El alcalde de NY autorizó la presencia de ICE en Rikers Island tras encuentro con el “zar de la frontera”

En un cambio significativo en la política migratoria de Nueva York, el alcalde Eric Adams anunció que firmará una orden ejecutiva para permitir la presencia de agentes de Immigration and Customs Enforcement (ICE) en la cárcel de Rikers Island. Según CBS News, la medida busca facilitar la identificación de criminales violentos en la ciudad, en medio de un clima de creciente tensión política y legal.

El anuncio se produjo tras una reunión privada de 90 minutos entre Adams y Tom Homan, funcionario de la administración de Donald Trump y figura clave en la política migratoria del presidente. Homan, conocido como el “zar de la frontera”, ha defendido una aplicación estricta de las leyes de inmigración y había advertido que buscaría la cooperación del alcalde o actuaría por su cuenta para deportar a criminales violentos.

Adams afirmó que la colaboración con ICE se limitará a la recopilación de inteligencia y seguridad pública, sin que ello implique una persecución indiscriminada de inmigrantes. “Debemos enfocarnos en los individuos que ellos están buscando”, señaló el alcalde, al tiempo que recordó que las leyes de ciudad santuario de Nueva York restringen su capacidad para colaborar con deportaciones. No obstante, la decisión ha generado reacciones encontradas dentro del ámbito político local.

La reunión entre Adams y Homan ha sido objeto de críticas por parte de políticos neoyorquinos, quienes cuestionan la relación del alcalde con figuras de la administración de Trump. Según CBS News, el candidato a la alcaldía Scott Stringer acusó a Adams de ceder ante presiones políticas. “Tom Homan vino aquí para darle órdenes al alcalde. Donald Trump lo envió para cobrar una deuda”, declaró Stringer, insinuando que la cooperación de Adams con ICE podría estar relacionada con la resolución de un caso de corrupción en su contra.

El alcalde rechazó estas acusaciones y defendió su decisión como una medida de colaboración con el gobierno federal, independientemente de la administración en turno. “Soy el alcalde de la ciudad más grande de Estados Unidos. Sería irresponsable no hablar con el presidente y su administración”, afirmó Adams, quien recordó que su estrategia de seguridad pública comenzó durante la presidencia de Joe Biden.

Líderes demócratas como Hakeem Jeffries, representante de Brooklyn, han expresado su preocupación por la influencia de la Casa Blanca en las decisiones del alcalde. “La intención de la administración Trump es mantener al alcalde bajo control. Cómo responda a estas presiones determinará mucho sobre su futuro político”, señaló Jeffries. Además, el defensor público de la ciudad, Jumaane Williams, envió una carta a las agencias municipales para ofrecer apoyo a quienes se sientan incómodos con la cooperación entre ICE y la administración de Adams.

En paralelo, la ciudad de Nueva York enfrenta un nuevo desafío financiero luego de que el gobierno federal retirara 80 millones de dólares en fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) destinados a la atención de migrantes. Según CBS News, estos fondos, asignados durante la administración Biden, fueron cuestionados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) debido a presuntos pagos irregulares a hoteles de lujo.

Elon Musk, director del Departamento de Eficiencia Gubernamental de la Casa Blanca, criticó el uso de estos recursos, calificándolo de despilfarro. Las autoridades neoyorquinas negaron que los hoteles utilizados fueran de lujo y aseguraron que la mayoría de los alojamientos están ocupados por familias con niños. Sin embargo, el contralor de la ciudad, Brad Lander, denunció en una conferencia de prensa de emergencia que los fondos ya no estaban disponibles en las cuentas municipales. “El programa federal tiene un límite de 12,50 dólares por noche para hoteles y refugios, y claramente Nueva York pagó mucho más”, explicó Lander.

Ante la situación, la administración de Adams inició una investigación interna y solicitó una reunión de emergencia con FEMA para resolver el problema. Mientras tanto, la ciudad ha comenzado a cerrar refugios para migrantes, con más de una docena programados para clausura este verano, en cumplimiento de las leyes locales que garantizan alojamiento a quienes lo necesiten.

En otro frente legal, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra el estado de Nueva York, cuestionando la Ley de Luz Verde, que permite a inmigrantes indocumentados obtener licencias de conducir. Según CBS News, la fiscal general Pam Bondi argumentó que esta legislación prioriza a “extranjeros ilegales sobre ciudadanos estadounidenses” y anunció que buscará su derogación.

La gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general del estado, Letitia James, defendieron la legalidad de la ley, que ha sido ratificada en varias ocasiones por los tribunales. Hochul afirmó que la normativa permite el acceso a bases de datos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) solo con una orden judicial, calificando la demanda de Bondi como un intento de obtener publicidad. “No vamos a permitir que agentes federales tengan acceso irrestricto a los datos personales de los neoyorquinos”, declaró la gobernadora.

James, por su parte, reiteró su compromiso con la defensa de las leyes estatales y aseguró que la demanda no tiene fundamento legal. “Nuestras leyes protegen los derechos de todos los neoyorquinos y mantienen seguras a nuestras comunidades”, afirmó.

La combinación de decisiones políticas, recortes presupuestarios y litigios coloca a Nueva York en una posición compleja en el manejo de la inmigración. Mientras el alcalde Eric Adams busca equilibrar la cooperación con el gobierno federal y el cumplimiento de las leyes locales, enfrenta críticas tanto de aliados como de opositores.

Según CBS News, la situación en Rikers Island, el financiamiento para migrantes y la Ley de Luz Verde son solo algunos de los desafíos que definirán el futuro político de la ciudad y su relación con Washington.