Personas afectadas por una filtración de datos pueden recibir hasta USD 6,000 en compensación: conoce si calificas

La empresa de corretaje de seguros Arthur J. Gallagher & Co. ha acordado pagar un total de $21 millones para resolver una demanda colectiva relacionada con una filtración de datos ocurrida entre junio y septiembre de 2020, según informó el sitio especializado Open Class Actions (2025). La violación comprometió información personal de empleados y clientes, incluyendo números de Seguro Social, licencias de conducir, datos financieros y registros médicos.

El incidente de seguridad afectó a miles de personas y generó preocupación sobre la protección de información en el sector de seguros. Esta brecha de datos expuso información confidencial que podría ser utilizada para fraudes financieros, robos de identidad y otros delitos. Como resultado, los afectados han buscado vías legales para obtener compensación por los daños sufridos.

Según documentos judiciales citados por Open Class Actions (2025), aunque la compañía no admitió responsabilidad, accedió a este acuerdo para poner fin a las reclamaciones presentadas en su contra. El acuerdo establece que las personas afectadas podrán solicitar compensaciones de hasta USD 6,000 si demuestran que sufrieron pérdidas económicas derivadas de la filtración, como fraude o robo de identidad.

De acuerdo con la notificación oficial del acuerdo, citada por CBS News (2025), las personas elegibles para presentar un reclamo son aquellas que recibieron una comunicación directa de Arthur J. Gallagher & Co. o de su subsidiaria Gallagher Bassett Services Inc., informándoles que su información podría haber sido comprometida. Además, las personas que no hayan experimentado pérdidas económicas directas podrán acceder a tres años de monitoreo de cuentas financieras o, en su defecto, recibir una compensación proporcional del fondo de liquidación.

Este acuerdo forma parte de una tendencia más amplia en la que las víctimas de filtraciones de datos buscan activamente compensaciones económicas. Según datos del Identity Theft Resource Center (ITRC, 2024), el 40% de las filtraciones de datos en los últimos cinco años han resultado en demandas colectivas, con acuerdos millonarios para las víctimas. Esto refleja el creciente escrutinio regulatorio sobre la seguridad de la información personal en el sector financiero y corporativo.

La fecha límite para presentar una solicitud de compensación es el 10 de febrero de 2025, según el aviso legal publicado por Open Class Actions (2025). Posteriormente, la audiencia final para la aprobación del acuerdo está programada para el 27 de febrero de 2025. En esa fecha, el tribunal evaluará la validez de las reclamaciones y determinará la distribución de los fondos entre los afectados.

Para presentar una reclamación, los afectados deben completar un formulario oficial y adjuntar documentación que respalde su elegibilidad. Según el portal oficial del acuerdo, los documentos requeridos pueden incluir copias de informes de fraude, estados de cuenta bancarios con transacciones no autorizadas y correspondencia con agencias de crédito sobre disputas relacionadas con la filtración.

La filtración de datos de Arthur J. Gallagher & Co. se suma a una serie de incidentes similares en la industria financiera y de seguros en los últimos años. De acuerdo con un informe de la Comisión Federal de Comercio (FTC, 2024), el robo de identidad y el fraude financiero han aumentado de manera significativa en Estados Unidos, con más de 1.1 millones de reportes en 2023 relacionados con el uso indebido de información personal.

Las instituciones financieras han intensificado sus esfuerzos para mitigar el impacto de estas filtraciones. Según el informe de la FTC, bancos y aseguradoras han adoptado nuevas tecnologías de cifrado y verificación de identidad para reforzar la seguridad de los datos de sus clientes. No obstante, los expertos advierten que estas medidas no eliminan por completo el riesgo de exposición de información sensible.

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, 2024) recomienda que las personas afectadas por una filtración de datos monitoreen regularmente sus cuentas bancarias, utilicen servicios de protección contra el robo de identidad y consideren la posibilidad de congelar sus créditos en las agencias de información crediticia para prevenir fraudes.

Adicionalmente, la Agencia de Seguridad en Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos (CISA, 2024) enfatiza la importancia de cambiar contraseñas con frecuencia y habilitar la autenticación multifactor en todas las cuentas sensibles. Estas medidas pueden reducir significativamente el riesgo de que los ciberdelincuentes accedan a información personal comprometida en una filtración de datos.

El acuerdo de Arthur J. Gallagher & Co. refleja una tendencia en la que las empresas afectadas por filtraciones de datos han optado por resolver litigios a través de acuerdos financieros sin admitir responsabilidad. En 2023, la empresa de tecnología T-Mobile llegó a un acuerdo de USD 350 millones tras una demanda colectiva por una filtración que afectó a millones de clientes, según reportó Associated Press.

Además, en 2022, Equifax llegó a un acuerdo de USD 700 millones con la Comisión Federal de Comercio tras una filtración que comprometió información de más de 147 millones de personas. Según la FTC, este caso representó una de las mayores sanciones impuestas a una empresa por una vulneración de datos, estableciendo un precedente para futuros litigios similares.

Los afectados por la filtración de Arthur J. Gallagher & Co. pueden presentar su reclamo a través del sitio web oficial de la demanda colectiva, según informó Open Class Actions. Es fundamental que los solicitantes presenten la documentación requerida para demostrar su elegibilidad y evitar reclamaciones fraudulentas, lo que podría afectar la distribución de los fondos y resultar en sanciones legales.

Los expertos en seguridad digital recomiendan verificar la autenticidad de cualquier correo electrónico o carta relacionada con el acuerdo antes de compartir información personal. La FTC advierte que los ciberdelincuentes suelen aprovechar estos casos para enviar comunicaciones falsas que buscan engañar a las víctimas con solicitudes fraudulentas de información.