Redadas contra migrantes ilegales en EEUU: cómo es el tratamiento hacia los menores de edad

El aumento de las redadas de inmigración en Estados Unidos ha puesto el foco en el tratamiento que reciben los menores migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La complejidad de los procedimientos legales y las condiciones en las que estos menores son retenidos han generado debates tanto a nivel nacional como internacional.

Estos menores, ya sea que viajen solos o acompañados por sus familias, enfrentan procesos distintos dependiendo de su situación al momento de la detención. Mientras algunos son transferidos a la custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), otros permanecen junto a sus familias en centros de detención designados por ICE. En ambos casos, existen protocolos establecidos que regulan su manejo y protección.

Las directrices actuales buscan garantizar el bienestar de los menores, aunque han sido objeto de críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos. Las normativas vigentes establecen tiempos máximos de detención, procedimientos para la reunificación familiar y acceso a servicios básicos, en un esfuerzo por equilibrar la aplicación de la ley con la protección de los derechos fundamentales.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) cuenta con procedimientos específicos para el manejo de menores migrantes detenidos durante sus operativos. Según la Directiva 11064.3 de ICE, titulada “Intereses de los Padres y Tutores Legales No Ciudadanos de Menores o Adultos Incapacitados”, la agencia está obligada a garantizar que los padres o tutores legales detenidos puedan mantener contacto con sus hijos menores o adultos incapacitados, coordinar su cuidado y participar en procedimientos judiciales relacionados con su bienestar.

Esta directiva establece que ICE debe identificar si los no ciudadanos detenidos son padres o tutores legales al momento de su arresto. En caso afirmativo, la agencia está obligada a considerar esta condición en todas las decisiones relacionadas con su detención, traslado y deportación. También debe coordinar con las autoridades estatales y locales para facilitar la comunicación entre los padres detenidos y los servicios de bienestar infantil.

Cuando se trata de menores no acompañados, la responsabilidad de su custodia recae en la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), que forma parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés). Según información oficial del HHS, los menores no acompañados deben ser transferidos a la custodia de la ORR en un plazo máximo de 72 horas tras su detención por parte de las autoridades de inmigración.

La ORR administra una red de albergues temporales en todo el país, donde los menores reciben alojamiento, atención médica, apoyo psicológico y acceso a la educación mientras se resuelve su situación migratoria. Según el HHS, el objetivo es garantizar el bienestar de los menores durante su permanencia en estos centros, así como facilitar su reunión con familiares o tutores legales en Estados Unidos siempre que sea posible.

El proceso legal para estos menores comienza una vez que están bajo la custodia de la ORR. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), los menores no acompañados pueden solicitar asilo o alguna otra forma de protección humanitaria si cumplen con los requisitos establecidos por la ley de inmigración. Estos casos suelen ser revisados por jueces de inmigración del Departamento de Justicia, quienes determinan si el menor puede permanecer en el país o debe ser deportado.

En el caso de los menores que son detenidos junto a sus familias, ICE aplica la llamada “política de detención familiar”. Esta política permite que los niños permanezcan con sus padres o tutores legales en centros de detención familiar designados. Según ICE, estos centros están diseñados para ofrecer condiciones más adecuadas para las familias, incluyendo servicios educativos y de salud.

Sin embargo, la detención de menores, ya sea acompañados o no, ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que señalan los posibles efectos negativos en la salud mental y emocional de los niños. A pesar de estas preocupaciones, ICE sostiene que cumple con los estándares nacionales e internacionales para la protección de los derechos de los menores en situación migratoria.

Además, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) supervisa las operaciones de ICE y la ORR para garantizar que se cumplan los protocolos establecidos. El DHS cuenta con la Oficina de Derechos y Libertades Civiles, que se encarga de monitorear el trato a los menores detenidos y de recibir denuncias sobre posibles violaciones a sus derechos.

En cuanto al proceso de deportación, los menores no acompañados no pueden ser deportados de inmediato. Según el HHS, deben pasar por un proceso legal que les permita presentar su caso ante un juez de inmigración. Durante este tiempo, pueden contar con representación legal, aunque no siempre se les asigna un abogado de oficio, ya que el sistema de inmigración de Estados Unidos no garantiza este derecho de manera automática.

Para los menores que no logran obtener algún tipo de protección legal, ICE coordina su repatriación a sus países de origen en colaboración con las autoridades consulares correspondientes. Según ICE, este proceso se realiza respetando los derechos del menor y asegurando su integración en su país de origen, en la medida de lo posible.