La Administración de Donald Trump se vio obligada a retirar la orden que suspendía subvenciones y préstamos federales, aunque ratificó que su iniciativa sigue vigente pese a esta situación.
Durante una rueda de prensa, este miércoles, la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, confirmó que el Ejecutivo había definido “una rescisión del memorando” con el objetivo de “acabar con la confusión creada por la orden judicial” de la jueza Loren AliKhan, que aplazó su aplicación hasta el 3 de febrero por una demanda de la ONG Democracy Forward.
La anulación, sin embargo, no da cuenta de una marcha atrás por parte del Gobierno sino que, por el contrario, aclaró Leavitt, “las órdenes ejecutivas del Presidente sobre financiación federal siguen en pleno vigor y efecto, y se implementarán de forma rigurosa”.
Trump, por su parte, aseguró en las últimas horas que la medida no afectaba a los estadounidenses que dependen de prestaciones sociales sino que “simplemente estamos examinando partes de la gran burocracia donde ha habido un tremendo despilfarro, fraude y abuso”.
A última hora del lunes, Trump instruyó a los departamentos y agencias federales a congelar algunos gastos de asistencia para poder revisar y confirmar que se encuentren en línea con las prioridades y las primeras medidas tomadas por la Administración.
En su mayoría, se trataba de gastos vinculados a ayudas por parte del Estado y desembolsos de miles de millones de dólares en fondos para gobiernos locales y entidades educativas, por lo que se requería un “análisis completo y exhaustivo” de ellos.
“El uso de recursos federales para avanzar en políticas de ingeniería social de equidad marxista, transgénero y del nuevo pacto verde es un desperdicio de dólares de los contribuyentes que no mejora la vida cotidiana de aquellos a quienes servimos”, argumentaba el memorando suscrito por Matthew Vaeth, director interino de la Oficina de Administración y Presupuesto.
Si bien desde el Gobierno aclararon que la medida no alcanzaría a la Seguridad Social, al programa de salud Medicare o a la asistencia concedida a individuos concretos, el anuncio generó gran polémica en la sociedad estadounidense, que temía verse afectada al final de todo.
Es por ello que la ONG Democracy Forward presentó una demanda colectiva ante los tribunales del Distrito de Columbia, gracias a la cual se consiguió que la medida quedara en pausa y no comenzara a regir como estaba previsto, este martes por la tarde, y finalmente fuera anulada horas más tarde.
La semana pasada el Gobierno de Trump ya había conseguido exitosamente congelar por 90 días el desembolso de asistencias internacionales -tanto vigentes como futuras- en tanto se evaluaba su sintonía con los objetivos de la nueva agenda de Washington.
“La industria de la ayuda exterior y la burocracia no están alineadas con los intereses estadounidenses y en muchos casos son antiéticas a los valores estadounidenses” y “sirven para desestabilizar la paz mundial al promover ideas en países extranjeros que son directamente inversas a las relaciones armoniosas y estables internas y entre países”, consideró Trump en la orden firmada entonces, a la par que su secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que “cada política que perseguimos debe justificarse con la respuesta a tres preguntas simples: ¿Hace que Estados Unidos sea más seguro? ¿Hace que Estados Unidos sea más fuerte? ¿Hace que Estados Unidos sea más próspero?”.
(Con información de AFP y Europa Press)
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