Florida se convierte en el segundo estado en firmar acuerdo de aplicación de la ley migratoria bajo liderazgo de DeSantis

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que otorga a la Policía de Carreteras de Florida (FHP) facultades ampliadas para colaborar en la aplicación de leyes migratorias federales. Florida se convierte así en uno de los primeros estados en integrar completamente a sus fuerzas estatales en operaciones de control migratorio interior, junto con Texas.

El acuerdo permite a los patrulleros de la FHP, tras recibir capacitación de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), realizar funciones que antes estaban reservadas exclusivamente a agentes federales. Esto incluye interrogar a personas sospechosas de estar en el país sin autorización, detenerlas y coordinar su procesamiento para deportación. DeSantis señaló que esta medida busca acelerar el proceso de deportación y fortalecer la seguridad interior del estado.

Esta decisión surge en un contexto de tensiones políticas sobre la gestión migratoria en Estados Unidos, donde el gobierno federal y los estados buscan redefinir sus roles en la aplicación de la ley. El gobernador DeSantis ha subrayado que este acuerdo es clave para apoyar la promesa del presidente Donald Trump de implementar el mayor programa de deportaciones masivas en la historia del país.

Según DeSantis, el acuerdo se enmarca en el programa 287(g) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que permite delegar funciones específicas de oficiales de inmigración a agentes estatales y locales, bajo supervisión federal. Los patrulleros de la FHP recibirán capacitación por parte de ICE para llevar a cabo tareas como interrogar a personas sospechosas de estar en el país sin autorización, detenerlas y coordinar su procesamiento para deportación.

Además de la FHP, el acuerdo abre la posibilidad de que oficiales de otras agencias estatales puedan recibir entrenamiento especializado para desempeñar funciones similares en el futuro. Esta medida busca aumentar la cobertura y eficacia de los operativos de control migratorio en todo el territorio de Florida.

“Este es el momento decisivo para poner fin a la crisis de inmigración ilegal en este país”, declaró DeSantis durante una conferencia de prensa en el Capitolio estatal. Añadió que esta colaboración es fundamental para facilitar la implementación del programa de deportaciones masivas prometido por el presidente Donald Trump durante su campaña.

El gobernador también subrayó que la medida tiene como objetivo disuadir la inmigración irregular al enviar un mensaje claro sobre el endurecimiento de las políticas migratorias en Florida. Según DeSantis, la presencia activa de fuerzas estatales en el control migratorio interior contribuirá a reducir la carga de trabajo de las autoridades federales, permitiendo una respuesta más rápida y efectiva.

El acuerdo también contempla la posibilidad de que otras agencias estatales, como el Departamento de Seguridad Pública de Florida (FLHSMV) y la Guardia Nacional del estado, participen en operativos migratorios si se considera necesario. No obstante, la decisión final sobre detenciones y deportaciones seguirá recayendo en ICE.

Asimismo, DeSantis mencionó que podría evaluarse la inclusión de otras agencias, como el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE), en funciones de apoyo logístico y operativo. Esto permitiría una mayor coordinación entre las distintas entidades estatales y federales en la ejecución de políticas migratorias.

El director del FLHSMV, Dave Kerner, calificó el convenio como un “multiplicador de fuerza” para la seguridad del estado. “Este acuerdo marcará un punto de inflexión en nuestra lucha por defender a Florida y a nuestra nación”, afirmó.

A pesar del anuncio, DeSantis enfrenta desacuerdos con líderes legislativos estatales sobre nuevas leyes para reforzar el control migratorio. Aunque convocó a una sesión especial para ampliar las facultades de las agencias estatales, las propuestas legislativas actuales difieren de sus objetivos, lo que podría requerir nuevas negociaciones en las próximas semanas.

Los críticos del acuerdo argumentan que la medida podría dar lugar a prácticas de perfilamiento racial y violaciones de derechos civiles. Organizaciones de derechos humanos y grupos defensores de inmigrantes han manifestado su preocupación por el impacto que esta política podría tener en las comunidades vulnerables, especialmente en aquellas con alta concentración de población migrante.

Por su parte, legisladores demócratas han expresado su oposición al acuerdo, señalando que podría generar un clima de miedo e inseguridad entre los inmigrantes, lo que dificultaría su disposición a colaborar con las autoridades en casos de emergencia o investigaciones criminales.

Expertos legales han señalado que el acuerdo podría enfrentar desafíos judiciales, especialmente en lo que respecta a la separación de poderes entre el gobierno federal y los estados. Aunque el programa 287(g) ha sido validado en el pasado, su aplicación extensiva en Florida podría dar lugar a litigios sobre posibles abusos de autoridad o interpretaciones excesivas de las competencias estatales.

También se plantea la cuestión de cómo se garantizará el respeto a los derechos constitucionales de las personas detenidas, incluyendo el debido proceso y la protección contra detenciones arbitrarias. Las autoridades estatales han asegurado que los oficiales recibirán capacitación adecuada para evitar posibles violaciones de derechos, pero los críticos mantienen su preocupación sobre la implementación efectiva de estas salvaguardias.

Florida se suma a Texas como uno de los primeros estados en adoptar medidas de este tipo bajo la administración de Trump. Se espera que otros estados gobernados por líderes republicanos consideren acuerdos similares en el futuro, lo que podría redefinir el panorama de la política migratoria en Estados Unidos.

El impacto de este acuerdo podría extenderse más allá de las fronteras de Florida, influyendo en el debate nacional sobre el papel de los estados en la aplicación de leyes migratorias. A medida que avancen las negociaciones legislativas y se implementen las nuevas políticas, será crucial observar cómo evolucionan tanto las respuestas políticas como las legales a nivel estatal y federal.