Un grupo de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes en California intensificó sus esfuerzos para contrarrestar posibles redadas masivas por parte de las autoridades de inmigración. Según informó Los Angeles Times, documentos filtrados la semana pasada revelaron que las autoridades planean llevar a cabo operativos antes de que finalice febrero, dirigidos a personas sin estatus legal en el país o con órdenes de deportación pendientes. Este anuncio generó una respuesta inmediata de activistas.
De acuerdo con el medio, una coalición de 60 organizaciones, liderada por el grupo político Unión del Barrio, prometió interrumpir cualquier acción de las autoridades migratorias.
“Si es un apartamento, una iglesia o cualquier edificio, llamaremos a la gente para rodear el lugar y detenerlos”, declaró Ron Gochez, portavoz de la organización.
La coalición, que se hace llamar “Coalición de Autodefensa Comunitaria”, anunció sus planes en una conferencia de prensa frente a las oficinas federales de inmigración en el centro de Los Ángeles. Entre sus estrategias, planean patrullar vecindarios, utilizar megáfonos para alertar a la comunidad y distribuir información sobre los vehículos no identificados utilizados por los agentes.
Un contexto de políticas migratorias más estrictas
El endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración de Donald Trump ha sido un factor clave en la creciente preocupación de los defensores de los derechos de los inmigrantes. Según detalló Los Angeles Times, el gobierno prometió implementar deportaciones masivas, reforzar la presencia militar en la frontera sur y, en casos extremos, utilizar instalaciones como la de Guantánamo para detener a inmigrantes. Sin embargo, hasta ahora no se han llevado a cabo operativos de gran escala en California, el estado con la mayor población inmigrante del país.
Las cifras más recientes publicadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) muestran que, durante la última semana de enero, se realizaron más de 900 arrestos diarios en todo el país. En contraste, durante el último año de la administración de Joe Biden, el promedio semanal fue de aproximadamente 350 arrestos.
Además, el Departamento de Seguridad Nacional informó que en la primera semana de la nueva administración se deportaron 7.300 personas, lo que proyectaría un total anual de 350.000 deportaciones, una cifra superior a la de Biden, pero aún por debajo de los picos alcanzados durante el gobierno de Barack Obama.
Preparativos comunitarios para enfrentar las redadas
La Unión del Barrio y sus aliados no están esperando a que las redadas comiencen para actuar. Según el medio, grupos como la Asociación de Educadores de La Raza de Los Ángeles, la Coalición Stop LAPD Spying y el Gremio Nacional de Abogados-LA han comenzado a organizar patrullas en comunidades inmigrantes del sur de California.
Estas patrullas buscan identificar la presencia de agentes federales, seguirlos y alertar a los residentes mediante megáfonos y volantes. “Estamos haciendo patrullas comunitarias antes y después de la escuela en los vecindarios”, explicó Lupe Carrasco Cardona, miembro de la Asociación de Educadores de La Raza. Además, están trabajando con estudiantes y padres para crear redes telefónicas que permitan compartir información sobre derechos y estrategias de defensa.
Carrasco Cardona destacó que el miedo entre los jóvenes es palpable. “Los estudiantes nos han pedido ayuda porque temen llegar a casa y no encontrar a sus padres”, señaló.
Redes de respuesta rápida y desafíos legales
Otra iniciativa destacada es la Red de Respuesta Rápida de Los Ángeles (LARRN), que agrupa a más de dos docenas de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, laborales y religiosas. Según Los Angeles Times, esta red ha establecido una línea telefónica para reportar actividades de ICE y conectar a las personas afectadas con asistencia legal.
Sin embargo, los organizadores han advertido sobre la proliferación de información errónea en redes sociales, muchas veces generada por contenido automatizado o desactualizado. “Sabemos que muchas personas en nuestra comunidad están nerviosas y entendemos que publican contenido con buenas intenciones, pero debemos verificar la información”, explicó Pedro Trujillo, director organizativo de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes.
