Óscar Vargas, propietario de una barbería en El Paso, Texas, enfrentó una situación tensa cuando agentes de inmigración ingresaron a su negocio sin una orden judicial. El empresario les solicitó que se retiraran, invocando su derecho a negarles la entrada. “Hola, señor. No autoricé que usted estuviese aquí”, afirmó Vargas en un video captado por las cámaras de seguridad del local.
Los agentes pertenecían a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y al Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS). Según explicó el dueño del establecimiento, llegaron junto con un inspector que visita regularmente la barbería para revisar licencias. Sin embargo, el inspector aclaró que los agentes lo estaban siguiendo y que no eran parte de su operativo.
Vargas notó que los oficiales carecían de una orden de allanamiento y que, aunque la mayoría respetó su derecho a solicitar su salida, uno de ellos se negó a retirarse. “Se lo repetí al agente varias veces, pero él se aferró a quedarse en mi negocio y finalmente no se salió”, relató.
Además, afirmó que los agentes estaban pidiendo documentos de identidad a los clientes y señalaban a quienes, en su criterio, parecían extranjeros.
Impacto en la comunidad y en los negocios
La irrupción de agentes de inmigración en la barbería de Óscar Vargas generó preocupación no solo para el dueño del negocio, sino también para sus clientes. El dueño teme que este tipo de operativos afecte negativamente su comercio, alejando a la clientela por miedo a posibles redadas.
“Estaba un niño aquí, forzando a su papá a tener que acompañarlo. Son cosas que a lo mejor un menor no entiende”, expresó el empresario, resaltando cómo este tipo de situaciones impactan también a los más jóvenes.
La intimidación de los agentes, quienes exigían identificaciones y señalaban a personas que consideraban extranjeras, refuerza el clima de inseguridad para los inmigrantes, documentados o no. Este tipo de incidentes pueden generar que algunos eviten acudir a lugares públicos por temor a ser detenidos, afectando la actividad comercial de la comunidad.
Por otro lado, el Centro Nacional de Leyes de Inmigración señala que los empleados también tienen derecho a exigir una orden de allanamiento a los oficiales de inmigración y, si estos no la presentan, pueden negarles la entrada y remitirlos al empleador. Sin embargo, el desconocimiento de estos derechos por parte de muchos trabajadores y empresarios puede hacer que las autoridades se aprovechen de la situación para realizar inspecciones sin el respaldo legal adecuado.
Aumento de redadas y temor en la comunidad inmigrante
Las redadas y operativos de ICE aumentaron, generando un clima de miedo entre los inmigrantes, sin importar su estatus migratorio. The Wall Street Journal señaló que, en diferentes ciudades del país, la comunidad migrante empezó a modificar su rutina para evitar posibles detenciones. En algunos casos, trabajadores han optado por no presentarse a sus empleos, mientras que familias limitaron sus salidas a lo estrictamente necesario.
El impacto de estas redadas se ha hecho evidente en sectores económicos que dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante. En Newark, Nueva Jersey, la detención de trabajadores en un depósito de mariscos provocó ausencias laborales en negocios cercanos, incluyendo un restaurante cuyo dueño y su esposa tuvieron que operar solos debido a la falta de empleados.
“Oh, my God, es terrible ahora”, dijo Klaytson Braga, propietario de un local de comida rápida. “Legales o ilegales, todos tienen miedo”, agregó para The Wall Street Journal.
La construcción, la agricultura, los servicios de comida y la atención médica han sido algunos de los sectores más afectados. En algunos estados, contratistas han reportado que trabajadores clave han dejado de presentarse a sus empleos por miedo a ser arrestados. En Washington D.C., un contratista afirmó que cuatro de sus cinco empleados habituales han “desaparecido”, lo que le ha obligado a rechazar proyectos. “El estrés ha atrapado a la gente. Nadie quiere salir”, declaró al medio.
El temor también afecta a los negocios que emplean a inmigrantes con documentos en regla. Algunos trabajadores han decidido no ir a trabajar para poder quedarse con sus hijos en caso de que sus parejas sean detenidas. Un adolescente empleado en una taquería de Chicago relató que dejó de trabajar porque debía recoger a sus hermanos menores de la escuela ante la posibilidad de que sus padres fueran arrestados.
La incertidumbre sobre la política migratoria y la posibilidad de detenciones arbitrarias ha llevado a muchos empresarios a buscar asesoría legal para prepararse ante eventuales inspecciones de ICE. Organizaciones gremiales han comenzado a ofrecer entrenamientos sobre derechos laborales y protocolos a seguir en caso de redadas.
Política migratoria y efectos económicos
El impacto económico de estas medidas es significativo. Según un análisis del American Immigration Council, los inmigrantes indocumentados representan el 4.6% de la fuerza laboral de Estados Unidos, con una presencia destacada en sectores como la construcción (14%), la agricultura (13%) y la hospitalidad (7%). Un informe de Standard Chartered Bank estimó que dos tercios del crecimiento del empleo en EE.UU. en 2024 fue impulsado por inmigrantes sin documentos.
Si las redadas continúan reduciendo la mano de obra disponible, algunos expertos advierten que la economía podría enfrentar efectos adversos, como la desaceleración de la construcción y el encarecimiento de productos y servicios.
La Asociación de Contratistas Generales de América recibió reportes de miembros en Florida, Georgia, Texas y Oklahoma que indican dificultades para cubrir puestos de trabajo. Un 80% de los encuestados por la organización mencionó problemas para encontrar trabajadores calificados.
Además, la disminución de la fuerza laboral inmigrante podría generar presión sobre los salarios. Si los empleadores necesitan atraer trabajadores ciudadanos o residentes legales con mejores remuneraciones, el efecto podría ser inflacionario. Esto es particularmente preocupante en un contexto donde el costo de vida sigue en aumento, como lo reflejó el informe del Departamento de Trabajo que mostró un alza inesperada en los precios al consumidor en enero.
El miedo es ahora una constante en muchas familias migrantes, que a menudo incluyen miembros con distintos estatus legales. En Chicago, una empresaria relató cómo un trabajador de su taquería dejó de asistir al trabajo para quedarse en casa y cuidar de sus hermanos menores ante el temor de que sus padres fueran arrestados. En otros casos, familias han reducido sus salidas a lo estrictamente necesario, acumulando provisiones en cada visita al supermercado y limitando interacciones sociales.
