22 estados demandan a Nueva York por considerar ilegal su fondo ambiental

Un total de 22 estados de Estados Unidos presentaron una demanda contra el estado de Nueva York, argumentando que una nueva ley que obliga a un grupo de grandes productores de energía a aportar 75.000 millones de dólares a un fondo para cubrir daños por el cambio climático es inconstitucional.

La ley, conocida como Climate Change Superfund Act, exige a las principales compañías de combustibles fósiles realizar pagos durante los próximos 25 años, calculados en función de sus emisiones de gases de efecto invernadero entre 2000 y 2018. Esta medida busca responsabilizar a las empresas por los impactos ambientales vinculados a su actividad en el pasado.

Sin embargo, la iniciativa ha generado una fuerte oposición de varios estados liderados por Virginia Occidental, que consideran que esta legislación representa una extralimitación del poder estatal y podría sentar un precedente para la imposición de políticas similares en otras jurisdicciones. La demanda fue presentada en Albany e incluye como demandados a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y a otros funcionarios estatales.

La coalición de estados, encabezada por el fiscal general de Virginia Occidental, JB McCuskey, sostiene que la ley de Nueva York impone una carga financiera injusta a un grupo reducido de empresas de energía. “Esta demanda busca evitar que estas políticas equivocadas conduzcan a Estados Unidos hacia una crisis energética, permitiendo que China, India y Rusia superen nuestra independencia energética”, declaró McCuskey en un comunicado.

La demanda argumenta que la ley intenta responsabilizar a las compañías por emisiones globales de gases de efecto invernadero, sin considerar que el carbón, el petróleo y el gas natural han sido fundamentales para el desarrollo económico de Nueva York en el pasado. Además, los estados demandantes sostienen que la medida podría tener repercusiones económicas negativas al encarecer la energía y afectar a los consumidores.

Los críticos de la ley también señalan que imponer responsabilidades financieras retroactivas a las compañías de combustibles fósiles podría generar incertidumbre jurídica para otras industrias. Según McCuskey, esto podría disuadir inversiones en el sector energético, afectando la creación de empleos y la competitividad del país en el mercado global.

El Climate Change Superfund Act obliga a las grandes compañías de combustibles fósiles a contribuir con 75.000 millones de dólares en un fondo destinado a cubrir los costos de los daños provocados por el cambio climático. Los pagos se distribuirán durante 25 años y se basarán en las emisiones históricas de cada empresa entre 2000 y 2018.

El fondo está diseñado para financiar proyectos de mitigación del cambio climático e infraestructura resiliente, como la mejora de sistemas de alcantarillado, la construcción de defensas costeras contra inundaciones y la modernización de redes eléctricas para soportar fenómenos meteorológicos extremos.

Según la oficina de la gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, esta legislación es un paso crucial para hacer frente a la crisis climática y responsabilizar a las grandes petroleras. “Esperamos defender esta legislación histórica en los tribunales y vencer nuevamente a las grandes petroleras”, afirmó su portavoz, Paul DeMichele.

Los defensores de la ley argumentan que es un avance necesario para enfrentar los costos crecientes del cambio climático, que incluyen desastres naturales más frecuentes e intensos, como huracanes, incendios forestales e inundaciones. Además, sostienen que los fondos recaudados permitirán a Nueva York adaptarse a estos desafíos sin depender exclusivamente de los contribuyentes.

Por otro lado, los opositores consideran que la ley establece un precedente peligroso al responsabilizar a las empresas por actividades pasadas que eran legales en su momento. Alegan que esto podría abrir la puerta a litigios similares en otros estados, lo que afectaría la estabilidad del sector energético y otros sectores industriales.

Además de Virginia Occidental, los estados que se han unido a la demanda son Alabama, Arkansas, Georgia, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming.

Estos estados argumentan que la ley busca que los productores y consumidores de energía de todo el país subsidien proyectos de infraestructura en Nueva York, como un nuevo sistema de alcantarillado en la ciudad de Nueva York. Consideran que esta medida podría desencadenar un caos legal si otros estados adoptan políticas similares.

El resultado de esta demanda podría tener implicaciones significativas para la política climática en Estados Unidos. Si la ley de Nueva York es declarada inconstitucional, podría disuadir a otros estados de implementar medidas similares para responsabilizar a las compañías de combustibles fósiles por los daños ambientales. Por el contrario, si el tribunal falla a favor de Nueva York, podría alentar a otros estados a adoptar políticas más agresivas para enfrentar el cambio climático.

Además, el caso podría influir en el debate nacional sobre la responsabilidad de las empresas en la crisis climática y la necesidad de una legislación federal que aborde estos desafíos de manera uniforme. En este contexto, la demanda contra Nueva York se presenta como un caso emblemático que podría definir el rumbo de la acción climática en el país durante los próximos años.