revelaron que Pérez pasaba más del 80% de su tiempo libre en México, lo que generó sospechas sobre sus vínculos con el cártel. Aunque su abogado argumentó que esto se debía a que su novia residía en Ciudad Juárez, las autoridades consideran que este comportamiento, junto con las pruebas presentadas, lo convierte en un riesgo de fuga.
El juez encargado del caso determinó que Pérez debía permanecer en prisión sin derecho a fianza, citando su presunta afiliación con el cártel y el tiempo que pasaba en México como factores clave en su decisión. “Según todos los parámetros, él vive en México”, afirmó el agente especial durante la audiencia.
Si es declarado culpable, Pérez podría enfrentar una condena que oscila entre 10 años de prisión y cadena perpetua. A pesar de no tener antecedentes penales ni problemas relacionados con el consumo de sustancias, las pruebas en su contra incluyen testimonios, registros de cruces fronterizos y evidencia fotográfica.
