ICE utilizará una base militar en Colorado como centro de detención para migrantes tras redadas

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha aprobado el uso de Buckley Space Force Base, en Aurora, Colorado, como un centro temporal de detención de inmigrantes bajo la administración de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La medida forma parte de una estrategia más amplia de la actual administración para reforzar la aplicación de las leyes migratorias en distintas partes del país, incluyendo operativos intensificados en la zona metropolitana de Denver.

La decisión, confirmada por un portavoz del Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM), responde a una solicitud del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y se enmarca en el aumento de arrestos de inmigrantes con antecedentes penales u órdenes de deportación. No obstante, la orden también ha generado cuestionamientos sobre el uso de instalaciones militares para operaciones migratorias y sus posibles implicaciones legales y humanitarias, reportó Reuters.

El Comando Norte de EE.UU. informó que, desde el 27 de enero de 2025, ICE puede utilizar instalaciones dentro de Buckley Space Force Base para la recepción, retención y procesamiento de inmigrantes en situación irregular. Según un comunicado oficial, no habrá personal militar involucrado en la operación, que será administrada exclusivamente por agentes de ICE, miembros de DHS y otras agencias federales de seguridad, informó CBS News.

Las instalaciones habilitadas dentro de la base incluirán un centro de operaciones temporal, una zona de preparación y un espacio de detención temporal. De acuerdo con Reuters, hasta el momento, ICE no ha especificado la cantidad de personas que serán retenidas en la base ni la duración de la medida.

La decisión de utilizar Buckley Space Force Base coincide con una intensificación de los operativos de ICE en la región de Colorado, una de las áreas seleccionadas para una nueva fase de arrestos dirigidos a inmigrantes con antecedentes penales o con órdenes de deportación.

Según dos funcionarios estadounidenses citados por CBS News, la administración actual ha dirigido redadas similares en ciudades como Nueva York y Chicago, conocidas por ser ciudades santuario, en un esfuerzo por incrementar la aplicación de las leyes de inmigración. Reuters reporta que, desde el inicio de estas operaciones, los arrestos diarios han aumentado a un promedio de entre 1.000 y 1.200, en comparación con los 311 detenidos por día en 2024.

Uno de los aspectos que aún genera incertidumbre es el destino de ciertos inmigrantes detenidos, especialmente aquellos con presuntos vínculos con el Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano.

La ciudad de Aurora, Colorado, ha sido mencionada en discursos oficiales como un lugar donde se sospecha la presencia de miembros de esta banda. Dado que Venezuela no acepta deportaciones desde Estados Unidos, la administración ha considerado un acuerdo con El Salvador para enviar allí a los presuntos integrantes de la organización delictiva, informó CBS News. Recientemente, un operativo desmanteló un club nocturno clandestino en el que se detuvo a casi 50 presuntos miembros del Tren de Aragua en Colorado.

El uso de instalaciones militares para operaciones migratorias no es un fenómeno nuevo, pero en este caso se inscribe dentro de una política más amplia que ha expandido el rol del Ejército en el control migratorio.

A través de una declaración de emergencia en la frontera sur, la administración actual ha desplegado más de 1.600 soldados en la zona limítrofe con México para la instalación de barreras y asistencia a la Patrulla Fronteriza. Además, se han utilizado aviones militares para deportaciones, con vuelos recientes hacia Ecuador y Guatemala.

Un memorando interno de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), obtenido por diversos medios, indica que la administración ha considerado enviar hasta 10.000 soldados a la frontera y ampliar el uso de bases militares para detención de inmigrantes.

Las recientes medidas han provocado reacciones divididas. Mientras algunos sectores respaldan el endurecimiento de las políticas migratorias como una estrategia de seguridad nacional, diversos grupos de derechos humanos y defensores de los inmigrantes han expresado preocupación sobre la separación de familias, el impacto en comunidades locales y posibles violaciones al debido proceso.

Además, el uso de bases militares para operaciones civiles ha sido objeto de debate, ya que la legislación federal generalmente prohíbe el uso del ejército en funciones de aplicación de la ley dentro del territorio estadounidense. De acuerdo con Reuters, esta restricción, establecida en la Ley Posse Comitatus de 1878, ha sido un punto clave en las discusiones sobre la legalidad de algunas acciones recientes.